Retroceder el 8M: Vox se sitúa dentro del próximo Gobierno de Moreno Bonilla con su veto a las políticas de igualdad de género

A principios de 2019, Vox Andalucía presentó un listado de exigencias al PP a cambio de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, donde destacaba la “derogación” de las leyes de igualdad de género y lucha contra la violencia machista, aprobadas en el mandato anterior por unanimidad y sin votos en contra. El partido de Santiago Abascal terminaría renunciando a aquella exigencia -“sólo tenemos 12 diputados”-, pero se iba a pasar la legislatura martilleando con un discurso negacionista hasta entonces desconocido en la Cámara legislativa autonómica.

Nada más arrancar el mandato, Vox eligió a una mujer -la diputada almeriense Luz Belinda Rodríguez- para ofrecer la primera rueda de prensa en el Parlamento en la que dejar clara su postura respecto a las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista: “No existe la desigualdad por razón de género, no existe la brecha salarial entre hombres y mujeres, el feminismo es una doctrina radical de izquierdas y de odio contra el varón”, vino a decir Rodríguez, que un año después abandonaría su formación acusando a sus compañeros de “misóginos” y de tratarla “como un cero a la izquierda”: “Solamente los hombres pueden hablar, las mujeres estamos un poco anuladas”, denunció tras salir de su grupo.

Aquella fue una especie de rueda de prensa fundacional de lo que sería el difícil equilibrio entre el Gobierno de PP y Ciudadanos y el partido ultraderechista que lo sustenta. Vox dejó escrito en el diario de sesiones del Parlamento andaluz una serie de consignas negacionistas sobre la violencia de género. Se rompía el consenso político y social en torno a un asunto capital que, un año antes, había congregado a cientos de miles de mujeres de todos los partidos en la gran marcha feminista del 8 de marzo (8M). Hoy, los dirigentes de Vox, algunos del PP y otros tantos de Cs, usan el 8M de 2020 como sinónimo de contagios masivos en el inicio de la pandemia de coronavirus (el mismo día que, por ejemplo en Sevilla, el Estadio Benito Villamarín se llenó con más de 50.000 espectadores para ver el partido del Betis contra el Real Madrid).

Faltan dos años para las próximas elecciones andaluzas -si no se produce un adelanto provocado por la ruptura del diálogo con sus socios-, pero Vox ya ha encendido la maquinaria electoral y habla y se comporta como si los comicios fueran pasado mañana. El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, los ultraderechistas promocionaron en Sevilla a su portavoz en el Congreso, Macarena Olona (natural de Albacete, diputada por Granada), como posible candidata a la presidencia de la Junta. Olona se postuló, la dirección del partido mostró su disponibilidad, todos plantearon abiertamente que entrarán en el próximo Gobierno andaluz, “probablemente de la mano del PP”.

A Ciudadanos, el socio “incómodo y acomplejado” de la extrema derecha, lo dan por “amortizado” y “políticamente muerto”. El partido del discurso negacionista, el que “no ha renunciado a derogar las leyes andaluzas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista”, se ve dentro del Ejecutivo de Moreno Bonilla, donde hará “cumplir los compromisos que ahora no se están cumpliendo”. Y el partido naranja, el que ostenta ahora las políticas de Igualdad, es invitado a ocupar un puesto subalterno, como socio externo o menor.

Las encuestas redibujan el equilibrio de fuerzas de las tres derechas, con los de Abascal ganando terreno al PP y eclipsando a los naranjas. Hace unos días, el secretario de comunicación nacional de Cs, Guillermo Díaz, decía en una entrevista en Diario de Sevilla que era “prácticamente imposible que formemos gobierno con Vox, porque estamos en las antípodas”. El domingo, en una entrevista con este periódico, la consejera andaluza de Igualdad y aspirante virtual a liderar Ciudadanos, Rocío Ruiz, remarcaba que su partido podía “seguir gobernando Andalucía con apoyo de Vox, pero no con Vox dentro del Gobierno”.

Si se cumplen los pronósticos y Vox se convierte en el socio preferente del PP para seguir gobernando Andalucía, será muy difícil para los de Moreno Bonilla mantener la estrategia de “encapsular” las batallas culturales de la extrema derecha: la derogación y vaciamiento presupuestario de las políticas de igualdad, la criminalización de los menores migrantes, el veto a las políticas de Memoria Histórica... Hasta ahora, PP y Cs han logrado mantener estas exigencias alejadas del BOJA, ofreciendo una imagen bipolar (a ratos) del Ejecutivo andaluz. Pero los contrapesos han dejado contradicciones obscenas en la arena política:

Mientras el ex líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, pedía por escrito al Parlamento andaluz un listado con el nombre y apellidos de los funcionarios de la Junta que trabajan en las unidades de lucha contra la violencia machista (poniendo en duda su labor), Moreno Bonilla daba su primer discurso como presidente un 28F -apenas un mes después de su investidura-, subrayando su compromiso con las políticas de igualdad de género: “No sólo vamos a ceder en nada de lo ya logrado, sino que seguiremos avanzando para conseguir la igualdad completa, real y efectiva entre hombres y mujeres. Y acabar definitivamente con la lacra de la violencia machista”.

En la agenda política de Vox aparece destacado el desmantelamiento del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el órgano que articula las medidas de ayuda a las víctimas de la violencia machista, y que la ultraderecha tilda de “chiringuito feminista”; han exigido la eliminación de los informes de impacto de género que acompañan (por ley) todas las políticas públicas, incluido el Presupuesto Autonómico; y han presionado para cesar a la consejera de Igualdad. Sin embargo, desde el inicio de la legislatura el presupuesto del IAM ha crecido en casi 1,3 millones pasando de 42,9 millones en 2018 a 44,1 millones en 2021 (un 3% más). Y el gasto para las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones de mujeres y las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género se ha duplicado, pasando de 3,8 millones en 2018 a 7,2 millones en 2021.

En el ecuador de la legislatura andaluza ya se puede recoger cierto aprendizaje de la dinámica de trabajo de las tres derechas: por un lado va el discurso y por otro la política. A veces, la presión de Vox ha obligado a la Junta a desviar recursos públicos para solventar esos problemas de índole ideológica, no avalados por datos oficiales; y otras veces, el Ejecutivo andaluz ha sabido torear las demandas de su socio -incluso los compromisos por escrito- con dilaciones, renegociaciones o simplemente con una rotunda negativa, caso del llamado pin parental. Vox se muestra contrariado y acusa la “falta de respeto y de confianza” que le muestra un Gobierno que está en pie gracias a su respaldo parlamentario. Ahora empieza a agitar la silla donde se sienta el presidente Moreno Bonilla, pero la legislatura está amarrada gracias a la aprobación de los Presupuestos en vigor (y la posibilidad de prorrogarlos hasta que finalice el mandato).

Desde las elecciones catalanas del 14 de febrero, cuando la extrema derecha adelantó en votos y escaños a la suma de PP y Cs, los de Abascal han endurecido su discurso y la presión sobre el gabinete de Moreno Bonilla. Se han desmarcado del Ejecutivo andaluz, incluso en la estrategia de anunciar que no volverán a votarles iniciativas en el Parlamento mientras no se implante el veto parental, aunque luego, en la práctica, distingan entre “no apoyar medidas de contenido político”, pero sí “las estrictamente fácticas y de sentido común”. “Esto ocurre cuando tienes un grupo que te dirigen desde Madrid”, se lamenta un consejero de la Junta.

El discurso negacionista de Vox ha sido latente durante estos dos últimos años, pero la política y la prensa parlamentaria se han acostumbrado a escucharlo. Los populares y los diputados naranjas suelen comentar en los pasillos con los periodistas que las “obsesiones” de los de Abascal son “sólo una estrategia para que se hable todos los días de ellos”. “Son fanfarronadas”; “son invenciones, es pura táctica”, dicen.

Aquella comparecencia de la ex diputada de Vox negando la brecha salarial y las diferencias de género fue contestada por la propia sala de prensa del Parlamento, donde la mayoría de periodistas acreditadas son mujeres. “La brecha salarial de género existe en esta misma sala, donde hay más mujeres que hombres”, le replicó una veterana redactora a Rodríguez. “Las estadísticas oficiales ratifican esa desigualdad, son datos del Instituto Nacional de Estadística”, apuntó otra. Se armó una discusión, inédita, en la que las periodistas contestaban a una política que sus denuncias no estaban avaladas por cifras oficiales. La parlamentaria, que llevaba escrito su mensaje, terminaría confesando que desconocía esos datos y pidiéndole a una periodista que, por favor, se los hiciera llegar. Vox expulsó de su grupo a Rodríguez, que ahora es diputada no adscrita y se ha alineado con Falange Española.

La pandemia ha provocado una crisis económica que ha dilatado aún más la cifra de desigualdad entre hombres y mujeres: Andalucía rebasó en febrero el millón de parados, según datos del Ministerio de Trabajo: 585.317 eran desempleadas y 419.787 eran hombres. Existe, además, una bolsa de 121.398 andaluces más en un ERTE, de los que 63.213 son mujeres y 58.185 son hombres, según datos de la Consejería de Empleo.

Los datos oficiales siempre han desmentido las principales consignas identitarias del partido de Santiago Abascal: el Consejo General del Poder Judicial arroja cifras ínfimas de agresiones de mujeres a hombres, una denuncia que hace Vox para negar que la violencia de género contra las mujeres sea sistémica; los datos de la Policía Nacional y de la Consejería de Presidencia niegan que exista un vínculo entre la delincuencia y los menores migrantes no acompañados -0,54% de casos registrados-, pero con esta premisa obligaron a la Junta a aumentar el gasto en seguridad en los centro tutelados de la Junta, para quitárselo a la partida de cooperación internacional; los datos de quejas de familias contra actividades complementarias en las escuelas de sus hijos “se cuentan con menos dedos de una mano en estos dos últimos años”, dice la viceconsejera de Educación, pero Vox amenaza con retirar su apoyo al Gobierno andaluz si se niega a regular la censura parental en las escuelas, precisamente contra talleres y actividades que fomentan la igualdad de género; los datos oficiales de violencia en el ámbito familiar tienen un claro componente de género, en el 92% de los casos las agredidas son mujeres (incluso cuando el agresor es un hijo), pero la Junta se ha plegado a la exigencia de Vox y ha creado un teléfono de ayuda a víctimas de la violencia intrafamiliar, al margen de los recursos que mantiene para las mujeres maltratadas.

La ultraderecha es el socio menor y externo del Gobierno de Moreno Bonilla, también es un grupo inexperto en el Parlamento andaluz, que ha visto cómo los acuerdos firmados con PP y Cs se incumplen sistemáticamente, mientras sus aliados le trasladan que tienen problemas “semánticos” para entender lo que han firmado. “Yo no he firmado el pin parental”, dice el consejero de Educación. “La violencia machista existe. Yo no voy a eliminar el teléfono de atención a mujeres víctimas”, dice la consejera de Igualdad. Pero Vox está creciendo en las encuestas, adelantando a Ciudadanos y comiendo terreno al PP. Sus dirigentes se ubican ya dentro del Ejecutivo de Moreno Bonilla y su programa político habla abiertamente del desmantelamiento de todas las políticas públicas que combaten la desigualdad entre hombres y mujeres.