Los partidos piden una partida presupuestaria específica para el servicio jurídico a presos en 2015
La comisión de Justicia e Interior arrancaba este lunes su particular nuevo período de sesiones con una cuestión realmente poco novedosa: la aprobación de una Proposición No de Ley para reanudar el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, suspendido desde abril de 2012. Es la tercera vez que se aprueba en la legislatura una proposición de este tipo. Pero el hecho se producía sólo un día después de que la Junta anunciara que había alcanzado un acuerdo con los representantes de los abogados andaluces para tal fin. ¿El resultado? Los grupos instaron de nuevo a la Junta a que reactive definitivamente esta atención jurídica pero, además, respaldaron por unanimidad que este servicio cuente con una partida específica en los próximos presupuestos para 2015. Ahora, una vez solventadas aparentemente las dificultades administrativas para firmar el nuevo acuerdo, la cuestión se centra en el cuánto y en cómo será la prestación del servicio. Y eso ya ha levantado las primeras suspicacias en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
El encuentro de la comisión parlamentaria volvió a dar vueltas a las mismas cuestiones de anteriores ocasiones: la necesidad de que el Ministerio de Interior deba estar o no presente en el acuerdo para reanudar el servicio, el hecho de que los verdaderamente afectados de la falta de consenso político son las personas que integran la población reclusa andaluza (unas 16.000) y, principalmente, la recurrente oportunidad de echarle la culpa al partido contrario a la hora de argumentar el porqué de la no reanudación de una atención jurídica que, desde todos los frentes, se valoraba como fundamental durante los diez años que había estado prestándose de forma continuada.
El portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Ferreira Siles, lamentó, como el resto, que el servicio lleve “dos años paralizado”. El PP, que presentaba la proposición, rechazó incorporar una enmienda in voce de la portavoz de IU, Alba Doblas, relativa a instar al Consejo de Gobierno de la Junta a la inmediata reanudación real y efectiva, así como instar al Ministerio de Interior a dar el visto bueno al acuerdo con la máxima celeridad. El problema parecía seguir estando en los posicionamientos polìticos de cada grupo mientras las cuestiones formales parlamentarias no derivan en una propuesta concreta.
“Está por ver que salga adelante lo anunciado por la Consejería el domingo”, dudaba el portavoz popular, quien había propuesto en uno de los puntos de la proposición no de ley desaprobar la gestión del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, cuestión rechazada gracias a los votos de PSOE e IU. El PP anunicó un “recorte sustancial” de abono a los abogados, “un cuarto de lo que se les estaba pagando antes”, según concretó, añadiendo que los abogados no pueden actuar “como una ONG” y entendiendo que el borrador del nuevo acuerdo “no satisface a nadie” y “limita el servicio de asesoramiento sin poder actuar”, solicitando al respecto “una partida separada para los presupuestos de 2015”. “La que se pueda, la que permita prestar bien el servicio”, añadía.
“Un recorte presupuestario del 66%”
Alba Doblas, por su parte, puso de manifiesto el continuo interés de su grupo parlamentario para reactivar el servicio y recordó varios hitos de dicha “reanudación fallida”. “Que el servicio empiece a prestarse ya”, resumió, justificando en cierto modo su voto en contra de la desaprobación de la gestión de la Consejería, a quien achacó de cualquier modo la “responsablidad” a la hora de no acometerla. IU, igualmente, insistió en que se hace “necesaria la distinción en la partida” en los prespuestos para el próximo año.
Por parte del Grupo Socialista, Enrique Benítez, que saludaba la iniciativa popular, centró su intervención en “el intento de hacer política” por parte del PP, acusando al Ministerio de no apoyar la reanudación del servicio al no suscribir la prórroga del convenio hace un par de años. Un “debate que quiere fijar en la confusión” y que “ desgraciadamente la población reclusa sufre por la falta de actividad del Ejecutivo central”, señaló el diputado del PSOE, que defendió que “siempre ha habido voluntad por parte de la Junta para reactivar el servicio y, gracias a la insistencia y a la cabezonería de la Consejería, por fin se ha desbloqueado”.
De cara al nuevo acuerdo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ya ha mostrado su preocupacion por la calidad del servicio, a tenor de las primeras cifras presupuestarias que se barajan. Al margen de trasladar su satisfacción por la reactivación de la atención jurídica, como ha perseguido durante los últimos meses y cuya labor han defendido los tres grupos parlamentarios, APDHA ha lamentado que el servicio “sufrirá un recorte presupuestario del 66%, lo que mermará su calidad y eficacia”.
Por eso, APDHA denuncia que “se pondrá en marcha otra orientación penitenciaria que nada tiene que ver con la anterior, puesto que ”se reducirá el número de letrados que asistirán a las prisiones (antes, uno diario en la mayoría de las provincias), lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos se reducirá significativamente“, lamentaban este lunes en un comunicado.
