La eutanasia le fue aplicada a siete cántabros desde la aprobación de la Ley en 2021

A siete cántabros se les ha aplicado la eutanasia desde que se promulgara la Ley en marzo de 2021. Son siete de los 22 solicitantes (14 hombres y ocho mujeres) que han pedido una muerte digna y que han obtenido el aval de un tribunal médico como marca la legislación. Del mismo modo, pero en sentido contrario, cuatro peticiones han sido denegadas.

La Ley lleva en vigor dos años, tras más de 25 de intentos fallidos y de debate social y político. El Congreso finalmente dio luz verde a una Ley que convierte a España en el cuarto estado de Europa y uno de los pocos del mundo en regular el derecho a una muerte digna. La constitucionalidad de la norma fue recurrida por la extrema derecha, sin que el Tribunal Constitucional le diera la razón.

De los siete casos que consumaron el proceso, cinco lo hicieron en su domicilio, uno en una residencia de mayores y el último en un hospital público.

El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, durante la inauguración de las jornadas 'Mi vida, mi decisión' el mes pasado, en Santander, valoró la actual regulación legal que reconoce el derecho a una muerte digna. Pesquera destacó el “gran avance y progreso” legal y social que ha supuesto esta Ley para hacer compatibles derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral, la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad.

Para el consejero, Cantabria ha trabajado “mucho y bien” en ese ámbito porque, si bien el sistema sanitario está orientado a la vida y hay que situar al paciente en el centro del mismo, asegurando medios y recursos para su cura, “cuando la enfermedad vulnera la dignidad, intimidad e integridad, hay que ser capaces de ayudar a ese paciente a ejercer los derechos que le asisten en el final de su vida”, ha dicho.

El registro de últimas voluntades comenzó en el año 2004 y el primer año manifestaron este deseo nueve personas. “En este momento alcanza los 5.000 ciudadanos que han dejado por escrito sus decisiones en relación con los últimos momentos de su vida”, indicó el consejero.

También en consonancia con lo dispuesto en la norma, 241 sanitarios (223 facultativos y 18 enfermeras) se han declarado objetores en Cantabria a la hora de aplicar la última voluntad de los solicitantes.