El consejero Media presume en el Senado de la “hoja de ruta de éxito” de Cantabria en la protección y ordenación de su costa

El consejero cántabro de Medio Ambiente, Roberto Media, ha presumido este miércoles en el Senado de “la hoja de ruta de éxito” de Cantabria en la protección y ordenación de su costa, precisamente cuando se agita el debate sobre la masificación turística y la utilización de suelo rústico, la mayor parte de las ocasiones en municipios del litoral, para construir alojamientos turísticos.

Estas declaraciones se enmarcan también en el proceso de tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que el propio consejero anunció que estará por encima del Plan de Ordenación del Litoral (POL) del Gobierno de Cantabria y que en su versión inicial muestra cierta laxitud hacia la utilización de suelos no urbanizables y las viviendas turísticas.

“Cantabria está comprometida con la lucha contra el cambio climático y la preservación de su costa”, ha asegurado Media, pero no lo va a hacer a costa de la asfixia económica de sus municipios costeros por culpa de una norma tramitada de espaldas a la realidad de los territorios“, ha asegurado durante su comparecencia en la cámara para solicitar que se paralicen las demoliciones de edificios afectados por la Ley de Costas.

Una normativa que, en su opinión, debe aprobarse “con consenso y no por la puerta de atrás” , cuestión que -ha asegurado- “no es un capricho”, sino una necesidad.

Así lo ha dicho en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, donde varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido esta mañana una iniciativa que, entre otras cosas, plantea paralizar la demolición de edificios afectados por esta norma.

Por parte de Cantabria han intervenido tanto el consejero como el senador autonómico, Íñigo Fernández, quienes han emplazado al Gobierno de España a que “escuche de una vez por todas” a las comunidades para abordar una modificación tan importante.

“No tiene ninguna justificación que no se nos dé voz en la modificación de la Ley de Costas a los que tenemos gran parte de la responsabilidad de su gestión”, ha lamentado Media, que ha dejado claro que no aceptará que se haga una restricción “extrema, ideológica y sectaria” desde Madrid porque Cantabria ya protege su litoral con su propia legislación.

Así, ha pedido “lealtad institucional” al Ejecutivo para que no se dicten normas “a espaldas” de las comunidades, al igual que ha exigido que “aparte su ideología trasnochada”, escuche a los afectados y no se “bloquee” la modificación de la Ley de Costas en la Mesa del Congreso.

Para el titular de este departamento, esta legislación tiene un impacto “enorme” en el desarrollo económico, social, cultural, turístico y medioambiental de las comunidades, y su éxito solo puede ser posible “si se escucha a todos los implicados”.

A ello ha añadido que Cantabria y otras comunidades han denunciado ya el anteproyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Costas --a la que la región presentó alegaciones solicitando que se convoque una conferencia sectorial previa donde se escuchen las solicitudes--, al considerar que va a generar una “tremenda inseguridad jurídica” porque supone un “ataque” contra la actividad económica y contra propiedades con derechos consolidados.

Durante su intervención, el consejero ha puesto de manifiesto la “hoja de ruta de éxito” de Cantabria en la protección y ordenación de su costa, refiriéndose a instrumentos como el Plan de Protección del Litoral (POL) de 2004, la Ley del Paisaje de 2014, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2022 o la Estrategia de Cambio Climático.

En la misma línea, el senador autonómico del PP por Cantabria ha pedido a Pedro Sánchez que “escuche” a los afectados por la Ley de Costas y que deje de comportarse con tanto “despotismo”. Además, le ha exigido “transparencia y lealtad institucional” en la modificación del Reglamento General de Costas.

Fernández ha recalcado que en Cantabria los afectados no son principalmente los propietarios de viviendas construidas en el litoral, sino los titulares de las concesiones en las desecaciones de terrenos en marismas o de los estuarios de ríos que se hicieron hace casi 100 años, con el fin de establecer actividades ganaderas y promover la actividad económica.

Iniciativa con diez medidas

En la defensa de este punto también están presentes los consejeros de Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión citados por el PP para hablar sobre esta norma.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, “que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados”.

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama “una revisión ordenada, seria y consensuada” de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita “la convocatoria de manera urgente” de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva.