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Ni rastro de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave destrozado

Tras al auto de Llarena y la detención de Puigdemont, es hora de hacer balance del procés: desolador para los independentistas y también poco favorable para los constitucionalistas. Malo para la sociedad catalana y nada bueno para el conjunto de la sociedad española

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El auto de procesamiento de 25 dirigentes independentistas catalanes dictado por el juez Pablo Llarena el viernes pasado y la detención el domingo del expresident Carles Puigdemont en Alemania son dos hitos fundamentales en el procés. Negativos ambos para los intereses soberanistas, y poco positivos para el otro lado del frente. En la crisis catalana, va a haber un antes y un después de este pasado fin de semana.

Arriesgado y muy cuestionable en lo jurídico –veremos en unos meses si el tribunal que juzgue el caso también considera que hay violencia en algunos episodios de otoño pasado, y por tanto rebelión entre los delitos presuntamente cometidos; y en unos años qué dice la justicia europea-, el mazazo del juez Llarena es de un impacto político descomunal. Con su auto, el magistrado del Supremo saca de la política a toda la reciente generación de líderes independentistas -y a muchos de ellos les señala un horizonte de años de cárcel-, pone fin probablemente definitivo al procés, desalienta entre los soberanistas cualquier intento de procés 2 y añade nuevas incertidumbres a la dificultosa investidura de un president en el Parlament catalán.

Lo que no hacen ni el auto ni la detención de Puigdemont es resolver el grave problema político del que surge todo. El problema sigue ahí, incluso agravándose. Unos dos millones de catalanes han desconectado del proyecto común llamado España y están dispuestos a irse. Otros muchos quieren quedarse, pero no sin que antes se cambie y renueve el marco de equilibrio territorial pactado en la Constitución hace ya casi cuatro décadas. Y una gran mayoría de los catalanes, en fin, quieren opinar directamente sobre esta cuestión mediante un referéndum o una consulta.

El dinosaurio sigue ahí, y no hay aún indicios de que las novedades judiciales y policiales recientes hayan despertado por completo a Mariano Rajoy y esté dispuesto a afrontarlo políticamente. Los que en el Gobierno y en el PP celebran el auto de Llarena y la rapidez en la ejecución de la euroorden y detención de Puigdemont deberían preguntarse antes si no les deja también a ellos en evidencia, por políticos inútiles.

En su auto, Llarena procesa a 25 personas muy relevantes en Cataluña. A prácticamente todos los que son referentes políticos de la mitad de la sociedad catalana, a casi toda su nomenclatura. A nueve de ellos, por rebelión y malversación: Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull, Forn, Ponsatí, Rull, Comin y Bassa. A cuatro más, sólo por rebelión: Forcadell, Sánchez, Cuixart y Rovira. A cinco, por malversación y desobediencia: Borrás, Puig, Mundó, Vila y Serret. Y a siete más, solamente por desobediencia: Corominas, Guimó, Simó, Barrufet, Nuet, Boya, Gabriel). Solo queda archivada la causa para tres de los inicialmente investigados: Pascal, Mas y Lloveras.

Las penas a las que se arriesgan son muy elevadas. En nuestro Código Penal, la rebelión está castigada con hasta 25 años de cárcel. La rebelión agravada (con malversación), con hasta 30 años. La malversación a secas, con hasta 8 años de prisión. La desobediencia, con la inhabilitación. Por bien que les vaya, por mucho que logren los procesados que se rebajen los cargos y las penas correspondientes, la mayoría de ellos se ha quedado sin futuro político y con un oscuro horizonte personal.

El balance global que por ahora deja la crisis catalana es aún mucho más desolador que el auto del juez del Supremo. La sociedad catalana está dividida en dos mitades casi irreconciliables. La economía no se recupera aún del shock de miedos e incertidumbres de otoño pasado. La clase política independentista ha quedado devastada (¿quién liderará y encauzará ahora ese caudal político, por cierto, desde las estrategias parlamentarias hasta las movilizaciones ciudadanas?). La Generalitat está intervenida, y perdida su autonomía desde que se activó el artículo 155 de la Constitución, hace ya cinco meses. El Parlament surgido de las elecciones de diciembre lleva tres meses prácticamente bloqueado, con una mayoría independentista internamente fragmentada que ya acumula tres intentos fallidos para encontrar un president (Puigdemont, Sánchez, Turull) y con una oposición que tampoco puede formar una alternativa ni parece capaz de romper el frente con alguna fórmula trasversal.

En la antigua Grecia, Creso, rey de Lidia, fue al oráculo de Delfos a consultarle cómo le iría si atacaba al imperio persa. "Si  cruzas el río Halys, destruirás un gran imperio", le contestó el oráculo. Y así fue. Creso destruyó un gran imperio: el suyo propio. Lidia pasó a poder de los persas. ¿Nadie pensó en el entorno de Puigdemont que si cruzaba las líneas rojas que cruzó en otoño pasado, camino de esa Ítaca soñada, corría serio riesgo de destruirse a sí mismo y a su proyecto? Pocos meses después de las leyes de desconexión, del 1-O, del 27-O, del 21-D... no hay rastro alguno de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave ha sido destrozado por el huracán desatado por el intento de viaje. 

En el conjunto de España, las cosas no están mucho mejor. El impacto de la crisis catalana también es notable. El Gobierno y su presidente están muy tocados -un exlíder socialista me decía hace unos días que ve incluso en Rajoy "indicios de fallo multiorgánico"-. Su estado comatoso es consecuencia de muchas causas –la debilidad parlamentaria, la falta de perfil y de empuje político de la mayoría de los miembros del Ejecutivo, la losa de la corrupción, las movilizaciones sociales de colectivos que se rebelan contra la sociedad dual y desigual que el Ejecutivo ha contribuido a crear con su gestión de la crisis económica…-, pero el acelerador y el catalizador de ese deterioro del Gobierno ha sido la mala gestión de la crisis catalana, como se vio en las elecciones del 21 de diciembre pasado –el PP cayó del 8,5% al 4,34% de los votos, y de 11 a 4 escaños en el Parlament- y se ha refrendado durante todo este invierno en docenas de encuestas.

En el resto del espectro político estatal, también la crisis catalana ha impactado, y por lo general no para bien. El socio del Gobierno, Ciudadanos, es el mejor parado:  logró un gran éxito electoral en diciembre y  se ha disparado en las encuestas estatales después, pero con lo primero no logra desatascar Cataluña y con lo segundo ha hecho que el PP lo vea más como un competidor que como un aliado. Último roce fronterizo, este mismo lunes, cuando Albert Rivera se ponía la medalla de un pacto con el Gobierno para los Presupuestos, Cristóbal Montoro se la disputaba y decía que el mérito le corresponde a Rajoy y uno y otro obviaban que por ahora no hay medalla alguna que ponerse, pues la llave final del Presupuesto la tiene el PNV y no está dispuesto a cederla si no se encauza el conflicto catalán y se desactiva el 155.

Hacia la izquierda, el panorama es peor. Al PSOE se le ve lastrado, entre otras cuestiones por Cataluña, por su apoyo al Gobierno en la aplicación del 155 y por sus inconcreciones federales. A Podemos, debilitado y perdiendo fuelle, entre otras cosas por sus contradicciones catalanas.

Poco extraña, con este panorama, que en el Barómetro del CIS de febrero, conocido hace pocos días, el 22,4% de los encuestados crea que la situación política general es regular, el 34,8% que es mala y el 35,6% que es muy mala. Preguntados los mismos encuestados cómo creen que será la situación política dentro de un año, el 43,5% dice que será igual, el 13,3% que será mejor y el 26,2% -¡el doble!- que será peor.

¿Será capaz ahora la clase política de impedir que se cumpla el negro pronóstico?

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