El enfrentamiento con el Gobierno consolida la política alternativa de la coalición PSOE e IU en Andalucía
La báscula más fiable para medir el peso político de Andalucía está en su particular situación: desde hace un año es la única comunidad importante con un gobierno de izquierdas (8,4 millones de andaluces frente al millón de habitantes de Asturias). El 25 de marzo de 2012, la marea azul del PP-A que entonces lideraba Javier Arenas, y que parecía que iba a arrasar, se frenó en seco y quedó contra todo pronóstico a cinco escaños de la mayoría absoluta, dejando vía libre a una coalición PSOE-IU (en el Principado, IU sostiene al gobierno en minoría del PSOE pero no forma parte del ejecutivo). Andalucía se convirtió así en un campo de pruebas de los dos partidos para demostrar que pueden marcar un paso distinto a las políticas neoliberales de las demás comunidades y del Gobierno central, y también un campo de batalla con un discurso de confrontación contra el PP. Y todo, en un contexto en el que conviven una tensión recentralizadora y un debate territorial soberanista y nacionalista de Cataluña y País Vasco que eclipsa por completo la iniciativa andaluza.
Los pilares del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, son las dos líneas rojas que PSOE e IU han marcado en su pacto (250 medidas concretas y 28 leyes) y que está dando pie a interesantes pulsos con Moncloa. El ejemplo más llamativo es la subasta de medicamentos. En lugar de ahorrar con cierre o privatización de centros de salud y hospitales, la Junta ha subastado 330 principios activos al mejor postor para salvar 200 millones. El Ministerio de Sanidad, viendo invasión de competencias, lo ha impedido con recursos ante el Tribunal Constitucional y presiones al sector que acudió a la puja. En educación, la Junta no cobra por calentar el tupper en un microondas, mantiene los comedores, el servicio de transporte escolar, los libros gratis y va a desbloquear las oposiciones a Primaria, mientras las de Secundaria siguen paralizadas desde hace un año en el TC por Wert. Y en el capítulo más sensible, el empleo (36% de paro), mientras el Ejecutivo central niega a Andalucía un plan extraordinario como sí tiene para Extremadura o Canarias, la Junta acaba de anunciar un programa dotado con 500 millones para generar 41.000 puestos de trabajo.
De todas formas, no es oro todo lo que reluce. En Andalucía se han hecho recortes. Ahí está la merma continua de los presupuestos autonómicos desde que estallara la crisis, siendo el bajón más importante este último: las cuentas retroceden hasta la cota que tenían seis años atrás, 30.706 millones. Esto se traduce en que sólo respecto al ejercicio anterior las consejerías han perdido una media del 10,7% de recursos o a una caída en 3.814 millones en inversión. Pero está la tentación de escudarse en Madrid: son los responsables de un corsé asfixiante del déficit y del recorte de las transferencias finalistas. Sin embargo, las medidas más populares, como explica el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, son la prueba de que “se puede gobernar de otra manera” y “se puede impugnar el pensamiento único y que todo se hace porque no hay más remedio”. Una impugnación que se quiere materializar ahora con un Pacto por Andalucía, un gran pacto de micropactos sectoriales que se está negociando y que gravitará sobre el empleo.
Aunque PSOE e IU tratan de no actuar como compartimentos estancos, cada idea tiene sus siglas. Dentro de un ajustado margen competencial y económico, IU ha puesto en marcha medidas interesantes como la oficina contra los desahucios, que en cuatro meses ha impedido un millar de desalojos, promueve una ley de garantía sobre los productos financieros e hipotecarios, defiende a capa y espada la autonomía local y está aligerando la carga directiva de las empresas públicas que están bajo su dominio, como es el caso de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), donde ha eliminado una treintena de altos cargos. Estar dentro del gobierno ha reforzado, sin duda, a esta formación porque, como afirma su secretario de Organización, José Luis Pérez Tapias, están siendo determinantes “con una política de resistencia ante la acción de un PP que está aprovechando la crisis para desmantelar el Estado del bienestar”.
Los populares, aislados en la oposición, recuperándose e intentando afianzar al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como un nuevo líder que no termina de cuajar, tratan de sacudirse el sambenito de que Andalucía no les preocupa más allá de un terreno abonado para el conflicto. Para empezar, desmontando el discurso “victimista” en el que, según la secretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, se ha refugiado el “bipartito” resultante de un “pacto de perdedores”. Mantiene que lejos del castigo, el Gobierno de Mariano Rajoy se “está portando” y siendo “generoso” con Andalucía.
En cifras: 2.700 millones para el pago a proveedores, 2.100 millones para los ayuntamientos o los 2.133 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Y un último elemento para desgastarles: el escándalo de los ERE. Aunque lejos del alcance del caso Bárcenas, tiene la dimensión de 17 millones que se desviaron desde la Consejería de Empleo de unas partidas destinadas a ayudar a empresas en crisis y costear expedientes de regulación, y que fueron a parar a sociedades e intrusos (personas que se beneficiaron de ERE sin haber trabajado nunca en las empresas beneficiarias) muy próximos a quienes dirigieron este departamento y del PSOE. El PP intentó sin éxito apuntar a la cabeza de la Junta, al presidente Griñán y a su antecesor Manuel Chaves, a quienes sentó en una comisión de investigación que fracasó al cerrarse en falso por no lograr los partidos consensuar un dictamen final para que fuera aprobado por la Cámara. Pero la investigación policial y la instrucción judicial, aún abierta, ya ha señalado a pesos pesados del organigrama de la Junta y del PSOE: empezando por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, epicentro del caso, y siguiendo por dos ex consejeros, un viceconsejero, ex alcaldes y un ex parlamentario, entre otros.
