El Ayuntamiento cedió la responsabilidad de la gestión del servicio de basura en Apia para 'proteger' a la directora general querellada por Ascan

Proteger a la directora general de Medio Ambiente en Santander, Belén Domínguez, es la razón última por la que el Partido Popular ha externalizado la responsabilidad y control de la ejecución de la contrata de basuras desde el momento en que fue adjudicada a Cespa por el procedimiento de emergencia. Así lo ha reconocido la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ante el pleno de la Corporación, que ha mandatado al Grupo Popular, que gestiona este área, que devuelva a lo público el control de la ejecución del servicio de limpieza viaria y recogida de basura que pasó de Ascan a Cespa el 11 de noviembre.

Asimismo, y a iniciativa socialista, se ha aprobado que el equipo de gobierno convoque de urgencia una comisión informativa para dar traslado a los grupos del expediente completo.

La anterior adjudicataria del Servicio, la UTE Ascan-Geaser, se ha querellado contra tres altos cargos municipales, técnicos y políticos -el interventor municipal, Ignacio Gómez Álvarez; la directora general de Medio Ambiente y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito Incera- por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes que afectaban a la UTE. Según lo manifestado por la concejala este jueves, adjudicar un contrato de emergencia a WSP-Apia para que controle y asuma la responsabilidad de la ejecución de la concesión a partir de ahora fue una cautela tomada hasta que no se resuelva la querella presentada. Este proceder habría sido recomendado por instancias judiciales.

Según la declaración de Rojo, este segundo contrato de emergencia (el primero fue la concesión del servicio a Cespa), del que no se dio cuenta en comisión municipal, se aprobó el 9 de noviembre para “no perjudicar a la administración y a las personas señaladas”, ha dicho Rojo, quien ha añadido que se tuvo en cuenta que el contrato con Cespa tiene una duración limitada (nueve meses). Ello aconsejaba externalizar el contrato “sin perjuicio de que la empresa WSP Spain vierta a los canales municipales el resultado de su labor inspectora, siendo fiscalizado por la Intervención municipal”. El juzgado entendería, ha agregado, la “suspensión temporal de la participación en los procesos contenciosos del Ayuntamiento con la empresa (Cespa) en tanto en cuanto se aclare (la querella de Ascan)”.

Según los socialistas, la protección de la directora general viene dada porque a partir de mediados de noviembre “se va a comparar su actitud con la empresa actual con respecto a la actitud con la anterior”.

La justificación del PP ha causado asombro entre la oposición. El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, la ha calificado de “insólita”- y también en la coalición de gobierno. Incluso la sesión ha deparado un intercambio de pareceres nada amables entre la alcaldesa y el portavoz de Cs, Javier Ceruti. Si Ceruti creía que hubo ocultamente en la tramitación de este contrato de emergencia por el que se cedía la responsabilidad de la gestión del contrato, la alcaldesa ha ironizado diciéndole que tal vez fuera porque en el área de Contratación (en la órbita de Ciudadanos) el concejal responsable no tiene conocimiento de los asuntos de su departamento. La respuesta de Ceruti no fue nada irónica y ha acusado al PP de ocultar a su socio de gobierno esta contratación.

“Me sorprende su sorpresa -le ha dicho Igual a Ceruti-. Porque ese expediente lo elabora contratación. Si el concejal no tiene conocimiento de lo que se elabora en Contratación...”. En la tramitación del expediente “no ha participado nuestro concejal -ha dicho Ceruti en referencia al edil Pérez Manso-. Ha habido una maniobra clarísima de ocultamiento”.

Ciudadanos no comparte que el contrato de control y dejación de responsabilidad se haya tramitado por el procedimiento de emergencia, porque, a diferencia de la emergencia declarada para adjudicar a Cespa la concesión, en este caso no cabría apelar a un peligro de salubridad pública.

El PP, solo

La alcaldesa Gema Igual se ha quedado sola a la hora de oponerse a una moción que, de manera insólita, ha concitado la unidad del resto de grupos, incluido el socio del equipo de gobierno, Ciudadanos, y la formación de ultraderecha Vox. De hecho, la moción, inicialmente del PRC, ha sido enmendada, con la aquiescencia de este, por Vox y PSOE, mientras Ceruti ha dicho que iba a presentar transaccional también in voce, pero que no hacía falta.

Aprobada por 16 votos a favor y 11 en contra (PP), la moción demanda el control municipal de la contrata, dejando sin efecto resolución del día 9, y que el responsable del contrato emita informe mensual para que lo analice la Comisión de Desarrollo Sostenible. Asimismo, hay una censura implícita a la presidencia de dicha comisión por haber “ocultado” dicho contrato en la reunión que se mantuvo hace escasos días.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, como el resto de portavoces, incluido el de Ciudadanos, ha considerado que es más necesaria que nunca una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la gestión de las basuras de la ciudad.

“La gente vuelve a casa con las bolsas de basuras”, ha asegurado para ilustrar el estado en que se encuentra el servicio. “El Partido Popular ha ocultado y mentido. Intenta lavar su imagen y no pasamos por transferir esa responsabilidad. Ustedes están encatados de externalizar hasta que aparecen los problemas y es entonces cuando lanzan balones fuera”, ha agregado.

Fernández ha vaticinado unos sobrecostes “brutales” con la nueva adjudicación y alerta del cansancio de los vecinos: “Muchos santanderinos empiezan a pensar que va a ser peor el remedio que la enfermedad (por Cespa y Ascan). Cansados de que la vida sea eso que pasa mientras el Ayuntamiento crea problemas”.

El regionalista Fuentes-Pila ha indicado que “la Concejalía tiene enormes responsabilidades. Les exigimos que pongan orden en sus departamentos, que quienes asuman planteamientos políticos asuman responsabilidades”. “Es inaudito lo que oímos. Incluso sus socios de gobierno… Es escandaloso en términos de gestión municipal”, ha protestado Fuentes-Pila.

El portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha declarado en el pleno que el seguimiento del contrato puede ser técnico, pero que la responsabilidad “implica el ejercicio de facultades públicas como puede ser determinar si se cumple o no, dar instrucciones al adjudicatario e interpretar el contrato (facultad de la Junta de Gobierno)”. Todo ello hace que no pueda externalizarse ni privatizarse. Hacerlo significaría que el Ayuntamiento asume “su incapacidad de prestar las funciones más esenciales públicas”

Para Guillermo Pérez-Cosío, portavoz de Vox, “la responsabilidad ha de mantenerse en la Dirección General de Medio Ambiente”, ya que es atribución de lo público la responsabilidad. En todo caso, no ve justificada la declaración de emergencia en la aprobación del contrato, ni cree que la salvaguarda a la espera de la resolución de la querella sea el motivo.

En el cierre del debate, la alcaldesa ha abogado por priorizar la atención al ciudadano, una preocupación, ha dicho, del gobierno municipal. Ha asegurado que el servicio de recogida, con Cespa, día a día va “mejorando”.