La Fiscalía investigó diez residencias de ancianos de Cantabria por COVID

Anciana.

La Fiscalía de Cantabria incoó el año pasado una decena de diligencias preprocesales y de investigación en las residencias de ancianos y centros similares por situaciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

En concreto, el ministerio público inició seis actuaciones de investigación y cuatro preprocesales, tres de ellas en el primer semestre para hacer seguimiento en otras tantas instalaciones en las que se había comunicado una excesiva dificultad para atender a los usuarios ante la falta de personal, extremo que se puso en conocimiento de la administración.

Y con posterioridad, se emprendieron diligencias para seguir todas las residencias de la región, incluyendo datos de vacunación de los internos.

En relación con las primeras diligencias de investigación, se recibieron cinco denuncias, que fueron acumuladas, sobre la decisión de la administración de trasladar pacientes Covid a un determinado centro en el que hasta entonces no se habían registrado contagio, poniendo así en riesgo -según se alertó- la salud de los residentes. Sin embargo, después se comprobó que dicho traslado no se había producido.

También se denunció la falta de medidas de seguridad para los trabajadores de un centro, denuncia que fue archivada debido a que ningún empleado había resultado contagiado y, también, porque el Código Penal exige que dicho riesgo sea concreto y no abstracto.

Una tercera denuncia fue presentada por un partido político por la gestión a su juicio inadecuada de las residencias que estaba realizando el Gobierno, y que igualmente fue archivada al no haberse concretado la situación delictiva y estar vedada la investigación prospectiva.

La cuarta denuncia ponía de manifiesto la limitación de movilidad de los residentes de un centro, que no fue ratificada por las autoridades. Tras la investigación se archivó al constatar que si bien se había cerrado la residencia ante la existencia de un brote de Covid-19, se reabrió en cuanto se notificó la falta de autorización por la adminsitración sanitaria.

El quinto procedimiento se incoó a instancia de un sindicato de un centro de atención a personas discapacitadas, por falta de medidas de protección de la salud de los residentes y trabajadores. Esa formación también exigía limitaciones a la movilidad de los usuarios para evitar contagios, pero la denuncia se archivó al no haberse constatado la comisión de delito alguno, desestimándose además la solicitud de restricción de movimientos.

La última denuncia tiene que ver la con decisión de no trasladar a la UCI del Hospital de Valdecilla a un paciente de avanzada edad que posteriormente falleció.

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