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Silvia Fernandez Bautista

Doctora en Derecho con premio extraordinario de doctorado (2006) y profesora agregada de Derecho Penal en la Facultat de Derecho de la Universitat de Barcelona.  Participa activamente en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y europeo. Sus principales líneas de investigación son la autoría en delitos societarios, el delito de corrupción privada, los delitos contra la seguridad en el tráfico, los delitos de tráfico de estupefacientes y los delitos contra la vida. Es autora de diversas publicaciones en la que destaca su monografia: El administrador de hecho y de derecho. Aproximación a los delitos con restricciones en sede de autoría (2007).

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La mujer, ¿sujeto de derechos?

Desde hace ya unos meses el Ministro Gallardón viene anunciando la más que probable modificación de la actual ley del aborto (LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo). Tal y como se plantean las cambiantes propuestas, la futura reforma muestra, una vez más, la ofensiva de nuestro gobierno contra los derechos más elementales de la mujeres. La actual regulación del aborto se plantea como un sistema mixto de plazos y de indicaciones –acorde con la mayoría de las regulaciones de nuestro entorno europeo- despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo dentro las primeras catorce semanas de gestación, así como la producción del aborto por causas médicas siempre que no se superen las veintidós semanas. Ambas posibilidades quedan sometidas, en cualquier caso, a la concurrencia de determinados requisitos de preceptivo cumplimiento, lo que evidentemente proporciona un control legal y médico de dicha práctica. Con independencia de la opinión que nos merezca la técnica legislativa utilizada en la redacción de los preceptos tanto del Código Penal como del reglamento que lo desarrolla (RD 825/2010) lo cierto es que los supuestos médicos no son tan permisivos como pueda parecer. A título de ejemplo poner de manifiesto que no se ha previsto expresamente el supuesto de que corra peligro la salud (física o psíquica) de la embarazada pero se hayan superados las veintidós semanas de gestación. En estos casos la producción del aborto en aras de la salud de la madre sería un supuesto, a priori, de aborto delictivo.

La tan anunciada modificación de la LOIVE trae causa de la más que evidente influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, y más concretamente en las personas que forman el gobierno actual. Tal influencia resulta discriminatoria en cualquier caso, pues siendo absolutamente respetable la elección y el ejercicio de dicha confesión –derecho fundamental- supone un agravio comparativo con respecto a aquellas personas, que de manera igualmente legítima, optan por otros modos o formas de pensamiento. Dicho de otro modo: la despenalización del aborto no obliga a realizar dicha practica, simplemente permite la opción de llevarla a cabo en el caso de que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Lo que no pueden negar los detractores del aborto es que tras sus argumentos subyace una cuestión moral que no solo tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la vida, sino con un trasfondo de censura con respecto al mismo acto de la procreación.

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Legislar a golpe de telediario

En las últimas semanas diversos medios de comunicación se han hecho eco de las reformas anunciadas por el gobierno en materia penal. Detrás de una muy discutible necesidad de afrontar una reforma de esta envergadura se vislumbra un claro endurecimiento de las penas. La introducción de la prisión permanente revisable, la custodia de seguridad –aplicable una vez cumplida la condena- así como el aumento de penas en algunos delitos complejos como asesinatos de personas especialmente vulnerables unidos a delitos contra la libertad sexual, son claro ejemplo de ello.

El argumento del derecho comparado europeo parece ser un digno aliado de aquellos que aplauden estas intenciones. Si bien es cierto que en países como Alemania –tan de moda últimamente- se contempla la institución de la prisión perpetua revisable, no debe olvidar nuestro legislador que el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en dicho país es bastante inferior al cumplimiento medio en España y que, en general, la dureza de las penas asignadas en nuestro código penal es bastante superior al de la media europea. Así, utilizar el argumento de la comparación es basarse en una verdad a medias, y por tanto, en una mentira.

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