Casi un tercio de los agentes de baja y una guerra sindical: caos en la Policía Local del cuarto municipio de Asturias
El absentismo laboral en el cuerpo de la Policía Local de Siero, el cuarto concejo de Asturias, ronda el 33 %. Este porcentaje tan elevado de bajas médicas responde, en la mayoría de los casos, a problemas psicológicos y de salud derivados de denuncias de acoso.
La plantilla está dividida claramente en dos bandos a raíz del conflicto interno que mantienen los representantes del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Una treintena de policías componen la plantilla fija, a la que se han sumado agentes provenientes de la bolsa de interinos que han cubierto las vacaciones de verano y están reforzando el servicio.
Entre tanto, las denuncias cruzadas se suceden en las jurisdicciones penal, contencioso-administrativa y laboral.
Dos posturas sindicales enfrentadas
Los policías que apoyan al SIPLA exigen la dimisión del alcalde socialista Ángel García, conocido popularmente como 'Cepi', y mantienen una guerra abierta contra el jefe de la Policía Local. A ambos les acusan de someter a algunos de sus componentes a “humillaciones, vejaciones y acoso laboral”.
Por su parte, aquellos que respaldan al CSIF están del lado del primer edil y sostienen que ellos no son los acosadores, sino los acosados y afirman que los denunciantes son quienes continuamente boicotean el servicio.
Y, en medio de esta batalla entre sindicatos, el alcalde no se ha quedado atrás en su respuesta. Apela a un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo Lora, que defiende que el ayuntamiento es competente para decidir la supresión del cuerpo y, al igual que sucede con otros puestos de la plantilla municipal, también para decidir su amortización.
El alcalde defiende la legalidad de la supresión
Una amortización que puede afectar a aquellos puestos que estén actualmente ocupados siendo destinados sus titulares a otros de similares características dentro de las disponibilidades y límites de la organización municipal.
Asimismo, el dictamen hace referencia a que el refuerzo de las funciones de la Policía Local en caso de supresión, amortización o acumulación de bajas -como ocurre en este caso- puede producirse por distintas vías, que van desde la celebración de convenios con las administraciones del Estado o autonómica, donde exista una Policía propia de la comunidad autónoma, a la contratación de seguridad privada o la incorporación de auxiliares o vigilantes, incluso de forma interina.
“Si el servicio se hace bien es positivo y necesario y si se hace mal es perfectamente prescindible y amortizable. No tengo ninguna duda de que sería legal la posible disolución y me baso tanto en este dictamen del catedrático como en la opinión de funcionarios del ayuntamiento y en mi propia opinión leyendo la Ley de Bases de Régimen Local”, ha asegurado a elDiario.es Asturias el alcalde.
La Policía Local cuesta 2,6 millones al año sobre un presupuesto de 50 millones. A lo mejor hay que hacer un referéndum y preguntar a los ciudadanos: ¿Queréis que mantengamos el servicio o lo amortizamos?
La Policía Local cuesta 2,6 millones de euros al año sobre un presupuesto municipal de 50 millones; una cantidad que, según las cuentas municipales, supondría abonar el servicio del agua del concejo sierense.
“A lo mejor hay que hacer un referéndum entre los ciudadanos, a ver qué opinan. Les preguntaríamos: ¿Queréis que mantengamos este servicio o lo amortizamos y bajamos los impuestos hasta 2,6 millones que era el equivalente a todo lo que ingresamos de agua. En el uso doméstico y no doméstico en Siero?”, afirma 'Cepi'.
Denuncias y contradenuncias en los juzgados
Las denuncias y contradenuncias en los juzgados asturianos se han sucedido en los últimos cuatro años. La tipología delictiva denunciada es variada: acoso, hostigamiento, prevaricación...
¿Cómo comenzó el conflicto? Alcalde y sindicatos coinciden en situar el origen de la ruptura del sosiego policial en el año 2019, cuando 'Cepi' se personó en las dependencias policiales de la localidad sierense de Lugones acompañado del comisario jefe de entonces, José Enrique Fernández, del secretario municipal y del concejal del área y exigió la entrega de los cuadrantes de trabajo.
En el SIPLA aseguran que ya diez años antes, siendo 'Cepi' concejal de Personal, mantenía un enfrentamiento con sus representantes a los que acusaba de realizar horas extras sin trabajar.
“Unas acusaciones que eran totalmente falsas”, ratifican los delegados sindicales. Y añaden: “Posteriormente, ya como alcalde, nos siguió acosando y coaccionando con acusaciones infundadas de cometer irregularidades”.
Los representantes sindicales relatan que, en octubre de 2019, el alcalde intentó extorsionar al entonces comisario y a un subinspector afiliado al SIPLA en las dependencias de Lugones y reiteran que siempre que ellos denuncian nuevas anomalías en el servicio se vuelve a repetir el acoso mediático hacia ellos.
El alcalde, por el contrario, niega que acudiera a las dependencias policiales de Lugones en 2019 mostrando una actitud agresiva. Según su versión, que respalda CSIF, se limitó a solicitar los cuadrantes de trabajo, pero no se los entregaron porque “no los había” -indica-, por lo que era imposible conocer si se cumplían o no las jornadas presenciales ante la falta de control en Personal. Un hecho al que se sumaba que la máquina de fichar “había sido destruida”. A partir de ahí, comenta que exigió la elaboración de un calendario anual obligatorio por ley y remitió escritos internos donde dejaba constancia de su petición.
“Estas son las presiones del alcalde que derivan que estén de baja muchos de los que denuncian del SIPLA y que digan que se sienten acosados. Tuvimos que colocar cámaras de vigilancia. Lo denunciaron. También que íbamos a poner aparatos geolocalizadores en los vehículos, como tienen todas las policías. Lo denunciaron”, expone el primer edil.
“También les pedimos -continúa- que tramitaran todos los permisos que implicaran ausencia total o parcial de su puesto de trabajo, cambio en su situación administrativa y vacaciones a través del departamento de Personal del Ayuntamiento como hace el resto del personal municipal. Todo lo denunciaban. Es terrible la presión que ejercimos por esas peticiones”, ironiza.
Más de una veintena de denuncias se están tramitando o se han tramitado relativas a actuaciones presuntamente irregulares a través de varias vías paralelas: unos procedimientos han llegado a la jurisdicción penal y otros en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la jurisdicción laboral.
También han dirimido procedimientos relativos a la Policía Local de Siero en la Inspección de Trabajo, en la Agencia de Protección de Datos, en el Defensor del Puelo, la Fiscalía de Asturias y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Así, hasta la jurisdicción contenciosa han llegado denuncias de amortización de puestos de subinspector y agentes, relativas a disconformidad con medidas de disfrute de vacaciones, días de libre disposición, jornadas de trabajo partidas, nombramiento de policías interinos, calendario de vacaciones y adaptación de puestos de trabajo. En unos casos, han sido estimatorios para el ayuntamiento, otros están pendientes de resolución, y otros han sido desestimatorios. Están archivadas o inadmitidas a trámite denuncias como la de las cámaras de videovigilancia, así como denuncias por prevaricación de caducidad de expedientes sancionadores o de injurias. En otros casos, fueron desestimadas por causas relativas a información sobre concesión de licencias de obras u obras de mantenimiento vial.
Anulan la resolución municipal de vacaciones para este año
Esta misma semana, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo ha anulado la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Siero, fechada el 30 de diciembre de 2022, que introducía modificaciones sobre el calendario de vacaciones de la Policía Local para este año 2023, y ha impuesto las costas al consistorio.
La magistrada-jueza Belén Alicia López ha estimado así el recurso contencioso-administrativo que un miembro del SIPLA interpuso contra la resolución al considerar que el alcalde no era el órgano competente para su modificación.
El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Siero dispone que el período anual de vacaciones retribuidas no susceptibles de compensación económica será de un mes pudiendo, a elección de los empleados municipales, fraccionarse en períodos mínimos de siete días y comprenderá los meses de junio a septiembre. Explícitamente se recoge que el Servicio de Policía Local disfrutará las vacaciones preferentemente en los meses de julio y agosto.
En su resolución, 'Cepi' había suscrito la siguiente modificación: “En base a razones de conciliación de la vida familiar y profesional de los empleados, el 75% de los días de vacaciones que les corresponda a cada uno, habrá de ser disfrutado necesariamente entre los días 16 de junio y 15 de septiembre de 2023 y el 25% restante a lo largo del año fuera de estos meses. No obstante, esta medida se excepcionará en los supuestos legales que imposibiliten el cumplimiento de estas previsiones”
En su recurso contencioso-administrativo, el policía local alegó que esta resolución de Alcaldía resultaba manifiestamente contraria al Ordenamiento Jurídico, carecía de informes y adolecía de falta de motivación.
Además, invocaba la falta de un informe previo de la Junta de Personal y entendía que la decisión impugnada no era una cuestión baladí, sino que tenía afectación directa en derechos individuales constitucionalmente protegidos del trabajador representado, así como en sus condiciones de trabajo y en la propia organización del servicio.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Oviedo ha anulado la resolución de la Alcaldía que introducía modificaciones en las vacaciones de los agentes para 2023
El ayuntamiento, por el contrario, alegó que se trataba de unas instrucciones en atención a lo establecido en el artículo 11 del convenio regulador, fijando su interpretación y lo hacía el alcalde en su calidad de jefe superior de todo el personal municipal y como jefe de la Policía Local.
La magistrada-jueza expone en la sentencia que lo que hace la administración es regular “de un modo impropio” aspectos relativos al derecho a las vacaciones, en este caso de los Policías Locales, limitando el derecho en los términos en los que ha sido regulado en el artículo 11 del convenio regulador.
Por tanto, el decreto recurrido tiene, a su juicio, un contenido impropio de una instrucción/circular como es el de fijar unos criterios o pautas interpretativas, aclarando o ilustrando a los funcionarios sobre la interpretación del artículo ya que la resolución de la Alcaldía modifica este precepto introduciendo una limitación en el disfrute de vacaciones no contenida en la norma reguladora de las vacaciones.
Al introducir esta modificación y dado que el pleno municipal es el competente para aprobar el acuerdo por el que se regulan las condiciones de trabajo de los funcionarios, la magistrada-jueza señala que el alcalde carecería de competencia y, en consecuencia, declara que la resolución es nula de pleno derecho.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Las peticiones de dimisión del alcalde
El SIPLA ha secundado ya varias manifestaciones exigiendo la dimisión del alcalde y pidiendo mayor seguridad para los ciudadanos. Una petición que han reiterado de nuevo este mes de septiembre a raíz del accidente que dejó tetrapléjico a un joven de 27 años en un local de juegos ubicado en una nave industrial en el Polígono del Águila del Nora, en la localidad asturiana de Colloto.
El alcalde inauguró el establecimiento junto a la directora y apenas dos días después se produjo el accidente. Según la documentación municipal, el local obtuvo la licencia de instalación y de obras de adecuación de la nave el pasado 7 de septiembre cuando se celebró la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de la licencia que la empresa había solicitado el 28 de abril.
El Sipla pide la dimisión del alcalde. Denuncia que, entre otras irregularidades, 'Cepi' inauguró un local de juegos en Colloto que carecía de licencia de apertura y ésta se regularizó con posterioridad a un accidente que dejó tetrapléjico a un joven
El SIPLA afirma que todas sus declaraciones están refrendadas con documentación. Entre otras actuaciones, se remite al atestado de la Policía Nacional que está incorporado a las diligencias de investigación en la causa que se sigue contra el alcalde ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero para esclarecer lo ocurrido el 31 de octubre de 2019 y los días 1 y 5 de noviembre del mismo año por los hechos ocurridos en las dependencias policiales de Lugones.
En ese atestado, el instructor atribuye al primer edil la presunta comisión de delitos de coacciones, acoso laboral, prevaricación administrativa y delitos contra la integridad moral al presionar supuestamente a uno de los representantes sindicales para que “declarara contra su jefe y un compañero con la condición de que si prestara declaración él quedaría impune”.
Asimismo, sostienen que las bajas médicas, como su propio nombre indican, las firma personal facultativo y en la mayoría de los casos responden a problemas psicológicos con motivo del acoso laboral que aseguran que están sufriendo por parte del alcalde y el jefe policial.
Por otro lado, el sindicato resta importancia al dictamen del catedrático y apunta a otros profesionales del Derecho, como Javier Junceda, que descartan que pueda ser legal la disolución del cuerpo.
“Los acosados somos nosotros”, dicen en CSIF
Por su parte, los representantes de CSIF explican que desde el otro sindicato sólo denuncian por denunciar. “Una de las denuncias que le pusieron por acoso al jefe fue porque una vez que estuvo hablando con un policía, lo sentó en una silla de madera que hasta hace cuatro días eran las del club de jubilado”, ponen de ejemplo.
Desde el sindicato aluden a otro dictamen de prevención de riesgos laborales que especificaba que se estaba denunciando los protocolos anti acoso de forma incorrecta.
“Decía que se utilizaba con fines políticos y sindicales y no para comprobar si de verdad hay una situación psicosocial adversa en el trabajo”, aseveran.
Csif dice que algunos de los denunciantes no cumplen las 1.512 horas de trabajo reglamentarias y apuntaban horas extraordinarias que no realizaban. Afirman que son los que más se acogen a las bajas laborales y preguntan: ¿si no trabajan, cómo se les acosa?
Su versión coincide con la del alcalde. “Aquí hace unos años había diez o 12 policías que no venían a trabajar, que se cogían vacaciones y estaban en Mallorca cuando figuraban en el ordenador que estaban trabajando aquí y el alcalde los pilló”, afirman.
“Había gente que en el mes de julio sólo venía a trabajar cinco días y en esas jornadas estaban haciendo horas extras. Tenemos que trabajar 1.512 horas y ellos no hacían más de 600. Ellos lo van a denunciar todo de forma sistemática, porque pretenden echar al alcalde que va a estar cuatro años más de legislatura al ganar las elecciones”, añaden.
Los representantes de CSIF cifran en cerca de 300 el número de denuncias que se interpusieron entre Inspección de Trabajo, Seguridad Social, Agencia Estatal de Protección de Datos, Juzgado y Mutua.
Las posturas cada vez están más alejadas en un conflicto laboral que cada vez está más enquistado en el seno de la Policía Local del cuarto concejo de Asturias.
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