El Gobierno de Aragón reabre los servicios públicos a 70.000 personas en 15 meses
El viraje en las políticas sociales en la Comunidad autónoma ha permitido abrir la puerta de los servicios públicos, o facilitarles su acceso, a alrededor de 70.000 personas en los primeros quince meses del nuevo Gobierno PSOE-CHA.
El grueso de esas 70.000 personas lo componen los 62.655 jubilados que, desde finales del año pasado, ya no están obligados a adelantar el coste total de las medicinas que consumen para que la Comunidad les devolviera tres meses después el dinero de más que habían adelantado, que solía situarse en el entorno del medio millón de euros al mes.
Esa versión ampliada del copago farmacéutico que impulsó la exministra Ana Mato a escala estatal, y que se mantiene con sus tres niveles de renta y su mínimo de 8 euros por medicamento, fue una iniciativa específica del Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi. “Se trataba de una medida de carácter disuasorio que, además, maquillaba la factura real del gasto farmacéutico de la Comunidad, ya que la parte pendiente de devolución no se computaba como desembolso”, explican fuentes de la Consejería de Salud.
2.243 ‘sin papeles’ y 7.269 salarios sociales
A ese grupo de personas se les añaden los 2.243 inmigrantes y personas sin recursos que volvieron a acceder al sistema público de salud tras la orden de la Consejería de Sanidad que, en la práctica, reducía los efectos del decreto por el que Mato había impuesto su expulsión de la red sanitaria.
Las otras dos principales vías de acceso se encuentran en los servicios sociales. Por una parte, el salario social del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) alcanzaba el pasado mes de septiembre a 6.905 familias, una cifra inferior a la de hace un año -7.269- pero notablemente superior a la de la primavera de 2015, cuando el Ejecutivo la cifraba en 5.200 y los trabajadores sociales la reducían a 3.500.
Las incorporaciones en los primeros nueve meses de este año ascendieron a 872, mientras que la cuantía de las ayudas ha subido de 441 a 459 euros mensuales en su tramo mínimo y de 621 a 655 en el máximo.
Dependencia: crecer pese al abandono de Madrid
Y, por otro lado, se encuentra el sistema de dependencia, cuyas prestaciones económicas y de servicios recibían en septiembre 19.579 personas tras la incorporación de 2.900 en quince meses -380 en el último-.
“Se incorporan seis dependientes cada día cuando antes se reducían cinco”, señala el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, cuya tesis comparte, al menos en el segundo componente, la Cámara de Cuentas , que hace unos meses certificó un agujero de 40 millones y un recorte de 5.000 beneficiarios durante la pasada legislatura.
La gestión presupuestaria de esos dos servicios sociales –el IAI y la dependencia- provocó hace unos días tensiones en el ámbito político: PSOE y CHA se quedaron solos en las Cortes para sacar adelante el traslado de 10,5 millones de euros de la segunda para el primero, aunque ningún partido de la oposición votó en contra.
De hecho, los números han sido desde la puesta en marcha del sistema, y como consecuencia de la escasa implicación del Gobierno central, el principal motivo de polémica en torno a la dependencia. En el caso de Aragón, Madrid solo aporta el 16,5 % -32 millones frente a 188- aunque la ley establece un modelo financiero 50 %-50 %. “Si el Gobierno central aportara lo que debe, no habría lista de espera”, apuntan desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales.
