El 'infierno fiscal' de Aragón: el Gobierno de Azcón recaudó más por impuestos en 2024 pese a bonificar a los más ricos

El mantra de que “Aragón es un infierno fiscal”, uno de los lemas de campaña del presidente aragonés Jorge Azcón en 2023, sigue supuestamente vigente con el mandato del dirigente popular ya desplegado. La comunidad elevó su presión fiscal en 2024 –primer ejercicio completo del exalcalde de Zaragoza– respecto al año anterior en 34 décimas, según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y eso pese a que Aragón ingresa menos en concepto de patrimonio, que grava a las grandes fortunas, por el aumento de la bonificación.

Los datos de la IGAE sitúan a la comunidad aragonesa como la novena con mayor presión fiscal, en una posición intermedia, con el 5,74% frente a una media nacional casi medio punto superior, al 6,22%. A la cabeza se sitúa Navarra, con un 19,88% y en la cola –excluido el País Vasco–, la Región de Murcia con el 4,98%.

Lo llamativo es que en 2024 Aragón tuvo un incremento anual en la presión fiscal de 0,34 puntos porcentuales respecto al ejercicio previo, al pasar la recaudación por impuestos de representar el 5,4% al 5,74%. Esas 34 décimas, eso sí, suponen un aumento menor de la media de las comunidades autónomas, con 0,43 puntos.

En conjunto, de toda la serie de datos disponibles, el único año en el que la presión fiscal de Aragón estuvo por encima de la media a nivel nacional fue precisamente el del primer presupuesto aprobado por el Gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, en 2012: entonces, la recaudación impositiva en la comunidad supuso el 5,85% sobre el PIB, mientras que en el conjunto de las regiones el nivel fue del 5,77%. Mientras, la mayor distancia entre la media nacional y el dato aragonés se dio en 2022 (-0,58 puntos), con el socialista Javier Lambán al frente del Ejecutivo autonómico.

Hay que recordar que nada más llegar al poder Azcón modificó el impuesto de patrimonio para rebajar el mínimo exento de 700.000 euros a 400.000 euros, lo cual ha supuesto un desplome en el número de declarantes, con 6.000 menos. Y pese a esta merma de 12 millones de ingresos provenientes de los más pudientes, la presión fiscal ha aumentado.