Zaragoza en Común destaca que los “olvidos” en las declaraciones de bienes redundan en la desconfianza hacia los políticos
- Tras la información publicada en eldiario.es, desde la organización destacan la importancia de cumplir “con una de las pocas herramientas de transparencia que hay en las instituciones
Zaragoza en Común ha destacado, mediante un comunicado, la importancia que tiene cumplir correctamente con “una de las pocas herramientas de transparencia que actualmente están implementadas en las instituciones: la declaración pública de bienes de los cargos públicos”.
Lo hacen a raíz de la información publicada en este medio, acerca de que el concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza Sebastián Contín no incluyó en su declaración los rendimientos que percibe por el alquiler de una vivienda de VPO. Para Carlos López, portavoz de ZeC, “esos olvidos a la hora de consignar ingresos son cuestiones muy serias ya que redundan en la desconfianza hacia los representantes públicos, justo en un momento en que la ejemplaridad ha de ser escrupulosa”.
Se refieren en el comunicado a la detención de Ignacio González, como muestra de lo “fundamental que es cumplir correctamente con los mecanismos de transparencia implementados en las instituciones para impedir la corrupción”. La califican de “grave y paradigmática del Partido Popular”. Y estiman que, tanto ese hecho como la citación de Mariano Rajoy para declarar como testigo en el Caso Gürtel, “lejos de ser casos aislados constituyen el auténtico modus operandi de la oligarquía económica en el Estado Español y de sus representantes políticos”.
Para Maribel Martínez, también portavoz de la organización municipalista, “la corrupción es la única forma que el PP conoce de gestión en las administraciones públicas”. Cree que el llamamiento a testificar del presidente del Gobierno es un hecho “muy grave” y añade que es “una anomalía democrática que no se asuma ningún tipo de responsabilidad política”.
La detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, explican, “junto a otras 11 personas, por el desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II, exige colocar en el centro del debate la gestión de unos servicios públicos puestos a disposición de tramas corruptas que implican a grandes empresarios y a los políticos que los representan”.
