La productora del Gobierno andaluz hace las primeras elecciones sindicales en 11 años investigada por la Inspección de Trabajo

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de contenidos de Canal Sur, ha celebrado este jueves las primeras elecciones sindicales en 11 años (2015) para dotarse de un comité de empresa que represente los derechos de sus trabajadores.

Es “una anomalía” que una compañía semipública que había acreditado una plantilla de más de 250 trabajadores ante el Ministerio de Trabajo haya funcionado más de una década sin un comité de empresa, advierten los sindicatos de RTVA, vigilantes del procedimiento interno de ADM.

La votación ha estado abierta desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, y la participación ha sido del 69,6% de un censo de 135 trabajadores.

Se presentaban dos listas, una de CCOO y otra del SPA (Sindicato de Periodistas de Andalucía). Ha habido 100 votos, 94 válidos: 54 hombres y 40 mujeres. El SPA ha ganado con 63 papeletas frente a 30 de CCOO, un voto blanco y seis nulos. El comité de empresa de la principal productora de Canal Sur tendrá nueve miembros, seis del SPA y tres de CCOO.

Estas no eran unas elecciones sindicales más de una empresa cualquiera, dada la importancia estratégica que tiene la compañía audiovisual para el Gobierno de Moreno y para la propia RTVA.

La plantilla de ADM se ha movilizado masivamente después de que la productora, referente en el sector audiovisual andaluz, se viera salpicada por una serie de escándalos denunciados desde dentro por las trabajadoras y publicados por este periódico hace cuatro meses.

La chispa fue la noticia, publicada el 9 de junio, de que un jun juez de Violencia de Género de Sevilla había imputado al director general de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión sexual y acoso sexual a una reportera. Fuentes había sido denunciado en febrero, citado a declarar como imputado desde el 25 de marzo, pero no fue hasta la publicación de la noticia cuando el Gobierno andaluz, accionista mayoritario de ADM, aprueba su cese fulminante.

La investigación judicial contra Fuentes, que entonces presidía el Clúster Audiovisual de Andalucía, destapó otras situaciones de acoso laboral en la productora (algunas denunciadas, otras no) y animó a otras trabajadoras a hacer pública la situación “irrespirable” que se vivía en la empresa y el comportamiento “tiránico” del CEO y su núcleo duro con la plantilla.

Al poco, elDiario.es reveló que la productora de Canal Sur había falseado presuntamente su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, sólo un mes antes de que la reportera denunciara a Gustavo Fuentes y de que un juez de Violencia de Género le imputase por estos delitos.

El Plan de Igualdad, cuyo objeto es precisamente prevenir situaciones de acoso sexual en la empresa (entre otros), es un documento obligatorio para todas las compañías con más de 50 empleados, que debe ser negociado y aprobado entre la dirección y sus trabajadores.

ADM acreditaba entonces 258 empleados ante el Ministerio de Trabajo, es decir, legalmente le correspondía tener un comité de empresa que velara por los derechos de la plantilla. Sin embargo, en el momento de fimar el Plan de Igualdad y registrarlo en el Ministerio, sólo contaba con dos delegados sindicales: uno llevaba más de cuatro años fuera de la empresa, en situación de excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo; y el otro era un directivo de la empresa próximo a Fuentes.

Cuando elDiario.es hizo públicas estas anomalías, el primero renunció a su excedencia y dejó la productora, y el segundo renunció a seguir siendo delegado sindical.

A raíz de la publicación, dos sindicatos de la RTVA denunciaron que ninguna de sus dos firmas, como miembros de la “comisión negociadora”, era válida para dotar de legalidad el Plan de Igualdad de la productora inscrito en el registro del Ministerio.

La Inspección de Trabajo abrió un expediente a ADM para investigar “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia.

Los inspectores notificaron a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dieron un plazo para corregirlo o presentar alegaciones. Tras la renuncia de los dos delegados sindicales señalados, los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir la convocatoria de elecciones sindicales.

Gran parte de los problemas laborales que acumula la productora de Canal Sur tiene que ver con la “falta de cultura sindical” de una plantilla de periodistas, “más volcada en contar los problemas de los demás” que en “defender sus propios derechos”. “ADM siempre ha sido una subcontrata de Canal Sur, una especie de empresa pantalla, donde los reporteros hacen lo mismo que los periodistas de la RTVA, pero cobran menos, tienen peores condiciones y, además, no están protegidos ante situaciones de acoso tan graves como las que vivió la compañera que denunció al CEO”, explica un directivo de la compañía, que pide preservar su anonimato.

La realidad laboral de ADM es una anomalía dentro del sector audiovisual andaluz por muchas razones: se trata de una empresa semipública, propiedad del Gobierno andaluz al 48% y asociada a la Radio Televisión Andaluza (RTVA), es decir, en cierta manera se vende contenido audiovisual a sí misma (tanto programas que son insignia de Canal Sur, como Andalucía Directo que lleva 25 años en antena; como vídeos promocionales de varias consejerías de la Junta).

El Ejecutivo de Moreno tiene la participación mayoritaria de esta productora a través de Sandetel (Agencia de Telecomunicaciones de la Junta). Sin embargo, el resto de accionistas son empresas privadas que, juntos, suman un 2% más que el accionariado público, y esto le permite sortear la fiscalización directa del Parlamento andaluz y del Consejo de la Transparencia.

El CEO de Sandetel, alto cargo de la Junta, es también el presidente del Consejo de Administración de ADM, Sergio Gómez Rojas, y se ha negado a hacer públicas las actas de la reunión de accionista del pasado mes de junio, en la que se acordó el cese (primero provisional, luego definitivo) del entonces director general de la productora, Gustavo Fuentes, tras destapar este periódico que un Juzgado de Violencia de Género le investiga por “agresión sexual” y “acoso sexual continuado” a una reportera.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el ex CEO de la productora ADM fuera citado a declarar ante el juez como imputado por delitos sexuales, Gómez Rojas le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado, a través de su cuenta de Instagram.

La llamada del CEO de Sandetel, empresa adscrita a la Consejería de Industria, permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia', asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso. Luego envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales a una reportera, adjuntando un escrito en el que confirma que el presidente de ADM le había puesto en sobreaviso de la segunda denuncia contra él.

Las elecciones sindicales en la productora del Gobierno andaluz se han celebrado después de un amago de la actual dirección por convocar una asamblea para nombrar a otro delegado sindical, tras la renuncia de los dos últimos. La intermediación de los sindicatos de la RTVA empujó a ADM a abrir el proceso interno, primero en la sede de Málaga, donde fue elegido un representante antes de verano, y ahora en Sevilla.

Las primeras elecciones sindicales desde 2015 también han hecho aflorar el censo de trabajadores en una empresa donde la rotación es muy frecuente, con entradas y salidas de empleados según los programas contratados. El primer censo superaba los 250 trabajadores, incluidos fijos discontinuos, luego se corrigió hasta dejarlo en 137.

También es la primera vez que afloran los nombres de algunos contratados a dedo por la dirección de ADM, allegados a miembros del Gobierno de Moreno, directivos de la RTVA o presentadores de la cadena que, según denuncian sus compañeros, “entraron enchufados, sin una función clara y, en algunos casos, a costa del despido de otros compañeros”. La compañía lleva buscando candidato para sustituir a Gustavo Fuentes como director general desde el pasado mes de junio.