Policías de Granada piden proteger su identidad ante los abogados por ser estos activistas
Agentes de la Policía Nacional de Granada han pedido declarar como testigos protegidos alegando que la participación de dos abogados defensores en las mismas movilizaciones que los activistas a los que representan podría poner en peligro el anonimato de los agentes y comprometer su trabajo.
En un escrito del pasado 5 de noviembre al que ha tenido acceso eldiarioandalucia, la Jefatura de Policía de Andalucía Oriental, con sede en Granada, solicita que se tomen las “oportunas peculiaridades para ocultar su identidad”, impidiendo que puedan coincidir o ser reconocidos por los detenidos debido a que su labor policial “se basa fundamentalmente en el anonimato”.
El escrito, que firma el comisario jefe de la Brigada de Información, reclama que se hagan extensibles las medidas a los dos abogados de la defensa “debido a que, por norma general participan en las convocatorias a las que acuden sus defendidos, por lo que la identidad de los Policías quedaría igualmente comprometida”. En el escrito del día 11, el juez de instrucción aprueba tomar dichas medidas tras informe favorable del fiscal.
Ultraje a la bandera
Ultraje a la banderaSe trata de dos agentes de la Brigada de Información de Granada que participaron en el dispositivo policial desplegado el 2 de junio en una manifestación prorepublicana tras el anuncio de la abdicación de Juan Carlos I. Durante dicha movilización, los manifestantes rodearon la bandera constitucional de 35 metros cuadrados situada en una glorieta de la Avenida de la Constitución de Granada, la descolgaron y la rasgaron, sustituyéndola por una bandera tricolor de la II República.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada investiga si tres de los manifestantes fueron los autores materiales del descuelgue y posterior rotura de la bandera, por el cual se les imputan delitos de desórdenes públicos, ultraje a la bandera y daños. El testimonio de los agentes de la Brigada de Información, que asistieron a la manifestación tomando imágenes de paisano, los denominados “secretas”, serviría para confirmar la autoría de los tres imputados.
Decisión impugnada y más casos en Granada
Decisión impugnada y más casos en GranadaLos letrados Antonio Folgoso y José Antonio Mazuecos, representante el primero de dos de los acusados y el segundo del otro, han impugnado ante el propio juzgado de Instrucción 3 la decisión. En declaraciones a este medio, Folgoso, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), explicó que “se ha pedido la nulidad” por entender que se vulnera el derecho a la defensa de sus clientes, pero no quiso entrar en valoraciones hasta conocer la resolución que tome el juez. Sí manifestó su “extrañeza” con los “ambiguos términos” del informe de la Policía. Los letrados estudian llevar el caso ante el Colegio de Abogados de Granada.
Según ha podido saber eldiarioandalucia, medidas similares se han tomado respecto a otros dos abogados en Granada: el letrado de Stop Desahucios, José Iglesias, y la del sindicato CNT, Montserrat López. Esta última sólo quiso indicar lo “extraño” de que se explicite dicha protección, ya que, asegura “normalmente un abogado defensor no ve la cara a los testigos protegidos, ni durante la instrucción ni en la vista oral”.
Procedimiento habitual y “listas negras”
Procedimiento habitual y “listas negras”El portavoz de la Policía Nacional en Granada, Antonio Bellido, indicó a este diario que no se valorará el caso mientras siga pendiente de decisión, pero que en cualquier caso “es habitual” que se pida que los agentes de la Brigada de Información declaren como testigos protegidos, ya que “si se revela su identidad se pone en peligro la eficacia de su trabajo, que es muy delicado”. Entiende Bellido que “la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impide que esta protección se amplíe a los abogados defensores”.
Para los letrados consultados, la medida y los términos en que se solicita reabrirían la polémica de las llamadas “listas negras”, listas presuntamente ilegales en poder de la Policía en la que se recopilan datos de activistas sociales aunque estos no tengan antecedentes de ningún tipo, y que es la que facilitaría las polémicas “identificaciones visuales”, como la que se habría producido tanto con los abogados en las movilizaciones en las que hayan participado como con sus propios defendidos durante el presunto ultraje a la bandera.
