La Unión de Consumidores de Asturias cifra en 60 millones el beneficio “ilícito” de Aucalsa por el peaje del Huerna
La Unión de Consumidores de Asturias ha cifrado en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna. Su presidente, Dacio Alonso, ha reclamado a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según expone, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.
Alonso no se ha limitado a quejarse, sino que una vez recopilada toda la información y con los cálculos económicos contrastados ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.
El beneficio de Aucalsa
La denuncia se ampara en los artículos 24 y 37 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ante los abusos de la concesionaria, que habría obtenido hasta 60 millones de euros mediante un peaje que califica como “abusivo” ya que solo permite disfrutar de alrededor del 60 por ciento de la autopista.
Casi 4.000 personas se han inscrito en el registro de afectados habilitado por la Unión de Consumidores y que muestra el cabreo de los usuarios de la autopista, fundamentalmente trabajadores, familias, transportistas y empresas que “no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta”, señalan desde la Unión de Consumidores.
Una cadena de incidencias
Dacio Alonso anunció la presentación de esta denuncia en una rueda de prensa celebrada este viernes en Oviedo donde hizo un relato de las numerosas incidencias que se están registrando y que no son novedosas, ya que los primeros problemas comenzaron en noviembre de 2024, cuando un desprendimiento de tierras y rocas -un argayu- a la altura del kilómetro 76 provocó el corte total de la autopista durante más de 15 días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado.
La vía no se reabrió hasta finales de mes mediante un bypass provisional, en condiciones claramente inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.
Cortes de calzada
A partir del 7 de julio de 2025, las obras de modernización de varios túneles -como Entrerregueras, Pando o Vegaviesga- generaron cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales incompatibles con un servicio de alta capacidad.
“Las incidencias afectan de forma directa a unos 30 kilómetros de los 74 del tramo concesionado Campomanes-León, es decir, más del 40 por ciento del recorrido, alterando de manera grave y continuada la naturaleza misma del servicio contratado”, añaden desde la entidad.
Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses
Circular como carretera secundaria
Pese a todas estas circunstancias, los usuarios se han visto obligados a pagar el peaje íntegro, sin reducción proporcional ni compensación alguna. El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes más caros del país.
Dacio Alonso lo describe gráficamente: “Hay retenciones superiores a cinco kilómetros, viajes que duplican su duración habitual, velocidades impropias de una autopista y situaciones reiteradas de inseguridad. Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios sufren estas condiciones, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en apenas siete meses”.
Cláusula abusiva
Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica puesto que se exige al usuario el cumplimiento íntegro de su obligación de pago mientras la concesionaria incumple de forma notoria la suya, vulnerando el principio básico de reciprocidad contractual.
Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables
La denuncia subraya, además, la falta absoluta de información previa y transparencia: “Aucalsa conocía con antelación la planificación de las obras y la magnitud de las afecciones, pero no informó adecuadamente a los usuarios antes del pago ni durante el trayecto sobre retenciones, cortes, tiempos reales de recorrido o alternativas gratuitas razonables”.
Esta omisión impidió a miles de personas decidir libremente si utilizar o no la autopista, viciando su consentimiento y obligándolas a pagar por un servicio que sabían o debían saber que no podían prestar en condiciones normales.
El respaldo jurídico
La controversia en torno al cobro del peaje vuelve a situar en el centro del debate la obligación de las administraciones y concesionarias de reparar de oficio cuando se detecta una actuación generalizada y perjudicial para los usuarios.
“Desde la óptica de la Unión de Consumidores, el caso encaja plenamente en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015 y recuerda de forma directa al precedente del radar del túnel de La Bolgachina, en Oviedo, donde la DGT anuló y devolvió automáticamente más de 15.800 multas al reconocer que no podía exigir pruebas individuales a los conductores cuando ella misma disponía de todos los registros”, rememora.
Guardar los tickets
La Unión de Consumidores considera que en un servicio de peaje utilizado a diario por miles de personas, “resulta irrazonable pedir a los consumidores que conserven tickets de pagos en efectivo o justificantes de trayectos realizados meses atrás, mientras que la concesionaria Aucalsa sí cuenta con sistemas de control, datos de tránsito y facturación que permiten identificar con precisión a los afectados”.
Esta desigualdad probatoria, recogida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refuerza a su juicio la necesidad de una devolución o compensación de oficio, evitando que la falta de un recibo se convierta en un obstáculo y garantizando una reparación efectiva, transparente y acorde con el interés general.
El precedente del Tribunal Supremo
Además, advierte que hay precedentes claros que dan un respaldo a su denuncia. Es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) relativa a la AP-9 y las obras del Puente de Rande. En aquel caso, el alto tribunal declaró abusivo cobrar el peaje íntegro cuando las obras impedían una circulación fluida y segura, aun cuando la afectación se limitaba a apenas unos kilómetros dentro de una autopista de más de 200.
“En el Huerna, la situación es objetivamente más grave. No se trata de un tramo puntual, sino de una afectación estructural y prolongada que alcanza a más del 40 por ciento del recorrido, lo que refuerza -si cabe- la aplicación del criterio jurisprudencial”, comenta.
la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros
Un expediente sancionador
Según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Asturias, Aucalsa habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras, pese a no prestar el servicio en condiciones normales. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros.
Por ello, la Unión de Consumidores solicita la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria que, conforme a la ley, podría ascender a 56,7 millones de euros.
Una infraestructura esencial
La AP-66 arrastra décadas de polémica. Es una concesión prorrogada hasta 2050, cuestionada por la Comisión Europea, un modelo tarifario “injusto” y un impacto económico “desproporcionado” sobre un territorio que depende de esta vía para su actividad diaria, asevera la entidad.
La Unión de Consumidores de Asturias, que lleva años denunciando estos abusos, reafirma con esta acción su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales y lanza un llamamiento a la unidad de acción entre instituciones y ciudadanía porque, según incide, “no es aceptable que quienes dependen del Huerna para trabajar, viajar o vivir su día a día sigan pagando como si nada ocurriera por un servicio degradado, colapsado y cada vez más caro”.
Una infracción grave
“Cobrar el peaje íntegro mientras el servicio se presta en condiciones degradadas y sin información previa vulnera la normativa de consumo, rompe la reciprocidad contractual y constituye un desequilibrio grave en perjuicio del usuario”, sostiene la Unión de Consumidores.
Los hechos encajan en una infracción grave en materia de consumo, por su carácter masivo, continuado y lucrativo, lo que permite imponer sanciones proporcionales al beneficio ilícito obtenido, además de ordenar el cese inmediato de la práctica y la restitución automática de las cantidades indebidamente cobradas.
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