Historia de una reunión de Marea Blanca con la autoridad sanitaria

Sin mucha fe en que sirviera para algo, desde Marea Blanca Gaditana solicitamos una reunión de trabajo con la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz. El perfil de la actual delegada es similar al de otras y otros previos: los méritos para llegar a ese cargo se reducen a la militancia en el partido que en ese momento gobierna. En bastantes ocasiones no tienen relaciones profesionales con o estudios específicos sobre sanidad, por lo que suele ser desesperante percibir la falta de conocimientos sobre los problemas que denunciamos. Esto es apenas disimulado por el personal político-técnico del que van acompañados, que se mantiene en un discreto segundo plano. Dicha reunión se celebró el 30 de noviembre de 2022. En cuanto al tiempo utilizado, ninguna queja, porque debatimos durante más de tres horas. Otra cuestión es los contenidos de las declaraciones de los que tienen la obligación de gestionar la sanidad pública provincial.

Vamos a destacar las frases que nos resultaron de contenido político y demostrativas del modelo sanitario que defiende, es decir, una estrategia teórica de colaboración sanitaria público-privada que, en la práctica y no sólo ahora sino históricamente en todas las comunidades autónomas y estados en los que se ha llevado a cabo, significa en la realidad un adelgazamiento de la sanidad pública y un crecimiento exponencial de la actividad privada. Además parece que no comparten o no defienden la atención primaria, la salud pública, la salud familiar y comunitaria (la de los barrios), que es el contenido práctico de la especialidad médica de Medicina Familiar y Comunitaria, lo que popularmente se conoce como nuestros Médicos/as de familia.

El hecho de que tomaríamos notas y difundiríamos sus declaraciones se le comunicó a la delegada de Salud al inicio de la reunión y fueron testigos representantes de la Marea Blanca Gaditana, Marea Blanca de La Janda, Coordinadora por la Sanidad Pública de la Provincia de Cádiz y de Facua.

FRASE: “La situación de la sanidad pública en la provincia de Cádiz es aceptable, aunque todo es mejorable. No sobresaliente ni notable... pero aprobado”.

FALSO. Con el colapso actual de la atención primaria (10 días de media de demora en atención presencial) y las intolerables listas de espera para pruebas complementarias, consultas con especialistas hospitalarios e intervenciones quirúrgicas, una persona que se encuentre enferma y siga los pasos que le indican desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puede ocurrir que no consiga ser diagnosticada y/o tratada a tiempo, como ha sido demostrado en diversos estudios. Estos hechos explican que las cifras de aprobación del SAS por la ciudadanía sean las peores de España. Como se ve, la apreciación de la delegada y de la Marea Blanca son tan diferentes que una de las dos está gravemente equivocada, y estamos convencidos que no somos nosotros.

El incremento presupuestario se va a usar para pagar 500 millones de euros más en farmacia, un gasto creado por la irresponsable suspensión de la subasta de medicamentos, que ahorraba 200 millones/año

“Hemos aumentado el presupuesto de 2023 en 1.300 millones de euros para mejorar la sanidad pública”.

PARCIALMENTE FALSO: Si bien ese aumento es cierto (debido a Fondos Europeos), su uso no va destinado al capítulo más necesario actualmente, que es el aumento de plantilla (de todas las categorías, aunque especialmente de personal para atención primaria). Por ejemplo, ese incremento se va a usar para pagar 500 millones de euros más en farmacia, un gasto creado por la irresponsable suspensión de la subasta de medicamentos (que ahorraba 200 millones/año) y por no implementar medidas de racionalización del gasto en fármacos (extensión más decidida de genéricos y bio-similares, centralización de la farmacia de los centros socio-sanitarios en grandes hospitales públicos, intervención del gasto farmacéutico descontrolado en centros concertados, etc.). Baste decir que, según datos del Ministerio de Sanidad, el gasto público en farmacia ha aumentado más del 40% en los últimos años, casi el triple que el gasto en plantillas.

Todos estos datos son oficiales de los presupuestos sanitarios para Andalucía en 2023.

 

“No contratamos más médicos porque no hay médicos para contratar”.

FALSO: Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que España es uno de los países con más médicos por 1.000 habitantes. El problema es que el SAS ha desarrollado una política de contratar en condiciones sumamente precarias (peores salarios de España) e inestables (contratos de semanas o pocos meses). Ante eso, los médicos se van a otros lugares donde los traten mejor, un hecho que ha sido denunciado hasta por algunos colegios de médicos. Estos hechos son muy reconocidos desde hace más 10 años. Trato similar reciben el resto de categorías. Parece una política diseñada para espantar al personal sanitario, un lamentable error si se tiene en cuenta lo costoso que le resulta a Andalucía formar a este personal altamente cualificado, para que luego lo aprovechen otros.

 

“Defendemos las teleconsultas médicas como una medida de gran utilidad”.

FALSO: La vía telefónica en sanidad solo es aceptable para cuestiones administrativas. El uso de la consulta telefónica para la toma de decisiones clínicas no es defendible en ningún caso. Hay un estudio reciente realizado en bastantes centros de Barcelona que demuestra que, cuando se compara la consulta presencial con la telefónica, se observa que la segunda provoca un retraso significativo en el diagnóstico de los pacientes. Esto es más acentuado para los pacientes de más edad.

Las consultas de acogida por enfermería han sido rechazadas en muchos casos por pacientes y por muchas enfermeras, aparte de haber sido denunciadas por los sindicatos médicos, por intromisión profesional indebida

“Defendemos las consultas de acogida, en las que personal de enfermería atiende consultas médicas. Mejor es que las atienda una enfermera a que no las atienda nadie”.

ESCANDALOSO Y FALSO: Esta última frase deja claro lo que llevamos denunciando desde hace años: los gestores de SAS, con frecuencia, asumen el desastre autocreado “no hay médicos”, y se limitan a gestionan el caos por indicación de “Sevilla”. Hay que decir que las consultas de acogida por enfermería han sido rechazadas en muchos casos por pacientes y por muchas enfermeras, aparte de haber sido denunciadas por los sindicatos médicos, por intromisión profesional indebida. Su establecimiento es limitado. Sus resultados son muy pobres como reconoce la propia Consejería de Salud. Nuestra opinión es que se trata más bien de otra medida para “entretener” a los pacientes.

“No estamos favoreciendo a la sanidad privada, no aumentan los conciertos con la privada”.

FALSO: Hay multitud de pruebas de ese trato de favor a lo largo de toda la gestión de este gobierno: eliminación de la exclusividad médica mediante la creación un complemento similar para los facultativos que trabajan en la sanidad pública y también en centros privados; compatibilización de cargos directivos en ambos sectores; aumento desde 2018 de un 80% del presupuesto para los conciertos del SAS con centros de medicina privada; abono público del gasto farmacéutico incontrolado de estos centros; eliminación de la subasta de fármacos; aumentos sustanciales en la nueva tarifación de las actividades clínicas concertadas; etc. En la provincia de Cádiz este hecho es especialmente grave, debido a la creciente influencia del concierto con la empresa Pascual. El SAS acaba de firmar un nuevo concierto con esta empresa por valor de 770 millones de euros, que extiende la dependencia de ella a más de 300.000 gaditanos, a los que, además, se les imposibilita el acceso a los centros de la sanidad pública. Hay que recordar que la Agencia de la Competencia de Andalucía condenó hace poco a esta empresa por posición de dominio e intención de cobros abusivos. O sea: toda una apuesta por el sector privado, incluso en el caso de una empresa claramente hostil. 

Todos estos datos oficiales son recogidos de la Consejería de Salud de la Junta de Salud.

Recientes análisis en Inglaterra han revelado que la derivación de fondos sanitarios públicos a centros de medicina privada, se acompaña de incrementos significativos de la mortalidad tratable de la población

“Para defender la sanidad pública hay diversos mecanismos. Uno de ellos es la colaboración público-privada, que no hay que demonizar”.

FALSO: La colaboración público-privada en la sanidad pública es un eufemismo que se acuñó en la época de Margaret Thatcher, tras el desmantelamiento del National Health Service (que era el modelo referente para toda Europa) y otros servicios públicos, para desarrollar su creciente privatización. Durante todos estos decenios no ha existido ninguna evidencia científica que haya concluido que esta u otras fórmulas de privatización de la sanidad pública, haya resultado mejor para los ciudadanos o más eficiente. De hecho, las experiencias españolas de privatización, propiciadas por el Informe Abril y la posterior Ley 15/97, no han dado mejores frutos. Así, todos los centros gestionados por fundaciones o muchos de los dirigidos mediante distintos modos de gestión público-privada (Núñez Feijóo en Galicia, Aguirre en Madrid, Zaplana en Valencia) han sido revertidos al modelo público por problemas económicos manifiestos y, los que quedan, están sometidos a serias críticas por sobrecostes, gestión adversa de pacientes y precarización de los trabajadores sanitarios.

En este sentido, recientes análisis en Inglaterra han revelado que la derivación de fondos sanitarios públicos a centros de medicina privada se acompaña de incrementos significativos de la mortalidad tratable de la población. Este alarmante efecto adverso parece deberse a que, al aumentar la cantidad de dinero público derivado al sector privado, se disminuye el destinado al sector público, debilitando así su capacidad funcional, que es de la que depende la atención a los casos más severos, lo que pone en evidencia el riesgo que entraña la derivación de fondos de la Sanidad Pública al sector privado.

Es decir, estamos hablando de evidencias científicas sobre las consecuencias de la privatización de la sanidad pública. Estos hechos deberían suponer una alarma en los responsables políticos.

 

“La Clínica San Rafael, como el resto de los centros Pascual concertados en Cádiz, tiene una categoría similar a un hospital público comarcal, como los hospitales públicos de Algeciras o La Línea”.

FALSO Y ESCANDALOSO: Es bien sabido que los hospitales públicos poseen una serie de sistemas de garantías esenciales de las que carecen los centros privados. Esto va desde servicios con personal con especialidad MIR completos, selección del personal por contraste de méritos, ratios funcionales de personal adecuados, métodos de gestión clínica avanzados, comisiones de calidad asistencial reguladas (de mortalidad, infecciones, etc.), actividad docente e investigadora, etc. Nada de esto está claro que exista en dichos centros privados. Por eso es atentar contra la igualdad el dificultar, e incluso impedir, que una parte importante de los gaditanos pueda acceder al sistema de atención sanitaria mejor posible. Es de resaltar que la población, en su totalidad, tiene claro que, si padece algo grave, querrá ser visto y tratado en centros públicos.

Este hecho con respecto a la clínica privada de San Rafael en la ciudad de Cádiz está extendido a lo largo de toda la geografía andaluza, es decir, no es una decisión de la delegada de Salud de la provincia de Cádiz sino de la Consejería.

Poner a disposición de una empresa privada los datos clínicos de la población andaluza es un delito. Piénsese en la cantidad de usos perversos que pueden darse

“Se está trabajando para dar acceso a la empresa Pascual al programa Diraya (sistema de información que contiene los datos asistenciales de los andaluces), adaptándolo para no incurrir en colisión con la protección pública de datos (¿¿??)”.

ESCANDALOSO. ¿Es posible asegurar la protección de datos públicos sensibles y valiosos en manos privadas? Poner a disposición de una empresa privada los datos clínicos de la población andaluza es un delito. Piénsese en la cantidad de usos perversos que pueden darse, desde venta de datos, información del historial clínico de candidatos en casos de contratación a terceras empresas, hasta selección adversa de pacientes. FACUA y Marea Blanca Gaditana están evaluando denunciar estos hechos.

Este hecho está propuesto por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) de forma cada vez más intensa y extensa. La Fundación IDIS está apoyada y es la portavoz de la mayoría de las entidades sanitarias más potentes y de la industria de los medicamentos.

 

No tenemos ninguna intención de aumentar las plantillas estructurales del Servicio Andaluz de Salud“.

¡¡¡VERDAD!!! Esta fue la única verdad que se obtuvo en nuestra larga reunión. A pesar del aumento de los presupuestos en 2023 y de las carencias actuales, el gobierno de Moreno Bonilla persiste en la misma política: deteriorar la sanidad pública mediante continuos recortes, y derivar el dinero público necesario para los centros públicos para engordar al sector privado. La familia Pascual es ya la octava riqueza de Andalucía.

En los presupuestos sanitarios de la Junta de Andalucía para 2023 no se contempla ninguna partida destinada a convocar oposiciones de empleo públicas, que es la forma de conseguir plantillas estables con propietarios de plazas que al conocer que su plaza es indefinida se comprometen en su trabajo de forma continuada, que es la esencia de la medicina familiar y comunitaria.

 

Aunque este relato se refiere a Cádiz, parecidos análisis han resultado de otras reuniones de Marea Blanca con las respectivas delegaciones provinciales. Parece claro que son consignas de la Consejería de Salud que siguen de forma estricta todos los responsables (??) territoriales. Similares políticas se están aplicando en toda Andalucía.

Por eso Marea Blanca insiste en la urgencia de consolidar los 12.000 contratos “falsos Covid” (el SAS ya está incumpliendo la promesa de su continuidad) y la contratación estable de 8.000 sanitarios más, medidas necesarias para detener el deterioro actual, por las que seguiremos luchando junto con la población andaluza.