“El peor año agrario del siglo”: pequeños agricultores y ganaderos andaluces cierran un 2023 marcado por la sequía

El 2023 ha sido “el peor año agrario del siglo por el comportamiento anómalo de las temperaturas, la pertinaz sequía y el incremento de los costes de producción”. En este titular se resume el balance que ha compartido la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) este miércoles, en la recta final del año más “desastroso” que se recuerda en el campo andaluz.

365 días en los que los profesionales del sector en Andalucía han sufrido “en primera persona” los estragos de la crisis climática que embiste al país, y que se manifiesta en la sequía más larga desde 1961, de acuerdo con el último análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La escasez hídrica es, de hecho, el “principal factor” al que alude este “balance negativo” esgrimido por el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, junto a otros miembros de la Comisión Ejecutiva que lo han acompañado durante la rueda de prensa.

A la lista de “adversidades” que siguen padeciendo agricultores y ganaderos se suma de nuevo la “espiral inflacionista” que se inició hace dos años como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, así como la “drástica” disminución de las dotaciones de riego (“que han condicionado enormemente los cultivos”), y los “altos costes de producción”, que han experimentado una subida “sin precedentes, haciendo ”inviables“ cuantiosas explotaciones, sobre todo ganaderas, como precisan desde UPA.

Balance por sectores

De esta forma, Cristóbal Cano ha explicado que la campaña del 2023 ha estado marcada por el problema “estructural” de la sequía, causa raíz del “considerable descenso en la producción generalizada en toda Andalucía” con el que se ha saldado este ejercicio. Por sectores, uno de los protagonistas del año ha sido el aceite de oliva, que ha registrado niveles de producción “inéditos” por lo bajo, con un total de 579.675 toneladas –casi la mitad que en 2022– al encadenar “dos malas cosechas”. Si bien esta merma ha redundado en que se hayan disparado los precios, la UPA concluye que “la comercialización ha sido buena”, toda vez que se ha vendido más aceite del que se ha producido.

Aun así, la rentabilidad del sector olivarero ha sido “excepcionalmente baja”, en la medida en que los beneficios de las ventas apenas se han visto reflejados en la renta de los agricultores, a tenor de los elevados costes de producción a los que han tenido que hacer frente en sus explotaciones. De modo que el secretario general de la UPA Andalucía avanza que, por el momento, se va a mantener la tendencia al alza en los precios.

La triada que explica este año “desastroso” –sequía, altas temperaturas e incremento de los costes– se ha dejado notar también en sectores como el del arroz (que prácticamente ha desaparecido este año de la campaña con una disminución de la siembra de hasta el 96%), el algodón (afectado por el recorte en la dotación de agua para el cultivo), la vid (que acumula su cuarto año con rendimientos por debajo de la media histórica), la uva pasa (ha visto su producción reducida al 50% respecto al año anterior) o las subtropicales (la cosecha del mango se ha reducido en un 85% y la del aguacate ha bajado en un 60%).

Sin embargo, esta organización agraria señala a los frutos secos como el ejemplo “paradigmático” de la incertidumbre que ha reinado durante el “peor año agrario”. En este caso, además de haber alcanzado el 30% de una campaña convencional, se ha producido “una importante caída en los precios en origen para los agricultores”, por debajo de los costes de producción, tal y como explica la entidad que representa a pequeños y medianos profesionales agrarios. Además, el ejemplo de los frutos secos les ha servido para denunciar “la entrada de producto de países terceros” y exigir así una defensa de las producciones autóctonas frente a las importaciones.

En cualquier caso, de todos los sectores, UPA Andalucía señala al de la ganadería como el más castigado por las inclemencias que han arreciado la crisis del campo en 2023. A este respecto, Cristóbal Cano ha explicado que el principal problema de los ganaderos “continúa siendo la falta de rentabilidad de las explotaciones” ya que, de forma generalizada, “los ganaderos perciben unos precios muy bajos por sus producciones, que unido al importante incremento de los costes –especialmente el pienso–, hace que las pérdidas económicas sean cuantiosas y hayan supuesto el cierre de un número importante de explotaciones”.

Hitos del año agrario

En su particular resumen del año agrario, UPA Andalucía ha incorporado también los hitos más relevantes para el sector en 2023. Entre ellos, han mencionado el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central respecto a Doñana. Pacto que suscribe buena parte de las propuestas planteadas por esta organización agraria, según ha señalado su secretario general, que ha puesto en valor el parque nacional como “joya medioambiental” que demandaba un “equilibrio” entre la actividad agrícola y su propia protección ambiental, así como la necesidad de “reconocer que había un problema y definir la magnitud del mismo”, estableciendo un censo de parcelas afectadas.

Igualmente, han mencionado en su balance anual los paquetes de ayudas directas otorgadas a agricultores y ganaderos por parte del Ejecutivo estatal (contando con un presupuesto de 712,7 millones de euros y otros 300 millones destinados a compensar la subida de los fertilizantes) y también el autonómico (con 10 millones de euros), en respuesta a la acuciante falta de agua y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas adversas.

De otro lado, han dedicado una mención crítica al Plan Hidrológico del Guadalquivir publicado en febrero, manifestando su disconformidad con un texto que “en la práctica permitirá sustituir cultivos como el algodón, con mayores necesidades hídricas, por otros superintensivos de olivar, almendro o pinchado, agraviando las desigualdades existentes entre los regantes”. A este respecto, Cristóbal Cano ha defendido que la dotación de nuevos recursos han de venir “aparejados a una distribución del agua con criterios de justicia social”.

Por último, UPA Andalucía ha trasladado su valoración del primer año de aplicación de la PAC, mostrándose “moderadamente satisfechos” ante una política que brinda herramientas con las que poder gestionar “un reparto más justo y social de las ayudas”, en palabras del secretario general de la entidad, quien ha apostillado que todavía hay que “seguir avanzando” en este campo.

Propósitos para salvar al sector en 2024

Tras esbozar este balance, el representante de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos andaluces se ha dirigido a las administraciones públicas para pedirles una “mayor protección del sector primario para el próximo año 2024”, a fin de “garantizar su supervivencia”. Pues desde UPA Andalucía se recuerda que “el sector agrario es estratégico e indispensable tanto para la recuperación de Andalucía y de nuestro país, como para garantizar nuestra propia soberanía alimentaria”, teniendo en cuenta que la actividad agraria y ganadera representan el 25% del PIB andaluz y casi el 10% del valor añadido bruto y del empleo en la comunidad, de acuerdo con cifras de la Junta.

En este punto, Cristóbal Cano ha abogado por continuar mejorando conforme a las líneas que marcan el trabajo de la organización. Así pues, en su lista de propósitos para el próximo año, UPA Andalucía contempla “seguir incidiendo en la nueva PAC para que sea más justa y más social”, lograr que salga adelante la ya anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez Ley de Agricultura y Ganadería Familiar –“reivindicación histórica de la UPA” que el sector espera “como agua de mayo”– y que se lleve a cabo “la correcta aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria” en aras de asegurar “precios justos por nuestras producciones”, entre otros deseos que los pequeños y medianos profesionales del sector agrario andaluz entienden han de ser “los principales retos que las administraciones públicas deben encarar este 2024”.