Los afectados por la Talidomida en Aragón continúan pidiendo ayuda más de 50 años después
En 1957 comenzó a comercializarse en Alemania el medicamento ‘Contergan’, cuyo principio activo era la Talidomida. Lo patentó la farmacéutica germana Grüneltal y su objetivo era combatir las náuseas y otros efectos de las primeras semanas de embarazo. Pronto comenzaron a nacer niños con malformaciones en sus extremidades y, en 1961, cuando se comprobó que el causante era dicho medicamento, fue retirado de las farmacias en Alemania y otros países. En España se continuó dispensando, al menos, hasta 1963.
Han pasado más de 50 años y los afectados en este país siguen alzando la voz para reclamar algo de apoyo institucional. En 2013, un juzgado madrileño de primera instancia condenó a la farmacéutica al pago de 204 millones de euros a un grupo de 183 personas. La sentencia fue recurrida, la Audiencia Provincial de Madrid la anuló por considerar que el delito estaba prescrito y, en septiembre de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la decisión.
El presidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite) es el aragonés Rafael Basterrechea. Ayer, acompañado de otros afectados, estuvo en las Cortes de Aragón para pedir, una vez más, ayuda gubernamental. Según los datos de la asociación, unos 20.000 recién nacidos pudieron verse perjudicados. No se sabe, sin embargo, cuántos hay en Aragón.
Por ello, Basterrechea reclamó en el Parlamentó de la Comunidad que se hicieran pruebas para determinar el número de víctimas aragonesas y que se pusiera en marcha una unidad médica especializada que mejore su calidad de vida. “Nosotros no podemos acudir por nuestra cuenta a un fisioterapeuta, ya que ninguno ha estudiado concretamente la patología”, explicó.
En Alemania, en 1971, y compelido por la Administración, el laboratorio creó una fundación con un presupuesto de 200 millones de marcos. En otros países, de una manera u otra, los afectados también se han visto resarcidos. Pero en España no. Como explicó Barrenechea, “solamente en España y Portugal no recibimos ninguna ayuda ni pensión, cuando esta patología ha truncado nuestro desarrollo laboral y condicionado nuestro proyecto vital”.
De la ley impulsada por Zapatero dijo que era “cicatera” y que no se contó con ellos para su creación. El Ejecutivo de Rajoy, continuó, “no ha hecho nada en cuatro años, a pesar de realizar un intenso trabajo con el PP antes de llegar a la Presidencia”. Por eso quiere que sean tenidos en cuenta y reclama ayudas económica para que la asociación pueda seguir sufragando un proceso judicial que, afirmó, “me temo será muy largo y acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
