La Junta cifra en más de 1.600 millones el ahorro por la reordenación de entes instrumentales
La Junta de Andalucía ha reducido ya en 132 sus entes instrumentales desde que en 2011 se puso en marcha este plan negociado por el Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas, lo que a finales de 2015, cuando haya completado el proceso, le habrá supuesto un ahorro de 1.637 millones de euros anuales. En muchos casos se ha optado por la fusión, pero el grueso son extinciones, con 107 que han desaparecido, sobre todo (96) unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico (Utedlt).
Cabe recordar que la aprobación del Acuerdo 1/2010, de 22 de Marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, determinó el compromiso por parte de las comunidades autónomas de reducción de entes instrumentales para disminuir el gasto público. Cada comunidad autónoma presentó su compromiso y sumaban 834 entes instrumentales que había que eliminar. Todas han cumplido con el calendario, según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De hecho, Andalucía, que es la que más tenía que eliminar, ha extinguido ya los citados 132 entes instrumentales y sólo le quedarían cinco para lograr este compromiso. Cuando lo haya cumplido su mapa de la periferia quedará con 229 entes instrumentales, sólo superada por Cataluña, con 352.
Para cumplir el objetivo fijado quedan cinco entes instrumentales por extinguir: Consorcio Centro de Transporte de Málaga, Fundación Málaga Ciudad Cultural, Consorcio Centro de Investigación y Formación Agricultura Ecológica y Rural, Sociedad Eólica de Andalucía SA e Iniciativas Noreste de Granada SA. Se trata de entidades para las que existe compromiso de baja si bien éste o no se ha iniciado o está en un estadio no próximo a su definitiva extinción.
En todo caso, el compromiso conllevaba la exigencia de que cada consejería elaborara un plan de ajuste para cada uno de los entes instrumentales que tienen adscritos, básicamente para que garantizar un control de sus finanzas. Sin embargo, esta información no se ha facilitado, de manera que se desconoce si todos cuentan ya con este plan y qué supone en cada caso.
Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública destacan que este ahorro se ha conseguido “sin privatizaciones ni ventas ventas de empresas públicas a inversores y sin cierre de servicios”. En este sentido, el ahorro se ha conseguido también con la reducción de otros gastos (por ejemplo eliminando arrendamientos o vehículos), mediante compras centralizadas (por ejemplo en contratos de mantenimiento o limpieza) y con una política de personal que consiste en no provocar despidos, a cambio de una reducción equitativa de parte de las retribuciones (con la reducción del 5% en la paga de los funcionarios en 2012, 2013 y 2014, que se recupera este año), y una disminución de jornada para determinados puestos.
La otra lectura es que este plan supondrá en total la destrucción de 815 puestos de trabajo (con lo hecho hasta ahora se han reducido 778 efectivos, en su mayoría agentes locales de promoción del empleo), si bien desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública inciden en que “los afectados por el proceso son fundamentalmente personal directivo y cuadros intermedios en todos los entes instrumentales de todas las consejerías”. Recalcan con ello que el proceso “no conllevaba despidos masivos de empleados públicos”, y en todo caso, que ya está culminada esta parte. Ponen el ejemplo de las comunidades autónomas en las que sí ha habido despidos en masa, siendo las tres más afectadas Castilla la Mancha (15.399), Cataluña (12.842) y Valencia (9.082). Son lógicamente tres CCAA que han conseguido un ahorro mayor que Andalucía.
