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Un particular usa la petición de Vox para intentar obtener los nombres y apellidos de las trabajadoras de violencia de género de Sevilla

Las profesionales de los equipos sobre los que Vox pidió datos públicos están recibiendo comunicaciones de la Consejería de Justicia en las que les informa de la petición de información de un hombre y les da 15 días para alegar

El particular, que se define como "perjudicado" de una resolución de custodia, asegura no tener vínculos con el partido y apunta a que usó el texto porque le pareció adecuado. Su objetivo es que en los juzgados "no entre la ideología de género"

"Nos sentimos desamparados por parte de la Administración, ya que nos ha dejado vendidos", asegura una empleada. La Consejería se basa en un artículo de la Ley de transparencia por afectar la información solicitada a terceros

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El diputado de Vox Francisco Serrano.

Las trabajadoras de violencia de género, familia y menores de Sevilla, sobre las que Vox pidió datos personales el pasado febrero para "depurar casos ideológicos", están recibiendo comunicaciones similares a raíz de la petición de un particular. Un hombre registró días después de que se hiciera pública la solicitud del partido de extrema derecha, rechazada por el Parlamento andaluz, una petición de información con el mismo texto, según la documentación a la que ha accedido eldiario.es. Ahora, la Consejería de Justicia les ha trasladado a las trabajadoras la petición y les pide una a una que aleguen lo que crean conveniente en el plazo de 15 días. Eso a pesar de que la solicitud de Vox fue impugnada por vulnerar la protección de datos.

Todas las psicólogas, trabajadores sociales y médicos forenses de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y de los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores están recibiendo estos escritos. En ellos, el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, en el caso de los dos primeros organismos, y la Delegación Territorial de Justicia, en el caso del último, dan cuenta de la petición de información de este hombre, que reclama "una relación de nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios si estuvieren dados de alta [...] y si no también" de todos los profesionales que integraron estos equipos entre 2012 y 2019.

El texto incluye también el literal del objetivo que el particular esgrime en su solicitud, que es "poder constatar si dichos perfiles profesionales cumplían y cumplen con los requisitos de cualificación y colegiación obligatoria" y les comunica a los trabajadores que tienen un plazo de 15 días para enviar alegaciones a esta petición. El particular inicia su solicitud asegurando que es un ciudadano "afectado por resoluciones judiciales intrínsecamente ligadas a informes y dictámenes de equipos psicosociales" adscritos a estos juzgados.

Los profesionales, cuya función es elaborar informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio, han recibido con sorpresa esta comunicación y se sienten abandonados por la Administración: "Nosotros cumplimos con los requisitos que nos exigen, no debemos ser quiénes respondamos a esto. Decir que estamos indignados es poco", señala una trabajadora que prefiere guardar el anonimato.

"Nunca había pasado"

Los empleados apuntan directamente a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que a preguntas de este medio asegura que la tramitación de esta petición a los empleados responde al artículo 19.3 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, algo que aparece fundamentado en el propio escrito que han recibido. La norma prevé que cuando la información solicitada "pudiera afectar a derechos o intereses de terceros" se les concederá un plazo de dos semanas para hacer las alegaciones oportunas. 

USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), que está asesorando a los profesionales, cuestiona que este caso sea equiparable, puesto que "estamos hablando de ámbito laboral. No son terceros como tal, son empleados públicos que se deben a la Administración", explican fuentes del mismo. Además, considera que "debería haber sido la propia Consejería la que respondiera, sin pasarles la pelota a los trabajadores, que son empleados públicos". "En otras ocasiones que nosotros les hemos pedido nombres y apellidos, simplemente han resuelto que por protección de datos no está permitido... No entendemos por qué en esta ocasión no. Nunca había pasado".

Las comunicaciones recibidas por los equipos adscritos a Menores están fechados el 5 de abril, mientras que los de Familia y las Unidades de Valoración Forense Integral lo están este mismo día 9. Algo más de un mes después de que la petición de Vox fuera registrada en manos del diputado Francisco Serrano. Esta primera solicitud fue rechazada por vulnerar la protección de datos, pero el Parlamento andaluz sí aceptó otra posterior en la que pedía el número de efectivos y su vinculación profesional. La Consejería de Justicia, por su parte, ha hecho públicos los resultados de un informe que revela que casi la mitad de los trabajadores adscritos a la UVFI y los juzgados de Familia no estaban colegiados y les ha ordenado hacerlo.

"Policía de género"

Más allá de la información cuantitativa, fuentes de USTEA vinculan tanto la petición de Vox como la de este particular "a un asunto ideológico y de cuestionamiento general de todo el sistema". En este sentido, el sindicato llama la atención sobre que se trate de una petición de información general, sobre todos los trabajadores. "No es sobre un caso o un procedimiento concreto, sino sobre todo el sistema".

El hombre, que ha atendido por teléfono a eldiario.es asegura que no está ligado a ningún partido político y que utilizó el mismo texto que el registrado por la formación liderada de Santiago Abascal porque lo vio por Internet y le pareció adecuado. Se define a sí mismo como un "padre perjudicado" por una resolución de un juzgado de Sevilla en materia de custodia, que califica como "un clon de Juana Rivas". Según su versión, le fue retirada la custodia y patria potestad de sus tres hijos en favor de su exmujer, después de que un equipo psicosocial valorara a los menores.

Registró su petición el pasado 27 de febrero a las 00.13, unas horas antes de que el Parlamento andaluz impugnara la primera solicitud de Vox. La demanda llegó en primer lugar al Consejo de Transparencia de Andalucía, según confirma el organismo, puesto que es el destinatario que el hombre dispuso en el registro electrónico, pero tuvo que derivar la petición a la Consejería de Justicia, tal y como establece la ley. El Consejo de Transparencia, de hecho, se dedica a resolver reclamaciones tras peticiones de información negativas o insatisfactorias, por lo que no entraba entre sus competencias decidir en esta ocasión. Así, el 11 de marzo entra en la Consejería la petición procedente del Consejo de Transparencia.

Su autor asegura que su objetivo es que "los profesionales cumplan los requisitos para actuar en este tipo de procedimientos", que "deben ser exquisitos" e indica que "todos los actos en los que estas personas que no han cumplido los requisitos hayan intervenido, tendrían que ser declarados nulos". En este sentido, apunta a que "las reglas deben ser claras y en ellas no debe entrar ideología de ningún tipo".

A preguntas sobre a qué tipo de ideología se refiere, señala que aquella "que tiene unas connotaciones de género". "En la cual los padres y hombres hoy en día", prosigue, "bajo la excusa de algo muy loable que es la defensa de las mujeres maltratadas y asesinadas" conlleva a entender "que todos los hombres somos potenciales maltratadores y asesinos". Esto, dice, "influye en que haya una policía de género en los juzgados de familia".

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