La AUGC denuncia el uso de WhatsApp en la toma de declaraciones a detenidos y que los agentes asuman tareas de funcionarios

Cuartel de la Guardia Civil en Motor Grande, Mogán

"¿Guardia civiles o funcionarios?" Es la pregunta que se hace la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Las Palmas, que asegura que desde el pasado día 30 de marzo los agentes del sur de Gran Canaria están realizando tareas de funcionariosde Justicia. Además, denuncia el uso de WhatsApp en la toma de declaraciones de los detenidos, una aplicación que asegura que está prohibida por la Guardia Civil y que puede vulnerar el derecho a la privacidad.

Según explica la AUGC, la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana ha ratificado una serie de acuerdos para unificar criterios en cuanto a las "actuaciones de guardia y violencia que se practican durante el Estado de Alarma". Unas medidas que afectan a la Guardia Civil de Vecindario y Puerto Rico, así como a la Policía Nacional de Maspalomas.

La asociación subraya que los agentes siempre acatan las resoluciones judiciales, pero muestra su disconformidad con este acuerdo. Y es que, en uno de los puntos firmados se subraya que no se trasladarán a los detenidos a los juzgados para tomarles declaración, sino que se les tomará por videoconferencia, y en caso de no ser posible, "a través de la videollamada de WhatsApp o de cualquier otra vía que permita la comunicación bidireccional".

La mayoría de dependencias, asegura que no están preparadas para mantener videoconferencias, solo la de Las Palmas de Gran Canaria, lo que pone a los agentes en una situación difícil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles cree que se podría utilizar la sala de reconocimiento, ubicada en el edificio judicial, instalando un micrófono para que se comunique la autoridad judicial y las personas detenidas, evitando así el contacto físico ante la crisis sanitaria por el coronavirus.

El colectivo recuerda además que la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil desaconseja el uso de esa aplicación para actividades oficiales "y, menos aún, para operativos, porque pese a ser un sistema de indudables beneficios, es de propiedad privada de una empresa estadounidense, con la que no existe ningún tipo de acuerdo de servicio, ni control sobre el uso que haga de la información de toda índole".

Por ello, "sin duda supondría un incumplimiento normativo grave, tanto interno de la Guardia Civil como externo a esta, por parte de todo el personal que haga uso de estas aplicaciones en actividades de carácter oficial en todo lo referido a la Seguridad de la Información", insiste la asociación.

La AUGC además ha rechazado las declaraciones de este jueves del presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y titular del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que no ha descartado que en determinados sectores de la administración pública se puedan buscar fórmulas parecidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERE) debido a la caída de ingresos. "Desconocemos si estas declaraciones guardan relación con el asunto aquí denunciado", destaca la asociación en un comunicado.

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