Zaragoza tiene en el “limbo” 45 millones de euros tras la sentencia de la plusvalía

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reclamado un fondo de compensación a los ayuntamientos tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía porque hay 45 millones de euros de posible recaudación en el “limbo”.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza. Se trata de la tercera vez que el órgano de garantías se pronuncia sobre este impuesto municipal.

Azcón ha explicado que son 45 millones de euros de ingresos previstos en el 2022 que quedan en el “limbo” y todo lo que está en tramitación es difícil de calcular. Desde que se ha dictado sentencia hasta que el Gobierno de España dictamine “se deja de cobrar la plusvalía y habrá una merma de recursos que se debe compensar con un fondo del Gobierno de España”.

Tras conocer esta última sentencia del TC, Azcón ha considerado que este asunto se tenía que haber solventado ya, pero ha asegurado que se va a trabajar para solucionarlo. Asimismo, ha apuntado que no solo afectará a las cuentas de este ejercicio, sino que es una cuestión que tiene más recorrido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado las consecuencias que depara esta sentencia del TC, como la suspensión de la liquidación de la plusvalía, que no se puede cobrar porque el sistema de cálculo lo ha declarado nulo el Tribunal Constitucional por lo que hay que suspender su tramitación.

El alcalde ha añadido que otra consecuencia será el impacto que tendrá en las arcas municipales, pendiente de evaluar, porque afectará tanto a los presupuestos de 2022, como a derechos reconocidos del pasado y a los juicios pendientes por lo que habrá “decenas de millones de euros que están en el limbo”, ha reiterado.

Para el alcalde de Zaragoza, esta sentencia “vuelve a arrojar incertidumbre” en las cuentas municipales y sin ayuda del Gobierno de España. Ha calificado de “necesario” un real decreto que solucione el sistema de cálculo de la plusvalía mediante un decreto ley, pero “sin cometer los errores del pasado” por “no dialogar y pactar con los alcaldes, que ha supuesto que esos decretos ley luego no se hayan podido convalidar en el Congreso de los Diputados”, ha recordado.

El alcalde de Zaragoza ha reconocido que el presupuesto de 2022 está en el aire hasta que el Gobierno de España dé una solución. “A día de hoy, no creo que haya nadie tan osado que pueda hacer el presupuesto sin 45 millones de euros, que es el 5 por ciento de los ingresos” y que ha comparado con la casi totalidad de la partida que se destina a las políticas sociales, unos 54 millones de euros. “Lo sensato y prudente es poner en 'stand by' la tramitación del presupuesto”, ha apuntado.

PP y Cs apremian al Gobierno de España a actuar

Las consejeras municipales de Hacienda y Economía e Innovación en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro y Carmen Herrarte, respectivamente, han apremiado al Gobierno de España a actuar tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula varios artículos de la Ley de Haciendas Locales referentes al impuesto de la plusvalía.

María Navarro ha explicado que por “prudencia y responsabilidad” se suspende el cobro de este impuesto hasta que el Gobierno de España diga como proceder al recordar que las administraciones locales no tienen competencia legislativa, ni capacidad para buscar soluciones. “Es competencia nacional, del Congreso de los Diputados y el Gobierno de España que debe decidir”.

Ha alertado de que el Gobierno de España se retrasa en la solución las pérdidas serán “drásticas” y el Ejecutivo central tendrá que compensar esas pérdidas de recaudación, además del caos en la gestión que se puede generar.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha agregado que la sentencia del TC “pone en riesgo” el presupuesto de todos los ayuntamientos de España y se tenía que haber trabajado con antelación.