Uribelandia: la Colombia de Iván Duque que el pueblo colombiano no quiere más

Colombia, a pesar de considerarse a sí misma como la democracia más antigua de América Latina, ha estado marcada por un historial de guerras civiles, dictaduras, grupos guerrilleros y un paramilitarismo que, vinculado al narcotráfico, se ha venido fortaleciendo en las últimas dos décadas. Y es precisamente aquí donde queremos hacer énfasis y también en la relevancia histórica que Álvaro Uribe Vélez ha desempeñado en dicho fortalecimiento. Así, por ejemplo, cuando ejercía como gobernador del departamento de Antioquia, implementó las CONVIVIR (Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria), que sirvieron de incubación para la creación y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -grupo armado que más víctimas ha dejado en Colombia- , hasta el actual sistema de gobierno, que Uribe controla a través del actual presidente Iván Duque Márquez, al no haber podido él mismo, por ley, ejercer un tercer mandato en la presidencia del país. Uribe ordena y Duque ejecuta.

La falta de legitimación como presidente ante la opinión pública es tan clara, que ha quedado registrado en actos oficiales enviando saludos del “presidente Uribe”, situación que se ha venido asumiendo como algo normal, no solamente por el mismo Duque sino por otros funcionarios y representantes políticos a lo largo y ancho del país, en ese “estado de derecho” existente en la Uribelandia de Duque.

A propósito del paro nacional convocado desde el pasado 28 de abril, Uribe escribió un tweet dos días después de iniciado, donde decía: “Apoyemos el derecho de los policías y soldados de usar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Este tweet fue censurado por la misma empresa Twitter porque según indicaron “viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia”. Duque, ante las manifestaciones pacíficas y multitudinarias, hizo caso a Uribe, arremetiendo con una represión policial sin mesura, con la presencia del ejército en las calles y la militarización de las principales ciudades del país. Una respuesta que se da normalmente en un estado de guerra.

Según las organizaciones de Derechos Humanos, hasta el día 6 de mayo se llevaba registradas 39 personas asesinadas, 934 detenciones arbitrarias, 379 denuncias de personas detenidas y desaparecidas en el contexto de las movilizaciones, 1.728 casos de violencia policial, 24 víctimas de agresión con pelotas de goma y que han perdido alguno de sus dos ojos, 12 víctimas de agresión sexual.

La agresión sexual ejercida por parte de un par de policías en un Comando de Atención Inmediata (CAI) -pequeñas estaciones de policía que están por todos los barrios del país-, contra una niña de 12 años en un barrio de Bogotá, dentro del marco de las protestas, desató junto a más denuncias de torturas y abusos policiales, una oleada de ataques que se están extendiendo por todo el país contra estos establecimientos.

Los colombianos y colombianas están sumando, a las exigencias del paro, la desaparición de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), reclamando una restructuración de las fuerzas públicas. Se cansaron de la violencia sostenida del sistema implementado por Uribe, un señor de la guerra, que lleva la impronta narcoparamilitar de resolverlo todo “a punta de bala”. Quieren que se implementen los acuerdos de paz, que cesen los asesinatos de líderes y lideresas, las amenazas sobre las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que evitan el avance de las multinacionales en los territorios. No quieren que se siga apoyando con fondos públicos a los bancos y a los poderes económicos, ni la imposición de condiciones económicas de austericidio, que se ejecutan sin ninguna restricción por parte del Gobierno al Fondo Monetario Internacional.

Colombia marcha no solamente contra una reforma tributaria -que por el momento ha sido derogada-, sino contra un paquete de políticas neoliberales que han incrementado la pobreza (20 millones de personas), la alta tasa de desempleo (20%), la caída del PIB (6,8%), el endeudamiento (68,2%) y la reducción en educación y salud (según el plan nacional de vacunación, se requeriría de años para lograr la inmunidad).

El pueblo marcha contra otras propuestas de reformas que están en curso como la de salud, que incrementaría el costo del sistema de salud estratificando las enfermedades, acabaría con la autonomía científica del Instituto Nacional de Cancerología convirtiéndolo en un nicho burocrático del Ministerio de Salud y significaría un plan de contratación del personal sanitario en condiciones no muy claras, entre otros puntos. En relación con el medio ambiente, implementaría de nuevo el uso del glifosato y permitiría la utilización del fracking, aumentando la pérdida del control de los territorios por parte de las comunidades para ser entregados a manos de las multinacionales. A nivel de justicia, Uribe ha movido fichas para que el Gobierno de Duque legitime con decretos el nombramiento de jueces dentro del Consejo de Estado, para obviar las denuncias y demandas que se implementen en su contra. No olvidemos que contra Álvaro Uribe Vélez existen varios casos judiciales abiertos en la Corte Suprema de Justicia, desde sobornos y manipulación de testigos hasta crímenes de lesa humanidad.

Álvaro Uribe Vélez y su primo Luis Horacio Saldarriaga Escobar son actualmente los dos hombres más poderosos de Colombia. Ejercen el control sobre el grupo paramilitar las Águilas Negras y la mayor producción de la droga que se produce en el país.

El pueblo colombiano ha dicho “no más a un gobierno paranarcomilitar” y apuesta por un país más justo, igualitario, más humano, donde se respeten los Derechos Humanos y se pueda vivir en paz.