Podemos propone que la defensora del pueblo en Aragón sea mujer y elegida por los ciudadanos

Desde finales de 2015 lleva Mariano Rajoy como presidente de España en funciones. Y ya parece una exageración. El caso del Justicia de Aragón (defensor del pueblo en la Comunidad), Fernando García Vicente, es mucho más desmesurado: casi dos años en funciones, desde mayo de 2014. Ante la lógica necesidad de su renovación, Podemos plantea una posibilidad absolutamente novedosa: que sea mujer y elegida por los ciudadanos.

Existe una evidente parálisis en el proceso. En 2014 hubo una tentativa, pero las negociaciones fracasaron. Un año después casi ni se intentó. 2016, con nuevo Ejecutivo autonómico, debería ser el año en el que, por fin, Fernando García Vicente sea sustituido. Más que una posibilidad, habría de ser una exigencia.

Por ello, Podemos ha enviado esta mañana una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios (y también al presidente de la Comunidad, Javier Lambán) proponiendo un nuevo sistema de remplazo. Quizás el aspecto más destacable es que proponen que, “después de más de 800 años de hombres en el cargo”, la Comunidad tenga una defensora del pueblo, una Justicia de Aragón.

Los colectivos sociales

Lo que plantea Podemos es que los “movimientos sociales que han destacado en la defensa de la gente corriente”, junto a los “colegios profesionales del ámbito del derecho” propongan candidatas. Y que posteriormente sean los ciudadanos con sus votos los que elijan a una de ellas, o ellos (no se puede impedir que haya candidatos masculinos). Argumentan que es, cuando menos, “extraño que una figura cuya función es muchas veces defender a la ciudadanía frente a las instituciones sea elegida por los diputados que están en una de ellas, en este caso en las Cortes”.

Una propuesta inédita que contrasta, dicen, “con las designaciones desde arriba y los viejos acuerdos de palacio”. El formato de elección por parte de diferentes colectivos lo basan en que han jugado un “papel fundamental en la defensa de las necesidades y los derechos de la gente frente a los grandes poderes políticos y económicos. Han sido muchas veces la última línea de defensa de las personas que peor lo están pasando”.

El proceso

La propuesta no es oficial, ergo no se discutirá en la Cámara, al menos, de momento. Fuentes de la formación morada explican que ahora esperarán a ver cuál es la reacción de los grupos y, si hay cierto consenso, se podría llevar a Pleno. Aunque ese es un extremo que no pueden confirmar. De salir adelante, sería preceptivo realizar variaciones legislativas.