La Junta remite a la comisión de investigación del PP para enfriar el caso del gasto público en un prostíbulo

El consejero de Empleo del Gobierno andaluz, Javier Carnero, ha comparecido este jueves en el Parlamento (por quinta vez) para explicar cómo está gestionando su departamento un escándalo ocurrido hace ocho años: el gasto de dinero público (casi 15.000 euros) en un prostíbulo de Sevilla con cargo a la tarjeta de crédito de un antiguo directivo de la agencia pública para la formación de parados (Faffe), vinculada a su consejería. Este asunto, uno de los más dañinos para el Gobierno de Susana Díaz, forma parte de una investigación judicial en curso, una pieza separada de otra macrocausa -el supuesto fraude en los cursos de formación a parados- y que gira en torno a la extinta Faffe y al que fue su director general en 2010, Fernando Villén, un socialista muy conocido en el partido y en la Junta.

En su última intervención, el pasado 31 de julio, Carnero desveló que se había detectado otro movimiento sospechoso en la contabilidad de una segunda tarjeta de crédito, asociada a la misma persona: Fernando Villén, ex director de la Faffe. Entre 2004 y 2008, se hicieron devoluciones desde esa tarjeta por un importe de 23.000 euros, un dinero que la Junta desconoce en qué se gastó, pero presume que sirvió a Villén para “compensar” el gasto “en temas personales” que hizo con una tarjeta que tenía exclusivamente para asuntos de trabajo.

El PP, que está personado en la causa, preguntó entonces y hoy al consejero en qué se gastó ese dinero público, pero Carnero no ha ofrecido datos nuevos. Bien porque no los tiene: la Junta ha reclamado a la entidad bancaria de la tarjeta (La Caixa) el extracto bancario para desglosar esos 24.000 euros, pero ésta se ha negado a proporcionárselo. Bien porque el consejero defiende que esta información debe aportarla al juzgado, y no al Parlamento, alegando el respeto al secreto de sumario que está reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Un mes después no sabemos en qué se gastaron esos 24.000 euros. Usted no quiere pasar la vergüenza de contar que, quizá, se gastó en más alcohol, más fiestas y más puticlub”, le ha espetado la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero.

En este asunto, los populares son los más beligerantes con la Junta de Andalucía, fueron los primeros en registrar en el Parlamento la petición de una comisión de investigación sobre el uso irregular de las tarjetas de crédito de la Faffe en un prostíbulo. Luego lo hizo Ciudadanos, hasta ahora socio de legislatura del PSOE. Esa comisión de investigación salió adelante ayer miércoles, después de que los socialistas, sorpresivamente, retirasen el veto que habían presentado, permitiendo así que su creación entrase sin problemas en el orden del día del Pleno de la semana que viene. El PSOE retiró su escrito contrario a la comisión de investigación el miércoles por la mañana. Dos horas después compareció ante la prensa el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, que no hizo mención ni explicó el cambio de criterio. Hoy los socialistas ofrecían esta escueta explicación, sin ánimo de ahondar mucho más en el asunto: “Habida cuenta de la voluntad del resto de los Grupos Parlamentarios para su creación...pues el Grupo Socialista manifiesta su voluntad de retirar el escrito de oposición”.

Cuando el PP ha reclamado hoy nuevos datos y explicaciones al consejero de Empleo, responsable en primera instancia del departamento investigado, éste se ha remitido a la futura comisión de investigación en la Cámara. “Se va a constituir una comisión de investigación en la que se aportarán todos los datos precisos”, ha dicho Carnero, que por la mañana tampoco ha querido responder a las preguntas de los periodistas. La diputada Ruiz Sillero le ha respondido que esa comisión de investigación es “una trampa”. “Se ha aprobado, pero no dará tiempo de ponerla en marcha ni de conocer esos datos, porque Susana Díaz va a convocar elecciones anticipadas”. Las relaciones entre los socios de legislatura PSOE-Ciudadanos se han enconado en los últimos días. El partido naranja ha escenificado la ruptura de su acuerdo político con los socialistas, acusándoles de incumplir las medidas pendientes en ese pacto. Y el PSOE ha respondido que se están convirtiendo en “un factor de inestabilidad para abocar a Andalucía a un adelanto electoral” el próximo otoño. En cuanto Díaz disuelva el Parlamento y convoque los comicios, todas las iniciativas que se están tramitando -incluida la incipiente comisión de investigación de la Faffe- decaerá y no llegará a celebrarse.

El consejero de Empleo ha insistido ante los grupos parlamentarios que “desconoce” el uso que se hizo de esos 23.000 euros de fondos públicos, que luego fueron repuestos, pero el PP le ha afeado su “afán de ocultamiento”. La susceptibilidad de la oposición se debe a que ocurrió algo similar con los 15.000 euros de la primera tarjeta, que luego los extractos bancarios revelaron que se habían gastado en un prostíbulo de Sevilla. “Yo no sé en qué se gastó ese dinero, hemos pedido los extractos bancarios a la Caixa y aún no nos lo han proporcionado”, dice Carnero. Ante la negativa de la entidad financiera a colaborar, el gabinete jurídico de la Junta ha elevado la petición al juzgado que investiga la causa, para que éste desbloquee el asunto. 

La fiesta en el prostíbulo

El 22 de marzo de 2010, el entonces director de la Faffe, Fernando Villén, usó una tarjeta MasterCard asociada ligada a esta empresa pública en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo-. Realizó 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Esa fiesta tuvo lugar el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constaban en la contabilidad de la tarjeta porque, a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne, alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. La Junta lo descubrió porque solicitó los movimientos bancarios a Unicaja -entidad vinculada a la tarjeta- donde sí constaba la devolución de esos 15.000 euros del prostíbulo. 

Existía una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero sigue sin recibir una respuesta oficial. “El personal de esa entidad bancaria ha trasladado al personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un correo electrónico con hoja de Excel que contiene información no verificable e inconexa de los extractos relativos a los movimientos de esa cuenta y de la tarjeta del señor Villén”, alegó Carnero en su comparecencia del 31 de julio.

La Faffe era una fundación que se creó en 2003, que gestionó el 90% de los fondos de la Consejería de Empleo, llegó a manejar 330 millones de euros para formación de parados, y fue extinguida en 2011, envuelta ya en sospechas por el uso indebido de fondos públicos. Fue sometida a tres auditorías que no detectaron menoscabo de fondos y el Tribunal de Cuentas también investigó sus números sin hallar ningún delito.