Paran el desahucio de un hombre enfrentado a sus vecinos por dar de comer a las palomas

El colectivo Stop Desahucios Granada remitía a los medios de comunicación, en la tarde del martes 14 de octubre, un comunicado cuyo titular parecía a primera vista una broma macabra, o la noticia (ficticia) de algún periódico satírico: “Un anciano octogenario y con cáncer va a ser desahuciado de su casa por echar de comer a las palomas”. El lanzamiento estaba previsto para las 11.00 de este jueves, continuaba el texto, convocando “a todos los activistas y a la población en general” a que acudiera a las 9.00 al domicilio de Francisco Barrera “para que este desahucio no se produzca”. El juzgado ha paralizado el desahucio durante un mes atendiendo in extremis a un escrito de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada en el que se alega que el encausado no tiene “alternativa habitacional”.

Ha sido así. Una nutrida multitud se reunió por la mañana en el portal del número 5 de la Acera de San Ildefonso (una edificación aparcelada, a tiro de piedra del Arco de Elvira) para arropar a Francisco Barrera, de 83 años. Quien, una vez evitado el lanzamiento, quiso salir a dar las gracias a todos personalmente. “Uy, me ha dao la vida -decía el anciano a varios activistas, sentado ya de nuevo en el salón de su casa- personas como ustedes que vienen a defender a una persona que no ha hecho na… Uy lo que ha venío, madre mía…”.

Francisco Barrera daba de comer a los gorriones, en realidad, desde la ventana de su casa ante la que ahora habla (en la que lleva viviendo 50 años), colindante al patio de entrada a la comunidad, lo cual terminó atrayendo a las palomas también. Vive solo, aunque su hija se preocupa de hacerle la comida y un trabajador de los servicios sociales (al que quiere como si también lo fuera) le atiende y acompaña diariamente durante unas horas. Tiene muchas horas el día, y como quiere “tanto a los animalicos”, también daba de comer a algunos gatos del barrio. “Ése es el daño que he hecho yo. Como creía que eso no tenía delito…”.

Otra vecina mayor del inmueble ha asegurado que “sí les echaba comida, pero dejó de hacerlo en cuanto le regañaron”. Por eso, explica Francisco Barrera, “salgo todas las tardes, a las cinco o cinco y media, a darles de comer a los gatos que hay” en un jardín cercano. Él apunta a cierta inquina personal del por entonces presidente de la comunidad para explicar lo que sucedió. Que la comunidad, molesta, en teoría, por esta costumbre, le denunció en el juzgado, con el respaldo de “la mayoría de propietarios de la finca”, según Stop Desahucios.

Pero esto sucedió hace ya seis años. Y sólo el pasado 8 de septiembre -con los plazos para recurrir consumados- supo su hija de la sentencia del 9 de abril de 2013, por la cual la titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Granada, Amparo Frías, determinaba que “concurren los requisitos necesarios para acordar la privación de uso de la vivienda en virtud de lo dispuesto (…) por el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que dice que al propietario y al ocupante del piso no les está permitido desarrollar actividades prohibidas, dañosas, insalubres…”, por lo cual “si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida (…) la privación del derecho al uso de la vivienda local por tiempo no superior a tres años, en función de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no es el propietario, la sentencia podrá declarar cesados definitivamente todos sus derechos relativos a la vivida o local, así como su inmediato lanzamiento”.

“Libre” de buscar otra casa

La sentencia (con frecuentes errores de ortografía y sintaxis que hacen ardua su comprensión) dice respaldarse en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que “no cree” que esta medida “vulnere el derecho a la libertad de residencia previsto en el artículo 19 de la Constitución Española, ya que 'sólo incidiría sobre la misma en un grado extraordinariamente limitado, ya que el ciudadano afectado sigue siendo totalmente libre de fijar su residencia en cualquier lugar, con la única exclusión del concreto piso al que se refiere la medida en cuestión'”.

La juez alega asimismo que el acusado “ha seguido manteniendo la situación, sin la reflexión necesaria y rectificación de su comportamiento”. Un comportamiento que no pasaría sólo por provocar “insalubridad, incomodidad y peligro” entre los vecinos al dar de comer a los pájaros, sino también por crear “situaciones de agresividad, intolerancia, agresiones verbales, coacciones y amenazas, desasosiego, temores, daños materiales, ansiedades…”.

El hombre, por su parte, alega que es a él a quien han coaccionado (un vecino muy concreto), increpándole con insultos e incluso “quitándole la llave del ascensor”. Ni la vecina antes mencionada ni ninguna otra persona del inmueble han podido corroborar a esta periódico las glosadas situaciones de tensión (“yo desde que estoy aquí no lo he visto pelearse con nadie”, nos decía la mujer, y “no he visto que se porte nunca mal con nadie”, agregaba una limpiadora).

Su hija intentó hablar con la jueza después de conocer la notificación del desahucio. “Fui a intentar explicarle que mi padre estaba enfermo, que no habíamos podido hacer nada antes, y me respondió que no quería saber nada, que yo tenía que 'haber estado más pendiente de mi padre'…”. Su padre no pudo siquiera defenderse cuando se llevó a cabo el juicio del 11 de abril de 2013: se encontraba ingresado en el hospital, debido al cáncer de próstata que padece, tal y como testifican los documentos que la hija ha podido mostrar a este periódico. “Dice que le estuvieron llamando por teléfono hasta las doce” para que acudiera al juzgado. Pero no lo pudieron localizar.

Según Stop Desahucios, tampoco contó con un abogado de oficio “capaz de interponer un recurso para paralizar el desahucio ante el juez, cuando él estaba hospitalizado de gravedad”, sin “enterarse de nada de lo que le estaba ocurriendo”. Las viviendas de este bloque, explica la plataforma, “son propiedad del Ayuntamiento de Granada, que las vendió a antiguos militares retirados”. Paga 185 euros mensuales a la empresa municipal de viviendas Emuvisa. Pero ahora, con un nuevo intento de desahucio en el aire, la prioridad de su entorno es tratar de encontrar ayuda legal competente para evitar que termine sus días en la calle.