El Consejo de Transparencia obliga a Meruelo a informar sobre licencias de obras y contratos de publicidad institucional

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado una reclamación presentada por el PRC, y ha instado al Ayuntamiento de Meruelo a remitir en un plazo de 20 días la información sobre licencias de obra y contratos de publicidad institucional “que le ha sido denegada al edil, Alejandro Pascual”.

En un comunicado, el PRC ha explicado que la resolución, notificada este martes, concede un plazo de 20 días al Consistorio para atender las peticiones de información del regionalista, en apoyo a su derecho fundamental a la participación política y al ejercicio de su labor de control y fiscalización de la acción del equipo de Gobierno (PP).

En concreto, el Consejo de Transparencia requiere la entrega de la relación de los contratos de publicidad institucional y promoción de Meruelo suscritos desde el 1 de enero de 2024, con detalle de su importe y concepto, así como todas las licencias de obra concedidas en una parcela catastral entre el 1 de enero de 2023 y el 19 de septiembre de 2025.

“La información requerida por el PRC fue denegada por una resolución del alcalde, Evaristo Dosal, al entender que los acuerdos publicitarios constaban en las actas de la Junta de Gobierno local remitidas a todos los concejales y que remitir las licencias urbanísticas suponía una gran carga administrativa para el Ayuntamiento”, ha subrayado.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha dado la razón al portavoz regionalista, que espera recibir dicha información para “verificar el destino que el equipo de Gobierno da al dinero público” y “constatar la legalidad de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en una parcela cuyo propietario mantiene una estrecha relación con miembros del equipo de Gobierno”.

La resolución establece que los concejales tienen derecho a obtener “cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.

Además, recoge la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el derecho de acceso a los expedientes y documentos municipales no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos debatidos por el Pleno municipal, ni estar sometido a limitaciones que dificulten el ejercicio de las funciones de control de la oposición.

Por todo ello, Pascual espera que el equipo de Gobierno cumpla la resolución dentro del plazo establecido, porque “la transparencia no puede depender de la voluntad del alcalde cuando lo que está en juego es el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos que asisten a todos los miembros de la Corporación”.