Freno a la venta del antiguo centro de menores del Albaicín: la subasta queda desierta y piden la moratoria turística en Granada

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.