La salud como cuestión de justicia social

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La probabilidad de enfermar, la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas dependen sobre todo de factores sociales y económicos. Por ello, puede decirse que la salud es una cuestión de justicia social. La evidencia científica publicada sobre determinantes sociales de la salud ya ha demostrado que la pobreza y la exclusión social ejercen un gran impacto sobre la salud, con mayor riesgo de muerte prematura. También el desempleo, la inseguridad laboral y las condiciones de trabajo inciden en la salud de la población (salud mental, autopercepción de salud, enfermedades cardiacas y sus factores de riesgo). Asimismo, el abuso del consumo de alcohol, el consumo ilegal de drogas y el tabaquismo están estrechamente relacionados con los indicadores de desventaja económica y social. Andalucía no escapa a esta realidad: hay diversos análisis que ponen de manifiesto las diferencias territoriales en la mortalidad y las diferencias socioeconómicas y de género en la salud autopercibida, en la prevalencia de diversos problemas de salud y en los estilos de vida.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de octubre el IV Plan Andaluz de Salud en el que están implicadas todas las áreas del ejecutivo para reducir las desigualdades y que las personas vivan más años con más calidad y autonomía. En este programa, la lucha contra las desigualdades sociales se plantean como el cuarto de seis compromisos globales, sobre todo, las que tienen un gran impacto en la salud como la pobreza, la exclusión social, el desempleo o el nivel educativo.

En un informe publicado en 2008, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS hacía un llamamiento a todos los gobiernos para luchar contra las desigualdades sociales en salud. Para ello, proponían tres grandes recomendaciones: mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos; y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones.

En estas recomendaciones queda en evidencia que la lucha por la equidad en salud sólo puede ser efectiva si existe un compromiso de Gobierno. No es pues un tema del sector sanitario sino del Gobierno en su totalidad. En este sentido, para la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el abordaje de las desigualdades es un tema preferencial: “Los esfuerzos deben dirigirse a mejorar el entorno y determinar prioridades en las aplicaciones de las políticas y presupuestos públicos para reducir los impactos negativos que determinadas acciones pueden tener sobre la salud de la población”, indica María José Sánchez Rubio.

La Administración andaluza garantizará la cobertura de las necesidades básicas, con especial atención a la alimentación y educación de los menores en situaciones socialmente vulnerables y de exclusión social. En este sentido, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte priorizará la financiación pública de las plazas escolares de 0 a 3 años, sobre todo en aquellos barrios y municipios más desfavorecidos. Por otra parte, los profesionales de los servicios de orientación laboral dependientes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se especializarán en la atención de las personas en las áreas más desfavorecidas. También se firmará un convenio entre las consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Justicia e Interior y la Fiscalía Superior de Andalucía para el desarrollo del protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género.

Además, la Junta busca seguir garantizando el acceso al sistema de la dependencia con especial control a los servicios prestados a los colectivos más vulnerables, sobre todo en ayuda a domicilio, centros de día y atención en residencias.

El objetivo es medir el impacto de las políticas en las desigualdades en salud y conseguir corregir esas desigualdades. “Implicar la perspectiva del impacto en salud en todas las políticas es un reto difícil, pero realmente, distintas administraciones que trabajan en sectores como urbanismo, movilidad, política municipal, ya tienen en cuenta aspectos de salud”, indica Luis Andrés López Fernández, profesor de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Asimismo, cita un informe de la OMS que sitúa a la población infantil y joven en el centro de las prioridades, dado el impacto de los determinantes sociales en estas edades sobre la salud durante toda la vida.

En la siguiente gráfica se ve cómo independientemente de la presencia de zonas verdes, el nivel educativo condiciona los hábitos de sedentarismo.

Según explica Alberto Fernández Ajuria, licenciado en Medicina y Cirugía y profesor de Epidemiología y Salud Pública en la EASP, “sabemos que una buena educación es un factor positivo para una buena salud. Cuando analizamos lo niveles de salud de la población se demuestra claramente que las personas con mayor nivel educativo tienen mejores indicadores de salud. No solo está relacionado con el nivel de ingresos, está relacionado con la capacidad de gestionar tu propia vida de una manera más saludable, aprovechar mejor las oportunidades de salud, los servicios que se ofrecen, etc.. Trabajar con el sector de la educación desde la primera infancia teniendo en cuenta la reducción de desigualdades es un elemento que garantiza mejor nivel de salud de la población”.

Este compromiso se propone la meta de conocer y combatir las desigualdades desde el propio Sistema Sanitario Público de Andalucía, mediante acciones dirigidas a garantizar que las intervenciones de promoción, prevención, protección se orienten con la perspectiva de reducción de desigualdades, y en ese sentido; así como se han conseguido excelentes logros en la equidad al acceso a los servicios, éstos logros se extiendan a las actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas y rehabilitadoras de manera que conduzcan a resultados similares, independientemente de la posición social de las personas. “Se plantea también combinar las estrategias generales anteriores que enfatizaban o corregían las actuaciones para evitar generar o para reducir desigualdades, con intervenciones específicamente dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social”, señala el texto.

Acompañando todas estas acciones, el logro de este compromiso requiere la generación de conocimiento sobre la distribución, carácter, magnitud y evolución de las desigualdades sociales en salud en Andalucía, sobre sus principales determinantes y sobre la efectividad de las intervenciones que se replanteen para su reducción. La implantación de este IV Plan Andaluz de Salud está teniendo una traducción a nivel provincial y local, a través de los Planes Provinciales y los Planes Locales de Salud (Relas), por lo que se ha propuesto la creación de dos estructuras a nivel provincial que se harán cargo del seguimiento de este proceso de descentralización.