Un castillo con una vivienda particular dentro: el bien de interés cultural de Cantabria cerrado a cal y canto que está en la lista roja

Un castillo con una vivienda particular dentro. Nueve años después de que se declarara Bien de Interés Cultural, el Castillo de Corbanera, uno de los restos más destacados de las fortificaciones que se construyeron en Santander durante la última guerra carlista, sigue en un limbo urbanístico y depara una situación surrealista, como es la de un fortín neomedieval, declarado monumento y 'colonizado' por construcciones no solo en el exterior, sino también en el interior hasta el punto de que su acceso está cerrado por un particular.

El urbanismo en la franja norte de la península de Santander, entre el Faro y la Virgen del Mar, ha sido calificado en reiteradas ocasiones como “territorio Comanche” por los expertos en patrimonio. Bien en suelo público, como es el caso del castillo, bien en suelo privado pero no residencial, prolifera la construcción de viviendas en un proceso que se viene prolongando desde hace décadas y que revela la falta de control que ha existido históricamente.

El proceso, basado en usos y costumbres que se esgrimen como derechos adquiridos, es similar y paulatino en prácticamente todos los casos: se empieza con la instalación de un chamizo o habitáculo para el resguardo de aperos y material con el que trabajar en la finca o en la explotación, el cual va ampliándose en superficie y altura, consolidándose con ladrillo y estructuras de hormigón y ennobleciéndose con materiales hasta acabar convertido en una residencia particular en un entorno privilegiado. Todo ello a la luz pública y sin que las instituciones intervengan.

El proceso de 'apropiación' del castillo de Corbanera, cuyo estado de conservación es precario, ha influido para su inclusión en la lista roja del patrimonio elaborada por Hispania Nostra. El castillo, según las fuentes consultadas y según informa el Gobierno de Cantabria, está en suelo público, y concretamente municipal, no solo el recinto amurallado sino una franja extramuros.

Fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) al segundo intento. Primero, en 2006, cuando lo pidió Mortera Verde, lo que generó una situación rayana en lo cómico, ya que la Dirección General de Cultura preguntó por la propiedad al Ayuntamiento obteniendo la callada por respuesta, aunque posteriores investigaciones de expertos confirmaron este extremo. A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin tener claro que es suyo.

El segundo intento lo protagonizó un arquitecto, Annibal González de Riancho, perteneciente al Grupo Alceda, el cual demandó la protección BIC invocando un decreto de 1949 de Protección de Castillos. La declaración no se hizo esperar (la legislación sobre castillos es clara al respecto) y en 2012, apenas unos meses después, el Gobierno de Cantabria actuaba en consecuencia.

Declarado BIC, a efectos prácticos nada cambió. Nueve años después, la única intervención que ha hecho el Ayuntamiento de Santander ha sido incluir el castillo en las rutas guiadas culturales y turísticas. Los grupos de visitantes llegan a la puerta del castillo, donde hay un letrero informativo, y se dan la vuelta al darse con una puerta particular en las narices. Antaño el castillo era accesible, por desidia, pero en la actualidad una puerta impide visitar un bien patrimonial de todos.

La directora general de Patrimonio del Gobierno de Cantabria, Zoraida Hijosa, ha señalado en declaraciones a elDiario.es que la intención del Ejecutivo es establecer una agenda con el Ayuntamiento de Santander para dar repaso a la situación y las actuaciones que se pueden seguir en el futuro sobre inmuebles históricos de la ciudad, no solo con el castillo de Corbanera, sino con otros como el convento de Las Clarisas, que depende del Ministerio de Justicia y está muy deteriorado. De hecho, está previsto un encuentro con responsables del Consistorio en próximos días.

En todo caso, desde el Gobierno de Cantabria se tiene claro que el castillo es propiedad del Ayuntamiento y que las intervenciones han de ser municipales. Paralelamente, la Dirección General de Patrimonio acaba de hacer pública la incorporación de dos personas a su oficina de inspección, con lo que se empezará a paliar un 'debe' histórico de la administración regional: la falta de personal y de recursos para fiscalizar y recuperar bienes históricos.

En el Ayuntamiento de Santander la situación de esta zona de Monte se ve con aprensión, desde la premisa de que años de no intervención han generado múltiples casuísticas que afectan a vecinos del entorno. En el caso de Corbanera, investigadores han tenido que bucear en archivos municipales para hilvanar un proceso en que las tierras afectadas por el castillo llegaron a ser arrendadas para su explotación como pastos, así como procesos de reversión de expropiaciones que el Ayuntamiento realizó cuando se volvieron innecesarias las fortificaciones, de lo que se deduce que era el propietario, algo que cayó en el olvido con el paso de las décadas.

Así lo confirmaban los historiadores José Luis Casado Soto y Carmen González Echegaray, cuando afirmaron que en 1881 el Ayuntamiento de Santander tomó la decisión de revertir a sus propietarios las tierras expropiadas para construir la línea defensiva de la ciudad, pero se hizo a excepción de varios puntos, como la torre que se había construido en La Albericia y la fortificación de Corbanera.

Consultado por elDiario.es, el arquitecto Annibal González de Riancho, quien fuera el promotor en 2012 de la declaración del BIC, reconoce que la situación se inscribe en una situación de ilegalidad, ante la cual cabría intervenir de oficio con sumo tacto, ya que hay particulares involucrados e inversiones patrimoniales que se han realizado ante la falta de control de los servicios municipales.

El castillo “es un elemento del patrimonio histórico de Santander que debe revertir a Santander y encontrarse una solución a quienes lo ocupan ilegalmente por abandono de los servicios del Ayuntamiento”, ha comentado al respecto. Para el investigador, Corbanera es una oportunidad para repensar todo el urbanismo de la franja marítima de Monte y vertebrarlo en torno a él, después de ser rehabilitado. A su juicio, si no se interviene en el castillo, en el que son apreciables daños en los muros y almenas caídas, está “en riesgo de desaparecer”.

Cuando los conservacionistas del patrimonio pusieron el foco en el castillo de Corbanera y se instó su declaración BIC, se produjeron movimientos de particulares que procedieron a registrar propiedades, según fuentes consultadas. La información disponible en el Catastro recoge una inscripción de una propiedad particular de uso residencial construida en 1950 y que afecta a una vivienda y a un almacén del interior del castillo. Pero la información catastral es una información a efectos fiscales que no tiene que legitimar derechos como así lo indicaría un título de propiedad. Para arrojar más confusión, y en lo que atañe estrictamente al castillo, el Catastro recogía hace más de 40 años (1977) que el propietario era el Estado, algo que ahora se atribuye a un error pero que confirma el carácter público del castillo.

La invocación de propiedades en Registro sigue siendo algo vigente, aunque se han endurecido con el año los requisitos para reclamar la titularidad de un bien. Este es el caso de la Iglesia católica, que tuvo que ampararse en una ley del Gobierno Aznar para inscribir a su nombre más de 2.000 propiedades en Cantabria, bastando en la mayor parte de los casos un certificado expedido por el Obispado. En todo caso, lo que está claro es que un castillo no puede ser registrado por un particular.

Toda esta situación cambió radicalmente en 2012, ya que la declaración del BIC marca un antes y un después y la legislación en que se ampara respalda el interés público de la construcción y su entorno afectado.

En el año 1977, y según una investigación del arquitecto Annibal González de Riancho, en el catastro de Hacienda figuraba el castillo “como propiedad del Estado español, siendo alquilada a un particular, habiéndose construido, tanto en su interior como en su periferia, varias casas y cobertizos, de una manera totalmente improcedente. En la actualidad (por 2012) en el Registro de la propiedad nº 5, al que corresponde esta parte de Santander, no figura ninguna finca registrada en la dirección calle Corbanera, nº 156. Sin embargo en el catastro aparece (un) titular de la finca del castillo de la Corbanera”.

La propia Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, aparte de dictar las normas de conservación y protección de los bienes, abre la puerta, en su artículo 45.6, a la consecución de acuerdos y la apertura de procedimientos de expropiación, una de las soluciones menos traumáticas según los expertos consultados: “Podrá acordarse la expropiación de las construcciones que impidan la contemplación de bienes declarados de interés cultural, o que constituyan causa de riesgo o perjuicio para los mismos, y de cuantos puedan comprometer, perturbar o aminorar las características ambientales y de disfrute de los conjuntos y bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria”, dice la legislación.

Descripción del castillo

El castillo de la Corbanera tiene un muro circular de 50 metros de diámetro, dos metros de espesor y cerca de seis metros de alto, fabricado en mampostería aparejada con mortero.

Es un ejemplo típico de la arquitectura neomedievalista defensiva española y contiene todos los elementos propios de este estilo: muralla almenada con aspilleras, foso con acceso levadizo, cuatro torres circulares o cubos a modo de caponera y una torre central con gruesos muros que servía de polvorín y cuartel de la guarnición.

La torre central, troncocónica, tiene un diámetro de 14 metros y responde a la tipología medieval de la torre del homenaje. Sobre ella, se colocaba una o dos piezas de artillera.

Tanto el terreno del castillo como una serie de fincas aledañas quedaron en manos del municipio, pero el abandono llegó a tal grado que hasta el propio Ayuntamiento desconocía ser propietario de unos terrenos que no le habían preocupado mirando para otro lado ante la progresiva 'colonización' aprovechando muros y resguardos para actividades agroganaderas como ha sido tónica en toda la franja norte de la península de Santander, estableciéndose así usos y costumbres consolidados con el transcurrir de las décadas.