Una excavación arqueológica sin arqueólogos: los expertos cuestionan la viabilidad de un proyecto en el entorno de la catedral de Santander

La licitación de unas obras municipales en la calle Los Azogues de Santander ha desatado las iras de una organización nacional de arqueólogos, ya que el pliego de condiciones del Ayuntamiento de la capital incluye financiación de los trabajos pero no para contratar personal especializado. Es decir, una excavación arqueológica sin arqueólogos.

La calle Los Azogues de Santander es una minúscula travesía aledaña a la Catedral y muy próxima al Banco de España, en cuya ubicación se enclavaba el castillo de San Felipe, por lo que su valor arqueológico es notable.

El proyecto de recuperación arqueológica de la calle Los Azogues, valorado en 326.229 euros, fue licitado por el Ayuntamiento de Santander según expediente aprobado por la Junta de Gobierno de Santander el 7 de junio. El expediente fue elevado por la Concejalía de Contratación, cuyo titular, Felipe Pérez, pertenece a Ciudadanos. El expediente dispone de todos los parabienes técnicos y jurídicos del Consistorio.

Sin embargo, la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA) ha trasladado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), su protesta por “la deficiente redacción, tanto en contenido como en forma, del pliego de cláusulas administrativas particulares y de su hoja resumen” del proyecto, que contempla un 74% de gasto para la excavación pero no prevé la contratación de arqueólogos.

La PEPA pone el foco en que el 74,4% del presupuesto de licitación (168.570,20€ de los 226.563,79€ del presupuesto base de licitación, sin IVA ni gastos generales ni beneficio industrial) se destina a trabajos arqueológicos. Otro 12,62% se destina a obra civil y nada a la contratación de arqueólogos, o como dice la PEPA, “de una empresa o profesionales especializados en actuaciones arqueológicas”

La organización que agrupa a arqueólogos de España ha examinado el pliego de condiciones municipal y ha concluido que “no se obliga a los licitadores, como exige la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, contar con personal con la capacitación profesional adecuada para llevar a acabo los trabajos arqueológicos, como se desprende de la solvencia técnica exigida, donde se explicita que el personal mínimo será un jefe de obra con cinco años de experiencia en obras civiles y un encargado general con 15 años de experiencia en obras civiles”.

Asimismo considera que el ente que va a valorar las ofertas que se presenten no está especializado en intervenciones arqueológicas. “La Mesa de Contratación no cuenta con personal capacitado para evaluar los proyectos relativos a intervenciones arqueológicas que presenten los licitadores y tampoco se contará con un comité de expertos”.

Para la plataforma de arqueólogos no es válido, como se indica en el expediente, que las obras cuenten con una autorización arqueológica. Para la PEPA, este hecho se basa en una autorización genérica de la Consejería de Cultura para realizar actuaciones arqueológicas que soslaya el hecho de que tiene que haber una dirección efectiva en manos los arqueólogos que han redactado la memoria del proyecto.

Aunque en el pliego y en la hoja resumen se especifica que, además de la dirección de obra por un arquitecto y de la inspección de obra, se cuenta con una dirección arqueológica, “esta se escuda en una autorización existente, otorgada por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, para llevar a cabo la actuación arqueológica, cuando en realidad la dirección arqueológica, y la codirección de todas la obras, como marca la ley, debe recaer en los arqueólogos que han redactado la memoria del proyecto”.

PEPA recrimina también las numerosas erratas e incoherencias en el pliego de cláusulas administrativas particulares y entre éste y la hoja resumen, como por ejemplo la constante confusión entre el archivo número 2 (“Referencias Técnicas no evaluables mediante fórmulas”) y el número 3 (“Referencias Técnicas evaluables mediante fórmulas y proposición económica”)

Convenios y leyes

La licitación vulnera, según la PEPA, el Convenio Europeo de La Valeta sobre la protección del Patrimonio Arqueológico, ratificado por España en 2011, y la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. El primero en su artículo 3.b indica claramente que “las excavaciones y otras técnicas potencialmente destructivas son realizadas sólo por personas debidamente capacitadas y autorizadas expresamente”; y el artículo 77 de la Ley de Patrimonio exige que para cualquier intervención arqueológica se debe contar con personal “con la capacitación profesional adecuada” y habilitado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

“De hecho la descripción del personal mínimo en esta licitación no garantiza el cumplimiento de las medidas emanadas del Convenio de la Valeta, que se incluye en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, y se corre el riesgo de pérdida de información arqueológica y/o histórica por el empleo de personal sin la cualificación suficiente”, añade la organización.

Además contrasta que los trabajos de campo los pueda efectuar personal poco cualificado frente a la especialización que se exige en el empleo de laboratorios externos en el pliego de prescripciones técnicas, por lo que, si las muestras tomadas en origen son erróneas, los datos ofrecidos por las técnicas de laboratorio serán, irremediablemente, erróneos.

Por todo lo expuesto, la PEPA ha solicitado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la rectificación de los pliegos, incluyendo varias demandas, como la designación de un comité de expertos en Arqueología y Restauración, en el que se apoye la Mesa de Contratación para la valoración de los proyectos técnicos presentados por los licitadores. Asimismo, consideran necesario que “se designe a los arqueólogos profesionales que firman la memoria del proyecto con el arquitecto, como codirectores de todas la obras y les sea remunerado su trabajo de manera suficiente, con partida específica fuera de la licitación, como marca la ley”.

Además, insisten en que sea incluida en la solvencia técnica la obligatoriedad de contar con arqueólogos profesionales, al menos cuatro, y un conservador restaurador para la ejecución de los trabajos arqueológicos (trabajos previos, excavación arqueológica, análisis de laboratorio, informes…).

En este sentido la PEPA se pone a disposición del Ayuntamiento de Santander para asesorar y trabajar conjuntamente sobre cuestiones relativas a la intervención sobre Patrimonio Arqueológico de la ciudad, “con la premisa de contar siempre con profesionales de la arqueología y la conservación restauración para su estudio, salvaguardia y difusión, garantizando así el cumplimiento de las leyes, normas y convenios relativos a nuestro Patrimonio Cultural”.

La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA) nació a principios de este año y está centrada en la defensa de los intereses de los profesionales y empresas de Arqueología a nivel nacional, siendo interlocutor reconocido en materia de Patrimonio Cultural por distintas administraciones públicas. Forman parte de PEPA profesionales que dedican su actividad, formación, capital y recursos al Patrimonio Cultural en toda España, destacando por su profundo conocimiento de las necesidades del sector, por su participación en importantes proyectos nacionales e internacionales, así como por la profesionalización de sus miembros.