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Cuando la pensión de viudedad depende de un céntimo de euro: la Eurocámara pide a España acabar con la desigualdad de las parejas de hecho

Silvia Oñate, en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el 12 de noviembre.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

Si estás casado y muere tu pareja, cobras pensión de viudedad. Si eres pareja de hecho y muere tu pareja, hay que sacar la calculadora, porque sólo cobras pensión de viudedad si en el año del fallecimiento ella ganó más que tú. ¿Y por qué? Porque así lo dice el artículo 221 de la Ley de Seguridad Social española. La misma ley que dice en el 219 que cualquier cónyuge del matrimonio tiene derecho a esa pensión. Independientemente de la renta de cada cual.

Silvia Oñate, exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer, es víctima de esta ley. Cuando falleció su pareja, ella cobraba más que él. Y, por eso, se quedó sin pensión de viudedad. Ahora está en paro, y ni siquiera esa circunstancia se tiene en cuenta. La ley, de 2007, no lo permite.

Por eso se ha presentado este martes ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, a defender su caso, que es el de casi dos millares de personas en España, y pedir amparo. “Es un día histórico porque una mujer viuda del sur de Europa comparece en Bruselas para poner voz a una causa justa”, ha afirmado en la Eurocámara.

“Hemos llegado al consenso en 20 ayuntamientos, con partidos, sindicatos, y venimos a hablar de una ley mal hecha que no se ajusta a las directivas europeas porque hace huérfanos de segunda. Los Estados miembros son soberanos en materia de pensiones”, ha reconocido Oñate, “pero el ordenamiento jurídico evoluciona, y pedimos el fin de la arbitrariedad. El ordenamiento da derecho a las parejas de hecho a la pensión de viudedad, pero nos lo quita en el artículo 221 cuando dice que se elimina por ganar un céntimo más en el año de fallecimiento. Ahora estoy en desempleo y se me castiga de por vida”.

Según los cálculos de Oñate, hay “unas 1.800 personas afectadas, legítimas y legales, y no podemos consentir que nuestros hijas sean de segunda. Atenta contra la carta de Derechos Humanos y las leyes europeas”.

La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido el debate con el anuncio de que enviarán una carta al Gobierno y otra al Congreso: “Se deja abierta la petición, y como presidenta de la Comisión de Peticiones he propuesto pedir al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados que legisle para dar solución a la petición que reclama justicia con las pensiones de viudedad de las parejas de hecho registradas. Hoy hemos visto, una vez más, que el Parlamento Europeo funciona y se consiguen en él grandes logros y avances”.

Previamente, la representante de la Comisión Europea, de la dirección general de Empleo, Giulia Pagliani, he insistido en que “es un caso que no representa una violación europea, es competencia de los Estados miembros. No podemos intervenir desde la Comisión sobre los sistemas de Seguridad Social”.

Silvia Oñate, sin embargo, ha replicado ese argumento, y ha señalado a la Comisión Europea que sí que podría tener margen para hacer algo: “Deben mirar todos los artículos de los Tratados, donde dice que hay que proteger a los menores sean cuales sean los condicionantes de los padres. Y la directiva de empleo en lo que se refiere a la discriminación contra las mujeres, y en este caso el 92% de las personas viudas son mujeres. Es una injusticia que atenta contra cualquier principio del ordenamiento jurídico”.

La socialista Cristina Maestre sí ha calificado la norma de “clara injusticia” y ha pedido “hacer una propuesta que armonice o sugiera a los paíse superar esta disfunción. Sugerimos que se estudie el caso, si se están vulnerando derechos y cómo se puede arreglar”. En la misma línea ha intervenido la también socialista Clara Aguilera: “Es una clara discriminación que atañe especialmente a las mujeres [el 92% de las personas viudas son mujeres]”.

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha empezado su intervención cargando contra el PSOE: “Los socialistas aprueban leyes, luego ven que tienen errores y dicen que los van a arreglar y no lo hacen. No es competencia de la Comisión, pero altera unos principios básicos de la unión: el principio de igualdad y no discriminación. No es que sea un error esta ley, sino una trampa para que no sea un derecho de hecho. No hay una ley nacional sobre las parejas de hecho en España, para que sean parejas de derecho. Apoyaremos la reforma en el Congreso cuando llegue”.

La eurodiputada del PP Rosa Estarás también ha mostrado su apoyo a la peticionaria, y también ha recordado que la norma es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “El circuito razonable es que fuera a las Cámaras españolas y que el Gobierno lo cambie, que se aprobó en 2007 bajo Gobierno socialista. Estamos en 2019, han pasado 12 años. Es una pena que se tenga que hacer a través de Europa una cosa que se podría haber hecho en España. Los españoles se merecían hacer el circuito corto”.

Oñate, para concluir, ha querido despolitizar la propuesta –“no es un asunto ideológico”– y ha recordado que fueron al Congreso de los Diputados, pero el Gobierno estaba en funciones.

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