La empresa pública aragonesa SARGA adjudicó irregularmente contratos por valor de 11 millones de euros entre 2012 y 2016
Más datos que ahondan en la, cuando menos, discutible gestión en los últimos años de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), la empresa pública del Gobierno de Aragón para la prestación de servicios agrarios y medioambientales.
El último desbarajuste lo muestra el informe (que incluye las alegaciones formuladas por la propia empresa) realizado por la Cámara de Cuentas autonómica y afecta, sobre todo, a la actividad contractual y al área de personal. Dentro del primer apartado, se evidencian cuatro incumplimientos relativos a la adjudicación de contratos sin tramitar los correspondientes expedientes o fraccionando indebidamente su objeto para evitar la aplicación de las normas de publicidad y concurrencia
Afectan a 10.690.000 euros, de un total de 138 millones de euros, que es la cifra que representa el importe total facturado por terceros y reconocido en cuentas de gasto e inmovilizado durante el periodo estudiado. Fue 2012 (con PP y PAR recién llegados al mando del Ejecutivo autonómico) el año en el que el gasto sin contrato o fraccionado más se elevó: 3,53 millones de euros. Se quedó en 2,27 en 2013; 1,66 en 2014; 1,81 en 2015 (en julio tomaron el mando PSOE y CHA) y 1,39 en 2016.
Desajustes de contratos en materia de infraestructuras y suministros
También hace referencia el informe de la Cámara a varios desajustes de los contratos en materia de infraestructuras. Seis de ellos, subrayan, “significativos”. Estos se debieron a errores y defectos en la confección de los expedientes, en la definición de los presupuestos de licitación, en la definición de criterios de adjudicación o por aprobación de modificaciones contractuales sin seguir los trámites establecidos en la normativa contractual.
Por su parte, en el ámbito de los suministros, el informe consigna hasta tres incumplimientos en los contratos gestionados por el área de servicios forestales, también por adjudicaciones incorrectas de contratos derivados y por licitaciones de suministros en las que no se respetó el principio de no discriminación.
Sueldos por debajo de los establecido
En el área de personal, la irregularidad más destacable es la falta de homologación retributiva del personal con el equivalente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, homologación que ya debió haberse realizado en 2016 en cumplimiento de la normativa vigente.
En ese año, explican, SARGA no disponía de un instrumento de ordenación de los puestos de trabajo, ni había aprobado un convenio colectivo de empresa único, rigiéndose las relaciones laborales de los trabajadores por los convenios colectivos de las sociedades autonómicas ya extinguidas, SIRASA y SODEMASA, que su fusionaron en SARGA.
La ausencia de un Convenio Colectivo único, apuntan, “ha provocado diferencias en el régimen jurídico laboral aplicable al personal, evidenciado una dificultad adicional en la gestión del ente fiscalizado”.
Una larga lista
Los desmanes detectados por la Cámara de Cuentas, y reflejados en este informe que ya ha sido enviado a las Cortes de Aragón y al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona (presidente de SARGA), se suman a otros desvelados anteriormente. En noviembre de 2016, tras una pregunta parlamentaria de Podemos, el Ejecutivo autonómico apuntó en su respuesta que 31 altos cargos de SARGA gastaron 123.006 euros en comidas desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 11 de noviembre de 2015.
Más tarde, en mayo de 2017, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a penas de cárcel a dos directivos de la empresa pública por facturar gastos de kilometraje ficticios a costa del erario público.
