Mercedes Alaya ha citado este jueves el denunciante de las irregularidades en la formación
La jueza Mercedes Alaya ha citado a declarar como testigo este jueves al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla, Teodoro Montes, que fue quien denunció las “numerosas” y “graves” irregularidades existentes en la concesión de cursos que ahora investiga la magistrada, que mantiene imputados a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. Teodoro Montes declaró el 22 de agosto de 2013 ante los agentes de la Guardia Civil y enumeró por ejemplo cuestiones como la justificación de asistencia a cursos de alumnos que no habían ido a los mismos o la no presentación de documentos para justificar la realización de los ciclos en el órgano encargado del control y seguimiento.
“El hecho de que cada acción formativa tenga un techo de presupuesto, hace que se sobredimensione el coste de los cursos para llegar a ese tope máximo de gasto sin que en realidad haga falta”, consta en el acta de declaración de Teodoro Montes, quien también relató a la Guardia Civil que existen unos 450 cursos divididos en dos partidas, 2009 y 2010, realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que “no se puede certificar su materialización”.
La manera de otorgar los recursos
Los agentes también cuestionaron al testigo sobre cómo se asignaban los fondos públicos, señalando Teodoro Montes que, hasta el año 2010, la Junta de Andalucía, en virtud del estudio de una serie de parámetros, designaba, mediante resolución, a aquellos que iban a ser las encargados de llevarlos a la práctica. Eso cambió en 2010, de modo que a partir de ese momento la asignación se efectuaba mediante convocatoria, mediante la cual se estudian otra serie de parámetros. “La asignación a lo largo de todo este tiempo de las acciones formativas se ha hecho por parte de las autoridades sin que se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación”, ha subrayado.
El testigo señaló que, en el marco de estas acciones de gestión que realizaba su departamento, “uno de los primeros problemas que detectan es que se encuentran con entidades que no tienen capacidad para la materialización, en las fechas previstas, de los cursos que se les han asignado”. Se suma que su departamento “se ve desbordado en su labor de control y seguimiento de la ejecución de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas”. Preguntado sobre quiénes son los responsables de las irregularidades descritas, contestó que todos sus superiores jerárquicos “sin excepción”.
Centros de enseñanza sino homologar: dos ejemplos
El 27 de agosto de 2013, Teodoro Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil para señalar que, dada su función, detectó “graves irregularidades” en las tres fases que las acciones formativas tienen a lo largo de su desarrollo. O sea, adjudicación, gestión o control y justificación. Precisó entre los adjudicatarios se incluyen sindicatos, empresarios, fundaciones, empresas públicas y privadas. En su opinión, estos fondos públicos han servido “para financiar de manera encubierta a determinados agentes sociales y al enriquecimiento ilícito de determinadas personas relacionadas con las empresas encargadas de prestar los servicios de formación”. Mercasevilla, Santana Motor, Delphi, Astilleros, Aznalcóllar y otros han sido los casos por él citados.
Por otra parte, en relación a la homologación de los centros de enseñanza explicó que en el caso de los agentes sociales los imparten en lugares que carecen de la misma “durante años”. Es más, “existen casos en los que los agentes sociales han justificado la falta de homologación en el mal funcionamiento del departamento de control”. Puso el ejemplo de UGT-A: “Se ha constatado cómo los talleres en los que tenían que impartirse cursos de aeronáutica, no estaban montados y, por lo tanto, no podían homologarse”. O también el de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA): “Presentan más de 100 cursos justo el día anterior a que los mismos comiencen, lo que impide la labor de homologación por falta material de tiempo”.
