El regadío, una embotelladora y una mina: tres casos que explican los conflictos por el agua en Andalucía

Manifestación contra la embotelladora de Antequera

La Junta de Andalucía publicó la semana pasada el listado de 17 obras hidráulicas destinadas a "paliar la sequía y garantizar el abastecimiento" en algunos lugares de la comunidad. Tras la declaración de interés autonómico, la administración andaluza asume la competencia para ejecutarlas, para lo cual ha anunciado una inversión de 450 millones hasta 2027.

El Gobierno andaluz admite que algunos municipios y comarcas de Andalucía están sufriendo "graves problemas para garantizar el abastecimiento" y pretende acelerar una serie de infraestructuras que considera prioritarias. Muchos de los problemas que señala la Junta de Andalucía llevan años (o décadas) sobre la mesa de las diferentes administraciones, y algunas de esas infraestructuras cuentan con consignación en los Presupuestos Generales del Estado.

De momento, la administración no ha especificado qué obra en concreto pretende ejecutar para solucionar cada uno de los problemas, que obedecen a situaciones específicas y diferentes, y han generado diversos conflictos en los últimos años.

Las conducciones de Rules: agua de Sierra Nevada para la Costa Tropical

La presa de Rules se concluyó en 2003, con una capacidad de 118 hectómetros cúbicos (procedentes de la vertiente sur de Sierra Nevada, de la sierra de Lújar y de la Contraviesa), que iban a destinarse preferentemente al riego de los cultivos subtropicales de la Costa Tropical (de gran demanda hídrica) y el abastecimiento de su población (unos 250.000 habitantes), que aumenta notablemente en verano. Sin embargo, en quince años no se han ejecutado la mayor parte de las conducciones que permitirían aumentar este uso.

A priori, la obra anunciada ahora por la Junta de Andalucía estaría limitada a las conducciones para el abastecimiento humano de núcleos como Almuñécar o Motril. Así lo entiende Antonio Jiménez, presidente de la comunidad de regantes del Guadalfeo Bajo, que en los últimos años ha protagonizado sonoras protestas para demandar canalizaciones para sus cultivos desde la presa de Rules. "Si dijeran que es para regadío, significaría la vida de toda esta zona", señala Jiménez.

La comarca ya tiene unas 9.500 hectáreas de cultivo, principalmente de subtropicales como chirimoyas, aguacates o mangos, que requieren mucha agua. Jiménez calcula que contar con las canalizaciones adecuadas desde la presa de Rules ahorraría a los regantes unos tres millones de euros que gastan en la energía eléctrica para elevar el agua hasta sus cultivos. También permitiría aumentar la superficie de regadío en cinco o seis mil hectáreas.

Existe un proyecto básico, las conducciones prioritarias y cuatro millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado, pero todo se paró (otra vez) con la pandemia.

¿Pozos para el regadío del Valle del Almanzora?

La consejera Carmen Crespo anunció el pasado otoño la intención de realizar unos pozos de emergencia en Alcóntar (Almería), en plena sierra de los Filabres. Dijo que la intención era garantizar el suministro para las poblaciones de Albox y Olula del Río (unos 17.000 habitantes en total). Lo hizo justo después de reunirse con los empresarios hortofrutícolas del Valle del Almanzora, una zona con graves carencias hídricas donde hay 24.000 hectáreas de regadío, que suelen abastecerse de un trasvase desde el embalse del Negratín.

Sin embargo, el trasvase se condiciona cada año a que el pantano esté al menos al 30% de su capacidad. Y el embalse baja de ese límite cada vez con más frecuencia, la última en 2019. La pretensión de la Junta de perforar unos pozos motivó la oposición de las comarcas del Almanzora y Baza, y los vecinos constituyeron una plataforma por entender que serían ilegales, tal y como informó este medio. "Es agua para que se sigan enriqueciendo las grandes empresas del Bajo Almanzora, a costa de esquilmar los recursos de los pequeños pueblos del interior y del Alto Almanzora", señalaron en un comunicado.

Ahora, la declaración de interés autonómico no especifica qué obras se acometerán. Únicamente se señala que se pretende el "abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora". Cuestionada para que aclare a qué obras se refiere, la Consejería especifica que la zona "depende fundamentalmente de aguas subterráneas", y que la obra servirá para llevar agua superficial a los municipios. "Las actuaciones se definirán concretamente en los proyectos que se redacten al efecto".

Un trasvase para los pueblos que pararon la embotelladora

El trasvase desde el embalse de Iznájar (al sur de la provincia de Córdoba) hasta el norte de Málaga es una infraestructura que, durante años, reclamó el gobierno autonómico al gobierno central. Ahora es el gobierno de PP y Ciudadanos quien dice estar dispuesto a pagar la infraestructura, que tendría que ser autorizada por el gobierno central. "Nadie había puesto sobre la mesa 50 millones de euros para hacer solito las infraestructuras, conducciones y tuberías", dijo Patricia Navarro, delegada del gobierno autonómico en Málaga.

En la misma comparecencia, la delegada insistió en la conveniencia del proyecto de una embotelladora que quería extraer y vender la poca agua que hay en esa misma zona. "Hay que ponerle alfombra roja", dijo apenas 24 horas antes de que la empresa anunciara la cancelación del proyecto que había despertado la furibunda oposición de los vecinos y municipios de la zona, que no entendían que se extrajera la poca agua de la zona para su venta privada mientras se promovía el pantano.

El alcalde de Iznájar, el socialista Lope Ruiz, se alineó con ellos y dijo que aquello le parecía un "atropello". La empresa sigue defendiendo que pretendía extraer de un acuífero independiente al que usan los vecinos, tesis que puso en duda el principal experto hidrogeólogo sobre la zona. "La extracción se va a notar en año seco y en verano", dijo a este periódico.

En cualquier caso, la zona norte de Málaga sufre una carestía de recursos hídricos que provoca restricciones veraniegas cada vez más frecuentes, y que municipios como Fuente de Piedra carezcan de suministro de agua potable desde 2017. Se abastece de un camión cisterna.

Un pueblo con los pozos secos

"A partir del próximo año 2016 los vecinos de Burguillos tendrán garantizado el consumo de agua de máxima calidad". Este es el titular de 18 de mayo de 2015 en un portal especializado. Sin embargo, los 6.600 vecinos de Burguillos (Sevilla) siguen sin tener garantizada el agua, ni en cantidad ni en calidad. El pasado 5 de mayo, su alcalde emitió un bando prohibiendo el uso del agua para el lavado de vehículos, el baldeo de aceras o fachadas, el riego de huertos o el llenado de piscinas, incluidas las hinchables infantiles.

El bando también carga contra el anterior equipo de Gobierno (socialista), al que el actual alcalde acusa de rechazar el acuerdo alcanzado por él mismo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para canalizar el agua desde el depósito de Emasesa en Alcalá del Río.

Los problemas con el abastecimiento de Burguillos vienen de antiguo. Existe acuerdo en que el crecimiento de la población, que prácticamente se dobló entre el año 2000 y 2013, no se acompañó de una mejora de las infraestructuras hidráulicas. Aunque algunos fueron cerrados por la alta concentración de cal, el pueblo sigue abasteciéndose de pozos, fundamentalmente dos. El de Doña Elvira, que abastece a la zona norte, lleva años sufriendo una notable bajada de caudal, y se sitúa con frecuencia en torno al 20% de su capacidad, lo que obliga a realizar compensaciones con el otro y a bajar la presión. Ahora, el volumen de los pozos se habría reducido en un 90%.

Además, Ecologistas en Acción cree que la explotación minera Cobre Las Cruces tiene mucho que ver en la escasez. La organización ha denunciado públicamente que la mina, una de las mayores a cielo abierto de Europa, toma agua de un pozo a doce kilómetros del municipio. Según los ecologistas, los informes que envía periódicamente el hidrogeólogo asignado a la mina muestran que los niveles de agua en el sondeo de la mina están por debajo de lo previsible. Creen que se han sacado más de 10 millones de metros cúbicos de exceso entre 2009 y 2019. Esto "evidencia la clara relación entre la actividad minera y el déficit de agua que está experimentando todo el acuífero", según los ecologistas.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya sancionó a la mina con una multa de 1,2 millones de euros, sanción confirmada por el Tribunal Supremo en 2018. Ahora, los ecologistas piden que se abra un nuevo expediente sancionador y que se reinyecten las cantidades supuestamente extraídas de más. La mina prefiere no valorar las acusaciones públicas de Ecologistas en Acción.

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30 de junio de 2020 - 20:58 h

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