Foro Asturias se niega a facilitar la retirada del monumento a los 'Héroes del Simancas' pese a la orden del Principado
El monumento de exaltación franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas', que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón, no será suprimido “mientras Foro Asturias siga gobernando” en la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz y responsable de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.
Con esta decisión, el equipo de gobierno local no piensa acatar la resolución dictada el pasado martes por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, por la que se concede un plazo de cuatro meses a la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, para la eliminación de este memorial, inaugurado en 1958, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Foro: “la historia no hay que eliminarla”
Foro Asturias no tendrá en cuenta la última decisión del Gobierno asturiano en base al argumento de que la fachada del Colegio de la Inmaculada goza de protección y retirar el conjunto escultórico conmemorativo del bando sublevado durante la Guerra Civil requerirá de licencia municipal.
“La historia no hay que eliminarla, hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha refrendado el portavoz forista.
Collado: “No es sectarismo”
La directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, ha defendido la retirada del monumento y ha rechazado las acusaciones de sectarismo que han vertido contra esta resolución del Principado desde las filas de Foro Asturias, PP y Vox.
“No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley. La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.
La advertencia de Zapico
La Consejería de Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, no ha tardado en responder públicamente. Este jueves ha advertido al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.
El cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es “una obligación legal para todas las administraciones públicas”, añade a la vez que advierte de que “ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.
Desde la consejería inciden en que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.
Una ley aprobada por el Parlamento
Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente.
“Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería.
El Principado estará “vigilante”
El Principado indica, además, que “se mantendrá vigilante” para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.
El Gobierno asturiano advierte expresamente en la resolución dictada esta semana de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.
El Catálogo Urbanístico
El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial “no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.
“El Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente”, recalca el Principado.
“El propio catálogo establece que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada”, corrobora.
El compromiso del Ejecutivo
La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.
El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista “conforme a la legalidad democrática vigente”.
La protección
A la inamovible postura del gobierno local -que conforman Foro Asturias y Partido Popular (PP)- se suma la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo que se está planteando la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, y a la que el Principado ha instado a retirar el símbolo franquista que es habitualmente un punto de encuentro para concentraciones y manifestaciones de simpatizantes de la extrema derecha que generalmente acaban cantando el 'Cara al sol', brazo en alto.
Foro Asturias pone el acento en que ese nivel de protección recogido en el Catálogo Urbanístico Municipal no permite modificar la fachada, su composición, estructura, dimensiones, ni la disposición de sus huecos y, por tanto, deben mantenerse materiales, formas y acabados.
Un manifiesto para la retirada
La retirada del monumento, conocido popularmente como el de 'los jesuitas', ha contado con un amplio respaldo de organizaciones políticas, sindicales, culturales, asociaciones de vecinos y activistas de movimientos alineados en la izquierda en contra de la exaltación de los símbolos franquistas.
Un total de 116 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad asturiana suscribieron, el pasado mes de abril, un manifiesto, entre los que figuran historiadores, politólogos, médicos, docentes, artistas y pensionistas que recuerdan que esta escultura “no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas. No es un lugar histórico neutro, sino un monolito de exaltación de una dictadura”.
Foro Asturias no está solo en esta cruzada administrativa que ha emprendido contra el Gobierno asturiano y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), cuyo presidente Rafael Velasco, es el principal promotor de la iniciativa para su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.
El apoyo del PP y Vox
En la negativa del gobierno local a retirar este símbolo le apoyan su socio de coalición -el PP- y Vox. El partido de ultraderecha incluso ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido.
La diputada de Vox en la Junta General del Principado y portavoz en Gijón/Xixón, Sara A. Rouco, ha señalado que esta actuación “enseña la peor cara del sectarismo comunista” y responde a “una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión”. Unas acusaciones que han sido desmentidas desde el Gobierno asturiano.
Posibles recursos
Entre tanto, la resolución del consejero pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.
A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada por el consejero este pasado martes.
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