Cantabria luchará contra el paro de larga duración a través de un programa de contrataciones públicas

El Gobierno de Cantabria ha aprobado definitivamente una inversión superior a los 30,4 millones de euros para la contratación de 3.323 personas en situación de desempleo, preferentemente parados de larga duración mayores de 45 años, durante un periodo máximo de seis meses, entre abril de este año y marzo de 2017. La subvención irá destinada a 370 proyectos presentados por 117 ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales de la comunidad autónoma.

La aportación económica del Ejecutivo PRC-PSOE a este programa crece en casi tres millones de euros (+8,6%) con respecto al pasado ejercicio, bajo el mandato de Ignacio Diego (PP), aunque el número de contrataciones será de 706 personas menos (-17%) porque el Gobierno ha aumentado la subvención por cada contrato para garantizar un salario “digno” y que los ayuntamientos paguen a estos trabajadores lo establecido en sus respectivos convenios de personal laboral, evitando así reclamaciones como las que se han producido en Torrelavega.

Además, según han explicado en rueda de prensa la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, el Ejecutivo bipartito ha eliminado los criterios “subjetivos” que introdujo el Partido Popular en las últimas convocatorias, que permitieron incluso el sorteo de puestos de trabajo, por ejemplo, provocando un aluvión de críticas, las denuncias sindicales ante la justicia y la pérdida de la financiación a través de fondos europeos.

“Era urgente un programa de contratación pública temporal que se justifica por la situación de urgencia y emergencia por la que están pasando estas personas”, ha explicado Díaz Tezanos, tras señalar que los parados con más de dos años en las listas del Servicio Cántabro de Empleo han aumentado un 120% en cuatro años, de 9.400 en el segundo trimestre de 2011 a 20.700 en el mismo periodo de 2015; mientras que los desempleados de más de un año han pasado de 17.900 a 29.600, un 65% más.

En este sentido, la vicepresidenta ha añadido que el trato preferente a este colectivo “no es una ocurrencia” del Gobierno, sino que responde a las recomendaciones de la Unión Europea sobre la necesidad de “redoblar los esfuerzos” para la integración de los parados de larga duración. Además, ha opinado que la orden del anterior Ejecutivo del PP “no se ajustaba a las necesidades reales” y “estaba alejada de todo criterio de eficiencia”.

Condiciones para la contratación

De nuevo, la selección de los trabajadores la realizará por parte de los funcionarios del Servicio Cántabro de Empleo, en función de las necesidades de los distintos proyectos aprobados, y tendrán prioridad los parados de larga duración, en especial los mayores de 45 años, y los que no tienen ninguna prestación o se les ha agotado. Sota también ha destacado que los diez ayuntamientos de la comarca del Besaya han optado a un 20% más de contrataciones que el resto de municipios por ser un “objetivo preferente” del Gobierno como zona más castigada por la crisis.

La aportación por contrato incluye costes salariales y de Seguridad Social y se ha incrementado de 1.500 a 1.900 euros en el caso de los técnicos (grupos 1 y 2) y de 1.100 a 1.500 euros en el resto de categorías (grupos 3 a 11 de cotización a la Seguridad Social), lo que supone un aumento del 26% y 36% respectivamente.

No se agota el presupuesto

El reparto de las subvenciones entre los distintos proyectos ha provocado que no se agote de forma íntegra la cantidad presupuestada por el Gobierno, con un remanente cercano a los 600.000 euros, que se empleará en otras políticas activas de empleo, como las ayudas para la conversión de contratos temporales en fijos en las empresas de Cantabria, según ha explicado el responsable de Empleo.

Sota ha añadido también que esta orden para la contratación de desempleados en las corporaciones locales se ha consensuado con la Federación de Municipios de Cantabria y se ha modificado para evitar “los errores del Gobierno anterior, que se vio obligado a renunciar a la cofinanciación del 50% del Fondo Social Europeo por irregularidades”.

Asimismo, ha destacado que los criterios de concesión son “objetivos y cuantificables”, de forma que los proyectos que han recibido más puntuación son aquellos relacionados con el medio ambiente y en especial en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.

“Si la subvención es mayor y hay unos criterios objetivos que van a permitir la financiación del 50% del Fondo Social Europeo, no se dónde está la queja, salvo que la prioridad no sean los colectivos vulnerables sino poder hacer contratos a boleo que dieron lugar a la pérdida de la subvención europea”, ha dicho Sota en alusión al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que a su entender “se ha convertido en la oposición al Gobierno” como ya hizo en la anterior etapa de la coalición PRC-PSOE.

El consejero también ha recalcado que las contrataciones se realizarán a lo largo del año, en función de las necesidades de los ayuntamientos, “no como el año pasado, que el 75% se hicieron en febrero y muchas cuadrillas tenían que estar sin hacer nada en los soportales porque el tiempo lo impedía”. De igual forma, ha señalado que los proyectos subvencionados están orientados a “servicios de competencia municipal”.