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Los tres exconsejeros citados por el caso ERE se acogen a su derecho a no declarar

EUROPA PRESS

SEVILLA —

Los tres exconsejeros de la Junta de Andalucía que habían sido citados en los juzgados de Sevilla este miércoles para declarar como investigados por el caso de los ERE se han acogido a su derecho a no prestar declaración, como adelantó eldiario.es Andalucía, y han ratificado la versión que ofrecieron el pasado abril en el Tribunal Supremo y en el TSJA.

La exconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo comenzó su comparecencia sobre las 10,15 horas ante el juez Álvaro Martín, que concluyó sobre las 10,35 horas, transcurridos apenas 20 minutos. Fuentes del caso han informado de que, en su comparecencia, la exconsejera se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y ha ratificado la declaración que prestó el día 8 de abril de 2015 ante el TSJA, cuando aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante los informes de la Intervención.

El abogado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, ha planteado en la comparecencia como cuestión previa que el juez no permitiera que quedara constancia en el acta de su declaración de las preguntas que las partes pretendieran dirigirle, algo a lo que se ha adherido el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. De su lado, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dicha cuestión previa alegando que el derecho de defensa no engloba que no se pueda dejar constancia de las preguntas, argumentando que podría haber hechos nuevos o preguntas nuevas que formular que en su momento no se hicieron.

No obstante, el juez sí ha permitido que se deja constancia de las preguntas, tras lo que el Ministerio Público ha formulado hasta tres preguntas, la primera de ellas sobre si tuvo conocimiento de los informes de seguimiento de Control Financiero Permanente de la Intervención General que se remitían a la Consejería de Economía y Hacienda. En segundo lugar, los fiscales han preguntado si tuvo conocimiento de los informes ejecutivos de la Intervención General que se mandaban a los miembros del Consejo Rector de Idea, que a su vez pertenecían a la Consejería del ramo. Por último, le han cuestionado sobre si tuvo conocimiento, por su asistencia a los 'consejillos', de que en estas reuniones no se trataron las ayudas a Pickman y A Novo Comlink.

Por su parte, el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila ha comparecido como investigado ante el juez Álvaro Martín entre las 10,50 y las 11,03 horas, por espacio de apenas 15 minutos, y se ha limitado a ratificar la declaración que realizó en la sede del Alto Tribunal Andaluz. La Fiscalía Anticorrupción ha dejado constancia en el acta de su declaración de varias preguntas realizadas también a Martínez Aguayo, en concreto si tuvo conocimiento de los informes de seguimiento de Control Financiero Permanente de la Intervención General de la Junta que se remitían a la Consejería.

De igual modo, ha dejado constancia en el acta de una pregunta sobre si tuvo conocimiento de los informes ejecutivos de la Intervención General que se mandaban a los miembros del Consejo Rector de Idea, que a su vez pertenecían a la Consejería del ramo. Por último, ha preguntado si “dada su participación activa” en el Consejo Rector de la agencia Idea, tuvo conocimiento de que en noviembre de 2003 se aprobó una ayuda a Sandetel a pesar de que el secretario advirtió de que había un informe contrario de la Intervención a esa ayuda, y si esa circunstancia se repitió en más ocasiones.

“Un juicio paralelo con fin político”

Por último, el abogado del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha criticado que la declaración como investigado de su cliente forma parte “de un juicio paralelo con una finalidad claramente política” y ha anunciado que pedirá el archivo de la causa respecto de su patrocinado.

El letrado de Zarrías ha realizado estas declaraciones a los periodistas después de que haya concluido la comparecencia de su patrocinado ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta. De este modo, Zarrías ha comparecido durante apenas diez minutos ante el instructor y, tal y como ya había anunciado por escrito, se ha acogido a a su derecho constitucional a no declarar y ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, en la misma línea de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, que han comparecido de manera previa y que también han ratificado sus declaraciones como aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De su lado, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado constancia por escrito en el acta de la comparecencia de una sola pregunta en relación a una carta obrante en el expediente de Primayor que envió un representante del Comité de Empresa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre el cobro de nóminas. De este modo, el Ministerio Público le ha cuestionado sobre si habló con el presidente del Comité de Empresa, Manuel López, o con el entonces consejero de Empleo, tal y como expone la carta, para que se arreglara este asunto, pues en la carta se mencionaría que Zarrías habría dado orden de que se arreglara.