Pese a que la Unión Europea (UE) ha reconocido la necesidad de proteger a todas las víctimas de delitos sin discriminación, tal como se expresa en la Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas (2012) y la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025), estos derechos de protección y denuncia segura, no son accesibles para las personas en situación administrativa irregular, y más bien, la condición se convierte en potenciadora de violencias.
Por tanto, en estos días, la Federación Andalucía Acoge junto a Convive CEPAIM y Red Acoge, estamos desarrollando un taller sobre informes seguros y mecanismos eficaces de denuncia para víctimas en situación administrativa irregular en el marco de la Asamblea de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional en Inmigrantes Indocumentados). En las jornadas, diferentes organizaciones sociales de Europa, debatimos junto a representantes de instituciones de diverso perfil (Ministerio de Justicia, Inspección de trabajo, Oficina del Defensor del Pueblo o la Comisión Europea) sobre los obstáculos y estrategias a desarrollar al respecto, contando además con testimonios de víctimas.
Derechos no accesibles
En efecto, en Europa, la aplicación de las normas de inmigración a menudo tiene prioridad sobre los derechos fundamentales de las personas. Esto impide que muchas personas en situación administrativa irregular accedan a la protección y denuncien.
Una realidad que ocurre también en España, donde a pesar de las disposiciones de las legislaciones nacionales y europeas, el acceso seguro a la justicia para las víctimas indocumentadas de delitos está limitado por la normativa de extranjería que tiene prioridad sobre la protección y garantía de sus derechos.
La situación administrativa irregular, potenciadora de violencias
Desde Andalucía Acoge, en nuestro trabajo detectamos cómo la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentran muchas personas en nuestro país, las hace ser objeto de múltiples violaciones de derechos y que se conviertan en víctimas de abusos, violencia o explotación. Su mayor vulnerabilidad se produce por factores como la ausencia de redes y, por ende, menor capacidad de defensa, el desconocimiento de dinámicas en España, o la especial situación de profunda necesidad que muchas personas tienen; todo ello agudizado por el impacto de la irregularidad.
Las violencias que sufren son múltiples, desde aquéllas que se producen de una forma puntual (una agresión o un robo) hasta aquellas que se generan de forma continua y dilatada en el tiempo como la explotación laboral o la trata.
Aunque los tipos de agresiones son diferentes, los impactos que se suscitan en las víctimas comparten rasgos comunes. Convertirse en víctima no es sólo un cartel, sino un conjunto de efectos muy relevantes a nivel tanto físico como psicológico. A su situación de vulnerabilidad previa por la irregularidad administrativa, se unen los daños provocados por los hechos sufridos y los impactos psicológicos que incrementan su miedo y desconfianza.
Otros elementos son, por ejemplo, el riesgo real que corren las víctimas, y a veces para sus familias cuando buscan protección y deben denunciar. Así, comunicar su situación las exponen frente a sus agresores a sufrir represalias o a que nunca vuelvan a ser contratadxs en un mercado laboral. Este es el lugar desde el que las víctimas deben afrontar la búsqueda de protección.
Avanzar hacia un sistema creado desde la realidad de las víctimas
Por consiguiente, el sistema de protección debería tener en cuenta estos componentes a la hora de crear mecanismos que realmente se adapten y protejan a las víctimas, debido a que no es un simple trámite administrativo lo que estamos debatiendo, sino la capacidad que tenemos de crear puertas de acceso reales a la acción de protección y reparación. En caso contrario, será aceptar que una persona en situación administrativa irregular puede ser explotada y agredida sin miedo por parte de sus agresores.
Así, los sistemas deberían considerar por una parte la especial vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular a ser víctimas de delitos, y por otro lado, adaptarse a las condiciones que tiene una víctima en lo relativo al miedo y vulnerabilidad. De otro modo, serán sistemas fallidos de protección.
Sin embargo, en la actualidad en España, a pesar de estar reconocidos derechos de acceso a justicia y protección en normativas como el Estatuto de la Víctima o de Igualdad de Trato, la realidad es que los sistemas siguen presentando deficiencias que impiden el verdadero acceso, y poniendo por encima la normativa de extranjería. Consecuentemente, las víctimas se enfrentan a numerosos obstáculos, malas praxis, o a la apertura de expedientes de expulsión. Esto aumenta el miedo que de base traen las víctimas, provocando asimismo el incremento de la infradenuncia que existe actualmente; es decir, la desprotección de un porcentaje muy alto de víctimas. Por otro lado, aquellas personas que logran llevar a cabo sus denuncias sin expulsión ven muy limitada su protección, ya que, si se mantiene en situación irregular, pocos serán los derechos a los que tendrán acceso (en nuestro sistema actual la mayoría de las ayudas y prestaciones están vinculadas a la situación legal de residencia).
Por ello, las propuestas que hemos realizado en el proceso de Reforma del Reglamento de Extranjería buscan mejorar los mecanismos de denuncia; vías más adecuadas de reconocimiento como víctimas, sin que sea imprescindible la actuación de la policía y puedan hacerlo administraciones con un rol menos coercitivo. También, promover el acceso a permisos de residencia para poder acceder de forma real a derechos y como reforma clave la eliminación de las órdenes de expulsión a víctimas que denuncien haber sufrido delitos. En síntesis, un conjunto de medidas que permitan crear un sistema realmente accesible que ofreciera seguridad personal, el acceso a derechos, y la regularización como base de la protección real, porque ninguna víctima puede sentir miedo de ser protegida.
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