Los informes finales de las defensas de ex altos cargos en Empleo marcan esta semana el juicio de los ERE

La nueva semana de sesiones del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis con el programa presupuestario 31L, conocidas como ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, estará marcada por los informes finales de las defensas de la mayoría de los ex altos cargos en la Consejería de Empleo encausados.

Así, este lunes, sesión número 139 del juicio, que comenzó el 13 de diciembre de 2017 y que va camino de alcanzar un año, se abrirá con la evacuación del trámite de informe final por el abogado José Manuel García-Quílez, que ejerce la defensa del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Rodríguez Román ostentó el cargo de viceconsejero entre marzo de 2005 y abril de 2010, etapa que compartió durante la mayoría del tiempo con el acusado Francisco Vallejo como titular de Innovación. Además, entre los años 2005 y 2008 fue vicepresidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas de los ERE después de recibir los fondos del 31L desde la Dirección General de Trabajo, órgano concedente de las mismas, a través de transferencias de financiación, herramienta presupuestaria que, según las acusaciones, permitió eludir la fiscalización previa de las subvenciones concedidas.

Tras Rodríguez Román, comenzarán las defensas de la mayoría de ex altos cargos de la Consejería de Empleo a presentar sus informes finales, empezando por el abogado Pedro Apalategui, que ostenta la representación procesal del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que, al igual que Rodríguez Román, se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

Este dirigente socialista gaditano fue viceconsejero entre abril de 2004 y abril de 2010, coincidiendo en la etapa de consejero de Antonio Fernández, también encausado en este proceso penal.

El turno de Javier Guerrero

Previsiblemente el martes, el abogado José Ávila expondrá el informe final relativo a la defensa del principal acusado en la causa de los ERE, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que también se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación del PP-A de ocho años, así como a 30 de inhabilitación.

La exposición del informe final elaborado por esta defensa, podría desarrollarse durante dos sesiones, tratando de defender, como ya hiciera en otras fases procesales de la vista oral, la legalidad de las ayudas sociolaborales de los ERE amparándose en la Orden Ministerial de 1995 frente a las tesis de la acusación de que eran subvenciones y el marco normativo el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública, el reglamento de subvenciones de 2001 y la Ley de Subvenciones andaluza de 2003.

El abogado de Guerrero, igualmente, en sus conclusiones definitivas, alegó que su defendido actuó “dentro de los límites legales” y con un sistema “dado pos sus superiores, consejeros y viceconsejeros”. Ávila, letrado que ejerce la defensa de Guerrero aunque no desde el principio de la vista oral, señaló que el ex director general de Trabajo actuó siempre en el marco de la legalidad vigente, pues “ni actuó ni activó un procedimiento de concesión de ayudas al margen del legalmente establecido”, sino que se otorgaron “en base a la normativa estatal, que es la administración competente para regular las ayudas sociolaborales”.

Fueron ayudas extraordinarias concedidas al amparo de la Orden Ministerial de 1995, que establece “unos requisitos mínimos, así como la concesión sin publicidad ni concurrencia, con un margen de discrecionalidad para el concedente”. Siendo esta normativa la usada por el Ministerio y otras comunidades para conceder ayudas de esta naturaleza.

Según la defensa, Guerrero, en su actuación, procede a otorgar “ayudas de forma lícita sin ánimo opaco ni ocultamiento a la intervención delegada en Empleo, con un procedimiento que le fue dado por sus superiores, consejeros y viceconsejeros”, añadiendo su abogado que el uso de las transferencias de financiación es “legal”.

Del mismo modo, Ávila manifestó el director general de Trabajo es “la autoridad laboral por excelencia y era el competente para la concesión de las ayudas, competencias otorgadas por ley”. Por todo ello, solicitó para Guerrero una sentencia absolutoria.

Cuando finalice la defensa de Guerrero, será el turno de los abogados Juan Antonio Bellón, Manuel Salinero y Adolfo Cuéllar, que ejercen las defensas de los tres ex secretarios generales técnicos de Empleo acusados en este procedimiento, Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado, respectivamente.

Los tres están acusados de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación, si bien, la Fiscalía pide ocho años de prisión para Sánchez y Aguado y seis para Medina, así como 30 de inhabilitación para los tres.