La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
Contra las violencias de género institucionales, derechos sociales feministas
Alba Oseguera Gutiérrez
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Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
El 25 de noviembre, el movimiento feminista vuelve a organizarse para reivindicar, como cada año, una vida libre de violencias machistas. Una jornada que llega una vez más marcada por el incumplimiento sistemático, por parte de las instituciones y entidades públicas, de su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, generando múltiples violencias machistas que repercuten en la vida de miles de personas.
Hace unas semanas, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denunció el fallo masivo en los cribados de prevención del cáncer de mama realizados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Miles de mujeres andaluzas no fueron informadas de que sus resultados eran sospechosos o incluso positivos. Con el paso del tiempo, muchas desarrollaron cánceres más graves, metastásicos, e incluso algunas fallecieron. La asociación cifra en más de 3.000 las mujeres afectadas.
Estos cribados forman parte esencial de las políticas públicas de salud que las administraciones deben garantizar dentro de un sistema sanitario público, gratuito y universal. Sin embargo, no son las únicas violencias que enfrentamos. La imposibilidad de ejercer plenamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo también constituye una violencia institucional. Esto se debe a la externalización del servicio, las desigualdades territoriales entre comunidades, la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la ausencia de una regulación clara sobre la objeción de conciencia y el estigma que aún pesa sobre este derecho, tal como señala el informe El aborto en España, 2025, del Instituto de las Mujeres.
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