El PSOE-A recuerda a C's que la Junta de Andalucía lleva reduciendo los entes instrumentales desde 2011
La propuesta de reducir en “una veintena” las empresas públicas en Andalucía, lanzada por C's como supuesta nueva condición para dar su respaldo a los presupuestos autonómicos de 2016, ha despertado recelos por la repercusión que podría tener en el empleo y en los servicios que suponen. En todo caso, desde el PSOE-A, que ha comenzado con este grupo las negociaciones para las cuentas y que ya ha superado el principal escollo con el compromiso de una rebaja fiscal, creen que hay margen para hacerlo sin que sea traumático. De hecho, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha subrayado este miércoles que la reducción de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía se lleva aplicando desde hace tiempo, con 137 eliminados desde 2011, con un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
Cierto es, por un lado, que de las condiciones puestas por C's no son todas para 2016, y de hecho, la de las empresas públicas no precisa el ejercicio en el que pretenden que se lleve a cabo, por lo que el PSOE-A entiende que podría encajar en su planificación de ir caminando hacia “una mayor racionalización y eficacia de la administración, como ya se está haciendo”, tal y como ha precisado Mario Jiménez. Y por otro lado, también es verdad que C's intenta reflejar una mayor tensión en estas negociaciones de la que realmente existe, toda vez que, fuera de micrófonos, las dos fuerzas políticas reconocen que prácticamente hay ya consenso para que los de Juan Marín permitan aprobar la ley de presupuestos de 2016 a un PSOE-A en minoría en el Parlamento de Andalucía.
Lo que sí pide para el próximo ejercicio C's es que las cuentas reflejen un plan especial para pymes y autónomos dotado con 125 millones de euros; un incremento de las plantillas de sanidad y educación; el aumento hasta el 100% de la jornada laboral de todos los profesionales que actualmente cuentan solamente con el 75% debido a los recortes; y una primera subida comprometida en la dotación para la dependencia que permita llegar a un 10% en toda la legislatura. Todos son compromisos del PSOE-A también por lo que en principio habría garantía de consenso.
Por el contrario, C's reclama también sin fecha concreta que el Gobierno de Andalucía se comprometa la reducción de miembros del consejo de administración de la RTVA, que pasaría de 15 a siete personas, y del Consejo Audiovisual Andaluz, de 11 a cinco, cuestiones igualmente en las que no ya sólo el PSOE-A, sino todos los grupos del Parlamento de Andalucía, parecen coincidir desde hace años pero que no terminan de concretar.
Desde C's han coincidido en señalar la necesidad de que, a través de sus propuestas, la Junta de Andalucía “comience a dar un giro de 180 grados en sus políticas para obtener resultados distintos a los cosechados hasta ahora y conseguir la creación de empleo de calidad y la mejora del bienestar y los servicios sociales en la comunidad autónoma”, como una manera de vender su papel en este cambio.
En este contexto, el vicepresidente del Gobierno de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha confiado en que se podrán “saltar esos obstáculos”, cuando se le ha preguntado por la reducción de empresas públicas. En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, ha abundado en el “el grandísimo esfuerzo que la Junta de Andalucía ha venido haciendo”, por lo que cree que será posible “encontrar un equilibrio” con las exigencias de C's.
Mientras, la diputada de Podemos Esperanza Gómez ha manifestado sobre la propuesta de cerrar esas empresas públicas que “parece muy fácil decir que se eliminen, pero sin explicar qué pasa con los servicios que prestan”. Ha interpretado que se trata “de buscar titulares cuando el pacto ya está hecho” para la aprobación de las cuentas de 2016.
Por su parte, el PP-A ha mostrado su preocupación por el empleo y ha acusado a C's de generar “incertidumbre”, en palabras de su vicesecretaria de Organización, Electoral y Formación, Patricia Navarro. Ésta ha llamado la atención sobre que “C's no ha explicado cuáles serían esas empresas públicas ni cuál es su plan B, en relación a si habría una reestructuración. ¿O piensa en dejar a esos empleados en la calle?”.
