ISA y CCOO Andalucía amagan con acciones legales por el “retraso injustificado” del teletrabajo en la Junta

Los sindicatos Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) y CCOO Andalucía han anunciado acciones legales por el “retraso injustificado” y los “abusos”, así como movilizaciones tras la huelga general del 11 de noviembre, en la aplicación del teletrabajo en Andalucía. CCOO e ISA han instado en un comunicado conjunto al Gobierno andaluz a “cumplir con la normativa estatal”, el Estatuto Básico del Empleado Público y la propia Ley de Función Pública autonómica publicando “de inmediato” el Decreto.

Las organizaciones sindicales han lamentado la “incapacidad” de la Junta de Andalucía para desarrollar el reglamento del teletrabajo en la Administración autonómica. Tras cerrar la negociación del Decreto en julio de 2024, el Gobierno andaluz ha “incumplido sistemáticamente todos los compromisos planteados”, incluyendo la fecha límite del 30 de septiembre acordada recientemente con otros sindicatos. A juicio de ISA y CCOO, el acuerdo suscrito por otros sindicatos en su momento supuso un “cheque en blanco” que “no ha solucionado los problemas reales, e incluso los ha agravado”.

Para ambas centrales, la circular de la Secretaría General para la Administración Pública ha resultado ser “un fiasco que incrementa la arbitrariedad en los centros de trabajo, llegando a revocarse autorizaciones concedidas”. Han reprochado, especificamente, la “discriminación” en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde “todas las solicitudes son denegadas sistemáticamente, sin atender a la carga de trabajo, a pesar de que el personal teletrabajó eficazmente durante la pandemia y en emergencias climáticas”.

Las centrales sindicales señalan que tras este “bloqueo” subyace una “preocupante desconfianza” de la Consejería de Función Pública hacia la plantilla pública y una “patente incapacidad para modernizar la Función Pública autonómica, encadenada a modelos organizativos del siglo XIX”. Ambos sindicatos destacan que esta es una modalidad de trabajo más que para determinadas personas y puestos puede suponer una “mejora sustancial de la gestión y del empleo” y, “sobre todo, una Administración como es la Junta de Andalucía, con miles de personas empleadas públicas en su nómina, no puede faltar sistemáticamente a sus acuerdos y engañar de una forma tan descarada a todo este personal”.