La falta de personal sanitario alcanza los centros públicos para personas con problemas de adicción en Andalucía

“Puestos vacantes”, “dificultad de contratación de personal sanitario” o “incorporación inminente” son realidades en los centros públicos para personas con problemas de adicción (comunidades terapéuticas) que existen en Andalucía. Lo reconocen, con esas palabras, fuentes de la Consejería de Igualdad, de quien depende la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que gestiona directamente seis comunidades de este tipo, dos en la provincia de Huelva (Cartaya y Almonte), uno en Sevilla (Los Palacios), dos en Cádiz (Tarifa y La Línea) y uno en Málaga (Mijas), así como el centro PEPSA de Granada.

Son centros sanitarios donde los pacientes ingresan en régimen residencial, derivados de los centros de tratamiento ambulatorios públicos y concertados para la atención a las drogodependencias y adicciones, para someterse primero a una desintoxicación y luego para seguir un programa de deshabituación de consumo o conductas patológicas. Según la Orden reguladora de estos centros, de 2008, es requisito la presencia “mínima” de un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional. La normativa dice expresamente que en las comunidades terapéuticas “se garantizará la presencia y/o localización del personal sanitario titulado superior o grado medio, con carácter permanente”.

Según denuncia la sección sindical de la CGT en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, existen sin cubrir varias vacantes de larga duración en Mijas (no hay medico, ni monitor de limpieza -se ha externalizado con una empresa externa- y han contratado un enfermero después de nueve meses sin cubrir la plaza), en La Línea (no hay médico, ni enfermero -tres meses sin cubrir- y no hay monitor de limpieza), en Tarifa (no hay trabajador social, ni monitor de limpieza y falta un puesto de monitor sociosanitario), en Los Palacios (no hay enfermero), en Cartaya (nohay enfermero y falta un monitor sociosanitario), en Almonte (falta un monitor sociosanitario), y en el centro PEPSA de Granada, donde faltan tres enfermeros), según concreta Juan Carrillo, delegado de la sección sindical.

200 plazas nuevas pendientes, según CCOO

Rosa Berges Acedo, que dirige la Secretaría de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO Andalucía, confirma la situación, señalando a este periódico que la “falta de personal afecta a la Agencia en general y también en las comunidades terapéuticas”. “Tardan muchísmo en hacer las sustituciones o cubrir las bajas”, aludiendo a “problemas grandes” en ese sentido por parte de la administración de la Junta. Berges recuerda al respecto que “se acordó un aumento de 200 plazas en la Agencia de Servicios Sociales pero sin embargo no se han incorporado porque este gobierno no lo ha considerado oportuno”, apuntando a un “déficit” de personal que conlleva un “deterioro importante” del servicio que se presta.

A juicio de CGT, la Junta “de manera continuada está sometiendo a este servicio a una situación de abandono que ha ocasionado el deterioro continuado de la atención que reciben los pacientes y que el numero de pacientes atendidos descienda, condenando a las personas a no contar con recursos públicos que les permitan salir del mundo de las adicciones”. “La falta de personal está suponiendo en algunos casos la externalización del servicio ya que se están contratando empresas de limpieza para suplir personas de plantilla, pero estas empresas no colaboran en la labor terapéutica de la comunidad. La falta de personal sanitario está poniendo en riesgo a pacientes y trabajadores y hay centros donde están dispensando mediación profesionales no sanitarios con el riesgo que ello supone”, denuncia.

La Consejería Igualdad reconoce a este periódico la “dificultad de contratación de personal sanitario, a pesar de haberse realizado llamamientos a través de las bolsas de empleo temporal de la Agencia de Servicios Sociales y del Servicio Andaluz de Empleo”. Sin entrar en el detalle de cada comunidad terapéutica, afirman que “hay varios puestos que están inmersos en una convocatoria para su cobertura definitiva que finaliza en la segunda quincena de este mes de noviembre, por lo que su incorporación sería inminente”. También apuntan que “algunos de los puestos vacantes lo han sido por jubilación de las personas titulares y, en otros casos, los puestos vacantes tienen prevista su cobertura a través de la correspondiente tasa de reposición”.

Listas de espera en aumento

Todas las cuestiones denunciadas desde CGT, entre las que se incluyen “problemas materiales” y “falta de medios”, han sido informadas “en múltiples ocasiones” a la Agencia, informa el delegado. “La degradación del servicio a pasos forzados influye directamente en la atención que se da a los pacientes, la Junta está cometiendo un austericidio con la atención a las adicciones, un área abandonada”. 

Cabe recordar que las competencias en este ámbito se encuentran actualmente en la Consejería de Igualdad después del intento fallido de que las gestionara Salud y Familias, cuando PP y Ciudadanos llegaron a San Telmo. Según recuerda el delegado de CGT, se realizó una “doble adscripción” de la Agencia, “pasando a depender de Igualdad y Salud para que esta ejerciera sus competencias”. “Lo cierto es que, a día de hoy, la Consejería de Salud no tiene presencia ninguna ni en los órganos de gestión ni de dirección de la Agencia, por lo que de facto no hay presencia de Salud en la Agencia de Servicios Sociales”.

Salud y Familias, a través de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, anunció el pasado mes de julio que iba a ampliar en 96 más las plazas en las comunidades terapéuticas de Andalucía “para hacer frente a las listas de espera” ocasionadas por la situación de pandemia por Covid-19, que había provocado que los tiempos de espera para el ingreso en una comunidad se habían “incrementado”, según reconoció la administración andaluza.