De Llera: “La prisión permanente revisable nos coloca en la antesala de la pena de muerte”

Emilio de Llera (Badajoz, 1951), fiscal en excedencia, es el único consejero socialista que repite cartera y mismas competencias en la nueva etapa que se ha abierto con Susana Díaz como presidenta de Andalucía. La politización de la justicia o la judicialización de la política siguen estando a la orden del día.

Ha sido el único consejero que ha renovado cartera y competencias en el nuevo Gobierno...

Me dicen muchos amigos que será que no lo estoy haciendo muy mal. Estoy muy contento, porque de otra manera no hubiera podido rematar todos los proyectos que tenía en marcha: la implantación de una vez de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, la regulación de los puntos de encuentro familiar, el impulso las nuevas tecnologías en los juzgados… Eso, con alguien que no tuviera sensibilidad con el tema de la Justicia, no se haría. Y yo la tengo.

El lunes pasado se abrió el año judicial. ¿Cómo se presenta desde una perspectiva andaluza?

Los males que tiene la Justicia, aparte de los estructurales que corresponden al Ministerio y que no hace nada en ese sentido, residen en la reordenación de los servicios judiciales y de los funcionarios, que siguen con una organización del siglo XIX; y en el avance en las nuevas tecnologías, algo vital si queremos una Justicia del siglo XXI. Eso es lo que nos está reclamando en esencia el TSJA y lo que estamos haciendo. Es más, vamos en absoluta sintonía.

Por su respuesta, parece que no es la misma sintonía que tiene con las políticas del Gobierno central ¿Cuál es su opinión general sobre las reformas legislativas impulsadas por Ruiz-Gallardón? Se acaba de aprobar el proyecto de ley de reforma del Código Penal.

Las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia tienen, desde luego, un marcado carácter ideológico. La modificación del aborto no sólo no es necesaria sino que es perniciosa, porque vuelve a limitar la capacidad de decisión de las mujeres a seguir con una gestación o interrumpirla, y yo creo que eso forma parte del contenido esencial de los derechos humanos de las personas. Por otro lado, también está la pena de cadena perpetua, aunque ellos la llamen prisión permanente revisable. Eso es muy peligroso, porque nos coloca en la antesala de la pena de muerte. La idea que late ahí es eliminar al delincuente para el resto de su vida. Entre la cadena perpetua y la pena capital no hay más que un pasito. De hecho, si se fija, los países que tienen cadena perpetua tienen pena de muerte.

¿Qué capacidad tiene una comunidad autónoma como Andalucía ante este tipo de reformas?

Nosotros no tenemos posibilidades. Yo no puedo poner o quitar tasas judiciales como tampoco puedo hacer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que nos queda es protestar. Pero hay una cosa en la que sí tenemos cierta capacidad. Y aún así no nos la reconocen. La Ley de Demarcación y Planta Judicial, que dice cuántos juzgados se crean y dónde, se tiene que revisar cada cinco años. Dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 35 que el ministro debe acompañar su proyecto con la propuesta de las comunidades. Y ahora nos enteramos de que hay un anteproyecto que no ha pasado a informe de las comunidades autónomas. Lo están haciendo de espaldas, como lo están haciendo todo, algo que yo siempre le he criticado a este ministro, y es que no dialoga con nadie. Él toma sus decisiones y suele imponerlas, porque tienen mayoría en las cámaras.

Ha hablado usted de las tasas. ¿Le ve futuro a los dos recursos que interpuso la Junta ante el Tribunal Constitucional?

Si el Tribunal Constitucional cumple con lo que sabe que tiene que hacer, sin duda alguna. Hasta la Audiencia Nacional ha planteado cuestión de inconstitucionalidad. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las garantías constitucionales se las carga, sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad. Ellos dicen que van a eliminar la sobrecarga de los juzgados imponiendo una tasa. Claro, muerto el perro se acabó la rabia. Imagine que se pusiera una tasa para ir a un centro sanitario de urgencia. Tienen que ser proporcionadas. Lo que no puede ser es que haya que pagar una tasa más alta o igual que aquello que económicamente estás reclamando. Vale lo mismo pagar en período voluntario que recurrirla. Pues pago la mitad y fuera, no recurro. Eso no puede ser.

¿Es entonces el Constitucional el único escenario en el que resolver las diferencias con el Gobierno central?

Sí. Estamos convirtiendo al Constitucional en un árbitro inserto en el Legislativo. Es un Senado más. Ha dejado lo que tiene que ser para ser una cámara legislativa.

¿Por qué no se deciden a pedir la recusación de De Los Cobos? Igual cambiaban las perspectivas

En los recursos que tiene planteados Andalucía, todavía no ha llegado el momento procesal de recusarle, pero creo que si se recusa tendrá que abstenerse en muchos asuntos, en la mayoría quizás.

Pues los recursos planteados por Cataluña no han obtenido ese resultado.

Eso es muy mal signo porque eso quiere decir que el Tribunal Constitucional no está siendo nada imparcial. Y lo primero que caracteriza a un juez es que no es parte. Si toma partido, deja de ser un juez.

¿Cómo puede compensar Andalucía ese desequilibrio?

Se puede acudir al Constitucional cuando la ley vulnere principios constitucionales. Lo que ocurre es que no siempre es así. Hay decisiones políticas que pueden entrar dentro de la Constitución aunque no interpreten su contenido ideológico. Le pongo el mismo ejemplo: ni la cadena perpetua ni el aborto están en la Constitución sino que es una interpretación que responde más a creencias religiosas o éticas que a problemas jurídicos. Se trata de imponer de manera sectaria las creencias de un grupo a todo el resto de la sociedad, lo cual me parece infumable.

¿Es lo que cree que está haciendo ahora el Gobierno?

Claro.

Se acusa al sistema de mucho retraso y poca resolución. ¿Cómo cree que la Justicia puede ser más ágil en las resoluciones?

La única solución es una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, que parta de los mismos parámetros que parten los códigos procesales penales de toda Europa. Somos el único país donde la investigación de los delitos la llevan los jueces. Y eso implica retraso, porque el juez no tiene plazos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha ido parcheando y lo que ha quedado es un bodrio, que ya ni responde claramente a los principios constitucionales ni a los del sistema inquisitivo del que partía, al menos en la fase de instrucción. Hay que poner orden para que no se acumulen los asuntos, porque además eso conduce a un problema que es el macrojuicio.

Sinceramente, ¿cree que los ciudadanos están dejando de creer en la Justicia?

Los ciudadanos los pobres cada día creen en menos cosas. Y es lógico. Lo preocupante de todo esto es que la imagen que se está dando por parte de los poderes públicos a todos los ciudadanos es de ineficacia, de mal funcionamiento, cuando no de verdadera corrupción. Y, claro, eso hace que los ciudadanos pierdan la fe en todos los poderes públicos. Esos retrasos tan grandes en la instrucción de los asuntos penales también ponen bajo sospecha a la Justicia y el ciudadano comienza a darse cuenta de que no funciona. Todo eso hace que la Justicia pierda credibilidad.

¿La Justicia se politiza o se judicializa la política?

Hay que marcar las obligaciones de cada Poder. El Legislativo debe legislar, el Ejecutivo debe gobernar y el Judicial que debe juzgar. No digo que la culpa la tengan los medios de comunicación, pero hay asuntos en los juzgados que son muy mediáticos y lógicamente se publican en la prensa. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues que se tenga la tentación de hacer política desde los juzgados, o con los juzgados, y hacer Justicia desde el punto de vista político. Eso es perder los papeles. Cada uno pierde su papel y no sabe cuál es su rol.

Dicen que el nuevo Código Penal pone el acento en la lucha contra la corrupción. Susana Díaz también ha dicho que será implacable en ese punto. ¿Tal cree que es la sensación entre la gente?

Me parece esencial la lucha contra la corrupción porque está calando en la sociedad la idea de que todos los políticos son iguales, de que todos los políticos son unos chorizos. Y eso es malo para la propia sociedad. Muy malo. Porque en vez de mandar el poder político que emana del pueblo, van a empezar a mandar los poderes financieros. Y eso ya sabemos lo que es. Si eso es así, la única manera de evitarlo es luchar contra la corrupción. Los controles previos o externos son los que evitan que haya corrupción. Cuantos más controles, más difícil es la corrupción. Debemos atacarla por ahí.

Ustedes llevan mucho tiempo hablando de la modernización de la Justicia. ¿Para cuándo una Justicia sin papeles, o al menos, sin tantos?

No puede ser que los juzgados, y eso lo he vivido como fiscal muchos años, estén llenos de papeles obsoletos que no valen para nada y que se siguen guardando ahí y no se sabe bien qué hacer con ellos. Habrá que destruir todo aquello que no tenga ninguna utilidad y conservar aquellos procedimientos que tengan algún valor histórico, judicial o cultural.

En medio de tanto recorte presupuestario, ¿cuáles son las prioridades de su departamento?

Es esencialísimo que no bajemos la guardia en cuanto a inversión en materia de violencia de género ni en materia de políticas migratorias. Los sectores más vulnerables de la sociedad son una primacía para nosotros. Por otro lado, hay un gasto enorme, pero absolutamente imprescindible, en la gestión de emergencias y de seguridad.

Pues hay un colectivo vulnerable, el de los presos, que está sin asistencia jurídica específica en Andalucía desde hace más de año y medio. El Parlamento ha instado a su Consejería a que reanude el servicio. IU, su socio de Gobierno, votó en ese sentido. ¿Hay realmente voluntad de reanudarlo?

Nosotros sí la tenemos, quien no tiene voluntad es el Ministerio del Interior. Teníamos firmado un convenio tripartito entre el Ministerio, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Consejería. Con los recortes, y vamos a pensar que son los recortes y no una voluntad política de fastidiar al PSOE, el Ministerio no acepta la firma. El acuerdo es esencial porque nosotros no podemos pagar a todo aquel abogado que diga que ha prestado el servicio, pues era el Ministerio quien nos indicaba esos detalles. La Intervención de la Junta va a poner reparos si no tenemos el acuerdo firmado y no nos va a dejar pagarle a los abogados. Espero que un día de estos, por fin, el Ministerio suscriba el convenio.

Antes se prestaba el servicio sin convenio entre las tres partes...

No es que no hubiera un convenio, es que no se prestaba como se presta ahora. Se prestaba algo parecido. Había grupos de abogados que constituían asociaciones y que pedían subvenciones para ello, que a veces se les daban y otras no, pero eran subvenciones ridículas al lado de lo que supone ahora su prestación. Esto cuesta más de 750.000 euros al año. Es lo que se venía pagando. Yo conseguí que se consignara el dinero en los presupuestos porque teníamos firme intención de mantenerlo. La Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias es la primera interesada porque eso pacifica mucho la vida en los centros. Pero Hacienda del Estado no permite a Interior que asuma el compromiso y firme el convenio. Esa es toda la historia.

¿Y aun teniendo consignado el presupuesto no se presta el servicio?

Es que no nos van a dejar pagarlo, se lo digo, y más como están los interventores hoy. No podemos acreditar el servicio y no nos autorizarían los pagos a los abogados. La bronca es entre Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior.

¿El pago de los abogados del turno de oficio lo tienen resuelto?

Lo vamos resolviendo como podemos. Tenemos consignada para el presupuesto del año que viene una cantidad que vamos a intentar que sea superior a la que tenemos hoy. Con el nuevo reglamento que aprobamos se han agilizado las formas de acreditación y los pagos. Lo que temo ahora es que venga el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, criticable en muchos aspectos, y se cargue el sistema y nos obligue a otro modelo. Lo que pretenden es que nosotros le demos el dinero al Estado y el Estado paga. Buscan recentralizar, que es muy propio del Partido Popular.

Lo que sí parece que resuelven es que los menores infractores no vuelven a reincidir. Hasta el CGPJ les ha dado un premio a la Calidad de la Justicia por esa labor.

Eso es un éxito. Un estudio de la Universidad de Almería nos demostró que más del 80% no volvía a cometer una infracción en su vida. Un índice de no reincidencia tan alto no lo tiene ninguna comunidad autónoma. Se hace una reeducación integral de los menores, sin perjuicio de que tienen una asistencia especializada de apoyo. La integración es una de las claves del éxito.

Por úlitmo, ¿qué le pareció que el CGPJ le llamara la atención por sus declaraciones acerca de las decisiones de la jueza Alaya en el caso de los ERE?

Realmente, el CGPJ no me reprobó. La propuesta provenía, todo hay que decirlo, de un vocal muy vinculado al PP y el CGPJ se limitó a pedir respeto a las decisiones judiciales. Pero una cosa es respetar una decisión y otra es compartirla. Si disides, pues disides. En Derecho es muy frecuente que haya puntos de vista contradictorios y discusión jurídica. Además, eso es bueno. Y yo opiné ahí como jurista, no como consejero, pero no quiero volver a hablar más del tema mientras sea consejero porque luego se malinterpreta y lo que se busca es decir que yo estoy enviando mensajes políticos cuando estoy emitiendo una opinión como jurista, como práctico del Derecho y como exprofesor de la Universidad que soy.