La atención a la IA en la Junta de Andalucía

Hace cuatro años la Inteligencia Artificial (IA) era una desconocida para la mayor parte de los andaluces, a excepción de círculos muy determinados y pequeños. Desde entonces ha ido llenando portadas, noticieros, mensajes…y hoy está en muchas conversaciones, en muchas inquietudes y en casi todas nuestras mentes.

Durante lo que va de 2026 son además muy numerosas las personas y las instituciones que vienen advirtiendo sobre las oportunidades, pero también sobre las amenazas, del despliegue de la IA en todos los ámbitos de nuestras vidas. Desde el Papa a la OCDE, desde la ONU hasta los movimientos conservadores norteamericanos, y, paradójicamente, desde los propios creadores de los sistemas de IA (Altman o Amodei por ejemplo), se multiplican en las última semanas quienes llaman la atención sobre “peligros” de la IA. La mayor parte de esas observaciones suelen contener además llamadas a actuar:  desde “parar” la IA a fortalecer las soberanías digitales de la UE o de USA; desde desarrollar marcos normativos ad hoc hasta intervenir en su uso en la educación o entre los jóvenes…Medidas por lo general bastante pocos concretas.

En ese escenario lleno de ebullición, expectación, inquietud y hasta temor, la Junta de Andalucía ha creado este verano la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y, por decreto 203/2026 de 30 de julio, ha establecido su estructura.

Su creación provocó cierta expectación, como si Andalucía se animara, mediante lo dispuesto en ese decreto, a ser un agente activo en el diseño y en la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de las oportunidades y la neutralización de las amenazas que se le atribuye a la IA. Tareas no le deberán faltar donde intervenir para un mejor futuro: fomento de empresas especializadas en ese ámbito; impulso de conocimientos específicos para facilitar que personas y entidades andaluzas puedan liderar soluciones e implantaciones exitosas; adopción de pautas e iniciativas en el ámbito educativo para prevenir riesgos; regulación a favor de la protección de la privacidad, integración de soluciones IA en campos tan maltrechos como la salud, la educación, los cuidados, la justicia…

Pero cuando se abre el BOJA encontramos una sorpresa inesperada: la IA no aparece por ningún sitio en el cuerpo de esa flamante Consejería, salvo en su nombre (Viceconsejería, Secretarías Generales, Direcciones Generales… todas ellas sin atribuciones en esta materia); suena a incomprensible pero eso es lo que pone el Boletín Oficial de la Junta.

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería

La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería. Y ¿qué problema hay en ello? Pues que esa Agencia, con naturaleza jurídica de Agencia Administrativa, es, por su misma naturaleza, un ente instrumental y, como ente instrumental carece de competencias para diseñar políticas, estrategias…en el ámbito de actuación que tiene señalado.

Así lo dice claramente la Ley 9/2007 de la Administración andaluza, que determina el campo de acción de este tipo de Agencias, en particular en su artº 65: 

1. Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley….

Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo esa dirección estratégica una Consejería que carece del menor equipo para formular esa estrategia? ¿Que requiere una sólida e indiscutida posición institucional al intervenir en materias que se extienden por todos los campos competenciales de la propia Junta? y ¿Qué puede significar este extraño modo de fijar la atención institucional pública sobre la IA?

Quizá pueda significar que el Gobierno andaluz no sabe de lo que está hablando cuando se refiere a una Agencia. Y se ha equivocado en esa atribución de funciones a una Agencia Administrativa, aquellos “chiringuitos” que tanto achacó el PP a la Junta del PSOE en la década pasada.

Las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023

Puede ocurrir también, lo que no sería menos inquietante y muestra de una llamativa ignorancia, el que los autores de esas atribuciones competenciales vean la IA como en el pasado se veía el uso de ordenadores o la habilitación en competencias digitales (correo electrónico, ofimática…). Instrumentos y equipos cuyo uso debe ser alentado. Una grave ignorancia también.

Pero puede significar algo mucho más importante: la Junta no se ha dado cuenta de la extrema relevancia que tiene la IA en estos momentos, y la que va a tener a corto y medio plazo al menos, trastocando sociedades, instituciones, empleos, capacitaciones… Si así fuera el desenfoque competencial con que se resuelve la atención a la IA adquiere una trascendencia política que convendría subsanar con rapidez.

Porque las anómalas disfunciones que la pobre asignación competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030. Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023, que en poco se distingue de la avalancha de documentos similares aprobados en esas fechas en otras regiones, y que hace referencia a un tiempo y a unas situaciones que nada tienen que ver con lo que hoy representa y expresa la IA. Si eso es lo único que ha de hacer la ADA, son muchos los huecos por cubrir, máxime cuando una Agencia Administrativa carece de competencias para imponer a otras Consejerías sus decisiones sobre las materias que a aquellas les corresponden.

Si se quiere que esa Consejería, tan ampulosamente bautizada, sea algo más que una caja de cartón piedra sin incidencia alguna en un ámbito tan crucial hoy como la IA, con incidencia en todos los campos de las políticas públicas y en la propia configuración de la administración andaluza, quizás fuera conveniente reconducir el rumbo de la Junta en ese asunto, atribuyendo las responsabilidades sobre las políticas en esa materia a niveles directivos más relevantes y, por supuesto, con conocimientos en tales materias.

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