Zaragoza y otros ocho municipios solicitan a la ministra Ribera participación directa en la reforma del bono social

Representantes de Zaragoza, Cádiz, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat han remitido este martes una misiva conjunta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, demandándole “cambios en el bono social y la formalización de un espacio de trabajo con los ayuntamientos para la reforma de dicha ayuda, que es hasta la fecha la única ayuda estatal relacionada con la pobreza energética”. El bono social es un descuento regulado por el Gobierno Central destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz.

Los alcaldes y alcaldesas firmantes de la misiva aseguran tener “una profunda preocupación por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad”. “Somos los ayuntamientos quienes en gran medida cubrimos las necesidades energéticas de las familias cuando lo demás falla”, por lo que solicitan interlocución directa en esta materia “sin órganos intermedios”.

La carta propone cinco cambios en el bono social. El primero se refiere a la cobertura. Demandan los cambios regulatorios necesarios para ampliar la cobertura del bono social a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia y piden que cualquier comercializadora que lo desee pueda prestar el bono social. “A día de hoy, como sabe, solo tienen acceso al bono social las clientas y clientes de ocho comercializadoras en todo el Estado (las cinco del oligopolio y tres más), de las más de 700 que existen. Esta es una discriminación injustificable, que supone canalizar los recursos públicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector, y, además, excluye a más de la mitad de los contratos, tanto de la ayuda, como de la protección contra el corte de suministro”, señala la carta.

El segundo cambio que proponen “es que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales (optimización de potencia y tarifa) antes de aplicar el bono social”, para evitar que se sigan subvencionando “a través del bono social descuentos sobre facturas mucho más altas de lo necesario”.

Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal desde el año 2016, “pues la farragosa tramitación está impidiendo el acceso a miles de familias”; que se aplique el principio de precaución, tal y como recoge la Ley Catalana 24/2015, “para que las empresas energéticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no está en situación de vulnerabilidad”, y, finalmente, que se destinen recursos y personal en los Ayuntamientos para otorgar formación, asesoramiento y acompañamiento energético a las familias vulnerables.