Una plataforma rural demanda a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el presunto trasvase del río Castril de Granada

El río Castril sigue generando polémica. La situación de esta cuenca situada en el Guadiana Menor al norte de la provincia de Granada es compleja desde hace ya más de una década por los continuos vaivenes que genera su cauce y el interés que despierta derivar el agua que lleva. Si hace apenas un mes hubo un encierro protagonizado por la Plataforma en Defensa del Río Castril en el propio ayuntamiento castrileño para presionar contra el presunto trasvase de este río, ahora la misma asociación, apoyada en los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza, ha dado un paso más allá y ha puesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Este organismo de cuencas insiste en que no se ha planteado trasvase alguno.

El tema es muy complejo porque coexisten varias versiones y hay un evidente conflicto de intereses. De una parte está la Plataforma en Defensa del Río Castril, que sostiene que hay voluntad política para llevarse su agua hasta Almería mediante un trasvase por Baza que servirá para aumentar la economía agroindustrial de la provincia vecina de Granada, y, por otro, están la Confederación y ayuntamientos como el de Baza, involucrado en el proyecto, que niegan que se vaya a llevar ni un mililitro de agua desde el río Castril para otros fines que no sean el abastecimiento humano. Sin embargo, esta asociación civil, integrada por unas 200 personas, lleva años luchando contra un proyecto que hunde sus raíces a mediados de los 80.

El último movimiento que han protagonizado ha sido una demanda ante el TSJA para pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que consiga frenar los planes que, aseguran, tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Basándose en varios aspectos principales que aparecen reflejados en el escrito judicial al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Plantean que las expropiaciones que harían falta para que se llevase a cabo el entubado y trasvase del río hasta Baza conllevaría expropiaciones que afectan al Parque Natural de Castril, al Geoparque de Granada y al conjunto histórico de Castril, declarado Bien de Interés Cultural. Al mismo tiempo aluden a constantes irregularidades administrativas e ilegalidades en el proyecto.

No es lo único que se señala en la demanda. Recuerdan, sobre todo, que este proyecto debe estar paralizado desde que en 2010 el Tribunal Supremo estableció por sentencia de anulación de las obras y por lo tanto sus expropiaciones. Entre los aspectos legales que se señalan en el escrito presentado contra la Confederación ante el TSJA, destaca la ausencia de una orden ministerial de 2006 que en teoría daba amparo al trasvase, pero que nunca fue publicada. Todo ello se explica junto a una larga lista de documentos que arman una defensa elaborada de esta plataforma frente al presunto interés de la CHG de llevarse el agua del río Castril desde el embalse del Portillo hasta Baza.

“Falsedades”, según la plataforma

Miguel Ortiz, portavoz de la Plataforma en Defensa del Río Castril, sostiene que lo que se ha hecho este asunto desde el principio han sido “falsedades”. Por eso, han pedido al TSJA que presente una cuestión prejudicial ante Europa por vulneración de la declaración de impacto medio ambiental porque entienden que “no se corresponde con la realidad” ya que se hizo evitando el estudio que es necesario para estos procedimientos. Consideran esencial que este paso se lleve a cabo para que quede claro que el proyecto no puede ser viable por todos los problemas que genera en ese ámbito. Además, según explican desde la plataforma, ni siquiera la idea inicial de la propia CHG se respeta en este proyecto con tal de adecuarlo a sus necesidades y sacarlo adelante.

“Las obras realizadas y que se pretenden acabar, no corresponden al proyecto presentado en su día por parte de la CHG, por el que se acordó la Resolución de la Secretaria de Estado de Cambio Climático la decisión de no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de ”Conducción de abastecimiento a Baza aguas abajo del embalse del Portillo“ TTMM de Castril (Trasvase del Río Castril) con la coincidencia de que la Secretaría de Estado de Cambio Climático en el año 2009 cuando se aprobó dicha Resolución, era la actual Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera Rodríguez”, sostienen desde la asociación. De hecho, junto al encierro que protagonizaron en marzo en el Ayuntamiento de Castril, enviaron una carta a la propia Ribera recordándole los hitos que consideran que hacen de este presunto trasvase un asunto ilegal.

Para Ortiz y la plataforma todo lo ocurrido desde que hace 14 años se presentase el presunto trasvase, a través de una orden ministerial que es un misterio a día de hoy porque no está publicada, es un “despropósito” que señala directamente al presidente de la CHG, Joaquín Páez. “En vez de aceptar las soluciones consensuadas en el territorio donde se ubican las obras ”Altiplano de Granada“ y presentadas en su día, en marzo del 2009, en el proceso de desarrollo del III Ciclo del nuevo PHG 2021-2027, rompiendo el consenso alcanzado, aportando cuatro alternativas y eligiendo la terminación de las obras ilegales con justificaciones falsas, habiendo soluciones menos gravosas para los ciudadanos y reabriendo una vez más, el conflicto social alargado en el tiempo enfrentado a pueblos y ciudadanos hermanos”. Porque, insisten, no están en contra de que se utilice el agua del río para abastecimiento si es necesario, pero dudan de que el objetivo real sea ese, tal y como han señalado previamente.

Por su parte, fuentes de la Confederación rechazan valorar este asunto alegando que ya se han pronunciado previamente en el mismo sentido: no va a haber ningún trasvase. Afirman que no hay voluntad de llevarse el agua de Castril y que desde la plataforma están repitiendo dicho mantra. No obstante, sí que es cierto que desde la CHG han dicho en alguna oportunidad que de lo que se trata actualmente es de “finalizar la tubería para dotar de agua a los municipios de Baza, Caniles, Zújar y Freila, ya ejecutada al 94%”. Extremo, el del abastecimiento humano, que no se creen en la plataforma, porque dicen que hay otras opciones como el uso de manantiales naturales que tienen agua suficiente para toda la zona y que no pondrían en riesgo un entorno que, tarde o temprano, sufrirá gravemente las consecuencias de la sequía que ya se está acentuando con el paso de los años.