Los adolescentes a partir de 16 años podrán participar en política en Asturias con iniciativas legislativas populares

La ley autonómica de Protección del Menor de Asturias ya ha superado las tres décadas de vida y, ante su obsolescencia, el Principado ya avanza en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia que blinda la condición de los menores y adolescentes como titulares de derechos.

Entre las principales novedades que introduce esta nueva norma que, este lunes se ha detallado en la Junta General del Principado, figura la posibilidad que abre a los adolescentes, a partir de los 16 años cumplidos, para participar en la vida política asturiana a través de las iniciativas legislativas populares.

Igualdad de oportunidades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, han comparecido este lunes en la Junta General para detallar el contenido de la nueva normativa que sustituirá a la actual y con la que la comunidad autónoma no se limita a ver a los menores y adolescentes únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta nueva ley busca acompañar en la crianza, combatir la pobreza y la violencia e impulsar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida: “Es una norma abierta, con clara vocación de ejercicio de derechos, de prevención y de protección”, ha defendido Marta del Arco.

Protección integral y garantista

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero el proyecto que ahora se debate en el parlamento y que consolida un sistema de protección integral y garantista para niños y niñas.

Entre otros, se citan los derechos de igualdad, educación, expresión, libertad de información, libertad ideológica, asociación y reunión, participación ciudadana, así como el derecho a la cultura, el ocio y el deporte.

Mejorar la calidad de vida

La norma obliga a incorporar en todas las iniciativas legislativas un informe de impacto en la infancia y la adolescencia. También plantea la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a estos colectivos en el que se definirán las políticas públicas para mejorar su calidad de vida.

El Principado asegura que con esta nueva norma se armonizará la legislación autonómica con la estatal, al tiempo que se reorganizará el sistema de protección y se crearán nuevos órganos de participación infantil.

Todas las iniciativas legislativas deberán incluir un informe de impacto en la infancia y la adolescencia

Una consulta a menores y jóvenes

“La elaboración de la ley se inició con una consulta a niños, niñas y adolescentes en los foros de participación municipales, los centros de protección de menores, los centros escolares y las asociaciones juveniles. Por tanto, es una ley para niños, niñas y adolescentes que cuenta con ellos y ellas”, ha precisado la consejera durante su intervención en la comisión celebrada esta mañana en sede parlamentaria.

La titular de Derechos Sociales ha avanzado que como principios rectores del proyecto figuran el interés superior de los menores, la consideración de la familia como el entorno más adecuado para su desarrollo, el fomento del buen trato, las perspectivas de género y discapacidad para el diseño de cualquier medida orientada a la infancia y adolescencia, la coordinación entre administraciones, la planificación y la confidencialidad.

La participación en política

Entre otras novedades, las personas con 16 años cumplidos podrán participar en la vida política del Principado a través de las iniciativas legislativas populares. Además, la norma plantea la creación del Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y Adolescencia y de los Consejos Municipales de Participación como órganos de consulta y colaboración.

Para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores, el texto fortalece la colaboración entre los servicios sociales, el sistema sanitario y la comunidad educativa, así como entre el Principado y los ayuntamientos.

La regulación

Igualmente, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

El texto mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención y desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo.

Los procedimientos

Asimismo, recoge de forma pormenorizada los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Respecto al acogimiento familiar, ordena las compensaciones económicas e incorpora otra novedad: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para que puedan ofrecer la mejor atención a los menores.

La norma regula, en relación con el acogimiento residencial, los programas de preparación para la vida independiente desde los 15 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.